Una diferencia de 27.300 millones

Una cifra aproximada de 27.300 millones de pesetas separa al Estado de la comunidad autónoma vasca en el cálculo del cupo correspondiente al ejercicio 1988. El cupo del año pasado ya provocó un fuerte enfrentamiento, aún no resuelto. El cupo es la cantidad que la comunidad autónoma debe pagar cada año a la Hacienda del Estado para financiar los servicios y cargas no transferidas, como el Fondo de Compensación Interterritorial o la defensa.Este asunto fue abordado ayer por el lehendakari, José Antonio Ardanza, y el presidente del Gobierno, Felipe González, durante el encuentro que mantuvieron en la Moncloa. El Estado ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales una estimación provisional de 144.300 millones de pesetas.

De esta cifra, la comunidad autónoma debería pagar en realidad unos 45.000 millones, después de haber descontado lo que el Estado le adeuda en concepto de compensación por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y la transferencia del Insalud y el Inserso, que será efectiva desde el próximo 1 de enero.

Para el cálculo de la cifra citada, el Estado ha incrementado la estimación del año anterior, nunca aceptada por la Hacienda vasca, en un 11%, aplicando el índice de crecimiento de los Presupuestos Generales. La comunidad autónoma emplea para su cálculo un criterio distinto, el del incremento de su recaudación fiscal, aplicado sobre el último cupo concertado, el de 1986. La cifra resultante es de 117.000 millones.

El desfase de más de 27.000 millones amenaza con provocar un grave desequilibrio financiero y presupuestario en la Hacienda vasca. Las previsiones actuales cifran el presupuesto de la comunidad autónoma para el ejercicio próximo en torno a los 190.000 millones de pesetas, sin considerar las sociedades públicas.

Un incremento de 30.000 millones de pesetas en la aportación prevista al Estado obligaría a contraer la previsión de gastos 15.000 millones por debajo de lo presupuestado el año pasado, o recurrir al endeudamiento. De hecho, la elaboración de los presupuestos está prácticamente paralizada, a la espera de que se produzca un acuerdo sobre el cupo.

Las negociaciones técnicas están agotadas desde finales de septiembre, afirman fuentes próximas a la Consejería de Hacienda, y la solución sólo puede proceder de un acuerdo político.

El cálculo de¡ cupo, que la ley del Concierto Económico obliga a pactar entre las haciendas estatal y autónoma, es siempre provisional, a la espera de que se establezcan los criterios definitivos mediante leyes quinquenales. La primera de estas normas, que debía haber cubierto el período 1982-1986, y haberse preparado por imperativo legal antes del 1 de julio de 1981, todavía no existe.