El Vaticano quiere modificar los acuerdos con España para que el Opus Dei goce de exenciones fiscales

El Vaticano quiere modificar parcialmente los acuerdos entre España y la Santa Sede, de 1979, con la finalidad de que el tratado incluya a las prelaturas personales -el Opus Dei es Ia única hasta el momento-, que de esta manera pasarían a beneficiarse de las exenciones fiscales. Fuentes eclesiásticas manifestaron que esta solicitud había sido trasladada al Gobierno español, y añadieron que la medida es coherente con la línea que mantiene Juan Pablo II en sus nueve años de mandato. Durante este período, e Opus Dei ha incrementado su peso dentro de la poderosa curia romana. Incluso en las orientaciones finales del sínodo que ahora se celebra se ha dejado notar su influencia, lo que ha provocado malestar entre sectores del episcopado católico.

La inclusión de las prelaturas personales en el acuerdo afecta fundamentalmente al Opus Dei, aunque en el futuro, y de fructificar las negociaciones en curso, podría llegar a beneficiar a los integristas que encabeza el obispo rebelde Marcel Lefebvre. El Opus Dei, que no está inscrito en el registro de entidades religiosas existente en España, entraría, de esta manera, por la puerta grande de los tratados y podría acogerse a los beneficios que éstos prevén. Las exenciones afectan -según los acuerdos- a diócesis, parroquias, órdenes religiosas, institutos de vida consagrada y a la Conferencia Episcopal Española. Sin embargo, las prelaturas personales no están contempladas en la letra de estos acuerdos firmados en 1979, unos años antes de que el Vaticano diera luz verde al Opus para su constitución como prelatura.

Inscribirse en el registro

Según el texto actual, y para acogerse a las exenciones fiscales, las instituciones eclesiásticas deben contar con personalidad jurídica civil, y para ello deben inscribirse en el antes mencionado registro. Los beneficios que se derivan de esa inscripción son las exenciones del pago en las siguientes tasas: IVA, contribución territorial urbana, impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales, entre otros. A cambio, las entidades deben declarar sus fines, datos de identificación, órganos de representación, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos, según consta en los acuerdos. El Opus Dei -erigido en prelatura personal en 1982- no ha pasado por este trámite, quizá por el secreto en el que siempre ha preferido mantener esta prelatura su organigrama. De introducirse la modificación deseada por la Iglesia, se añadirían las prelaturas personales y no sería necesario que se acogieran al trámite de inscripción.

El pasado mes de julio, y en el curso de una reunión en la comisión mixta técnica Iglesia-Estado, el episcopado intentó que el Opus obtuviera exenciones. En medios eclesiásticos españoles no extrañó esta propuesta, que ahora se ve reafirmada por la iniciativa vaticana. En aquella reunión se acordó dejar a juicio del ordinario -el obispo de la diócesis- la determinación de exenciones en temas como el de la construcción de templos. Desde entonces, los obispos, según fuentes eclesiásticas, han recibido visitas de miembros del Opus Dei que deseaban poder acogerse a estas beneficiosas medidas fiscales.

En caso de proceder a la modificación solicitada por Roma, los acuerdos deberían pasar trámite parlamentario, ya que se trata de un convenio internacional. Éste es uno de los problemas con los que teme tropezar la Iglesia, porque desde diversos sectores laicos españoles se alzan voces contra estos acuerdos que consideran excesivamente beneficiosos para la Iglesia. El episcopado español ha pedido, desde que los socialistas llegaron al poder, en 1982, la revisión de estos textos. El temor aumentó después de que, en algunos momentos especialmente calientes -LODE, ley de despenalización parcial del aborto-, algunos dentro del propio partido socialista pidieran que se recortaran los beneficios pactados en los acuerdos.

La falta de una política coordinada por parte del Gobierno socialista ha mantenido a la Iglesia en un clima de intranquilidad, ya que los acuerdos pueden romperse a solicitud de una de las partes. Medios eclesiásticos han opinado, ya durante el primer mandato del PSOE, que el propio vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra -que participa en la comisión mixta de más alto nivel entre Iglesia y Estado-, no sabía muy bien lo que negociaba.

Cese polémico

Parece que tampoco los años de experiencia política del PSOE acumulados desde entonceshayan orientado su actitud ante la Iglesia, ya que sigue existiendo una gran de scoordin ación. Hace tan sólo unos meses el Ejecutivo cesaba, en medio de una gran polémica, al embajador ante la Santa Sede, Gonzalo Puente Ojea. A las pocas semanas, el Gobierno decidía la entrada en vigor para el próximo año de la asignación tributaria, el llamado impuesto religioso. Esta medida cogió por sorpresa a los obispos españoles y al propio nuncio, Mario Tagliaferri, que no había remitido ningún informe a la Santa Sede pocos días antes de que el Ejecutiv o diera publicidad a la medida.

El anuncio de la entrada en vigor del impuesto religioso ha permitido que se reabra una polémica sobre la constitucionalidad de la asignación tributaria. La Constitución española -a diferencia de la de la RFA, donde sí funciona este sistema- prohíbe cualquier requerimiento para declarar sobre las creencias personales, y eso, de alguna manera, deberá realizarse al determinar si la asignación tributaria debe ser consignada a la Iglesia o bien al Estado.

Otro hecho significativo de ]a poco coordinada política socialista fue la presencia de Felipe González en la nunciatura en julio de este año, un hecho muy poco usual por parte de un jefe de Gobierno respecto a un embajador. Esta actitud -seguida del cese de Puente Ojea- se consideró como un acercamiento del PSOE a la Iglesia, una vez aprobadas las leyes más conflictivas y con la perspectiva socialista de no perder votos en las próximas elecciones legislativas. Sin embargo, se considera poco probable que el Gobierno modifique los acuerdos con el Vaticano.