Juegos prohibidos

EL DESMANTELAMIENTO de Prodiecu y de toda la red de vendedores de su cupón ilegal, decidido finalmente por el Gobierno, ha coincidido con la administrativamente accidentada inauguración de la loto 6/49 en Cataluña. Nada tienen que ver uno y otro hecho, ni tampoco los supuestos sobre los que se han producido. La actividad de Prodiecu estaba instalada en la más radical ilegalidad, mientras que la loto catalana pretendía iniciar la suya sin tener en cuenta una simple norma administrativa sobre la frecuencia de ondas. Una vez cumplimentado el trámite, nadie duda de las competencias estatutarias del Gobierno de Jordi Pujol para poner en marcha esta nueva loto y de cuantas considere convenientes para la financiación del presupuesto de la Generalitat. Lo que sí hay que lamentar es que la defectuosa tramitación de la nueva loto haya servido una vez más para que algunos hayan sacado a relucir sus obsesiones anticentralistas y hayan intentado mercadear nuevamente con el nombre de Cataluña.El tema de Prodiecu es de naturaleza mucho más grave, y existen varias razones que hacían necesaria la actuación del Gobierno. Su tardanza en la decisión que acaba de adoptar había levantado ya críticas más o menos veladas sobre una supuesta connivencia entre sectores oficiales y los responsables de esta sociedad anónima, que responde a la oscura denominación de Promoción y Difusión de Entidades Culturales.

La incontrastable presencia de UGT en Prodiecu, tanto a nivel directivo como entre la masa de minusválidos, ha sido esgrimida como causa aparente de la impunidad con que hasta ahora ha actuado esta asombrosa empresa, que en apenas tres años de actividad ha pasado a facturar más de 60.000 millones de pesetas al año. Despejar cualquier duda sobre este supuesto favoritismo era necesario. El hecho consumado que suponía la venta del cupón de Prodiecu constituía todo un desafilo a la legalidad que no podía consentirse. De ello se derivaba, por otra parte, una clara e injusta competencia desleal para la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad de derecho público que lleva a cabo una efectiva labor de reinserción laboral no sólo de los invidentes, sino de un número importante de minusválidos físicos.

El Gobierno ha justificado su aparente pasividad en el caso de Prodiecu en el grave problema laboral que ocasionaría la extinción de su actividad. La preocupación del Gobierno no tiene nada de imaginario, pues de hecho la venta del cupón ¡legal de Prodiecu viene ocupando entre 9.000 y 12.000 personas; muchas de ellas, minusválidos físicos y otras que no lo son. Precisamente, esta delicada situación social ha sido el pretexto esgrimido por los promotores de este impresionante negocio para justificar su actividad ¡legal, que hasta ahora les ha reportado miles de millones de pesetas de beneficios. En el plan de desmantelamiento de Prodiecu se asegura que la Administración ha encontrado una alternativa válida para resolver el problema: la integración en la ONCE de aquellos minusválidos risicos que tengan reconocida por el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) una minusvalía superior al 33%. Por su parte, la ONCE ha asegurado su voluntad de dar trabajo a 7.000 minusválidos, y en este compromiso ha basado la operación económica montada en torno al cuponazo, con la que pretende conseguir 15.000 millones de pesetas adicionales a los 163.000 millones que ya ingresa al año.

No hay por qué dudar de que el Gobierno y la ONCE cumplirán lo prometido. Sin embargo, habrá que estar vigilantes para alejar cualquier sombra de discriminación sobre la forma de integración de los minusválidos físicos en el seno de la ONCE. La estadística revela que cada vez son menos los invidentes, debido, sobre todo, a los adelantos de la medicina, mientras que aumentan los minusválidos a causa del impresionante número de accidentes laborales o de tráfico (actualmente hay en España unos 700.000 impedidos parcial o totalmente). Las previsibles tensiones que la paulatina llegada de dismiuidos físicos pueden producir en la organización española de ciegos no pueden resolverse unilateralmente a favor de los últimos. En todo caso, lo más sensato sería evitarlas con una adecuada reorganización interna de la ONCE que tenga en cuenta en su justa medida el peso de sus nuevos afiliados.