Interior inicia el desmantelamiento de Prodiecu

El Ministerio del Interior inicia hoy la operación de clausura en todo el país de las delegaciones de la sociedad Prodiecu, para impedir la venta de cupones ilegales por minusválidos, según fuentes del departamento. Al margen de esta acción, calificada de "exterminio de Prodiecu" por fuentes del departamento, el juez de Barcelona que inició acciones contra esa entidad ha autorizado la expedición de un pasaporte al presidente de la organización, Andrés Rodríguez, a pesar de estar procesado.La delegaciones del Gobierno y gobiernos civiles están enviando una carta a los minusválidos que trabajan para esa sociedad informándoles de la decisión y de la posibilidad de que ingresen en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para evitar su desempleo.

La carta dice: "Es necesario que sepa para su exacta información que el cupón que usted vende está declarado ilegal por sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, ya que la empresa Prodiecu nunca solicitó ni dispuso de autorización para realizar su actividad. Hasta ahora, la Administración no había tomado medidas ejecutivas para que cesara esta actividad ilegal porque quería ofrecer una alternativa válida a personas que, como usted, han estado siendo utilizadas por los administradores de Prodiecu, que sólo buscaban su propio lucro al amparo de situaciones personales similares a la suya".

El escrito añade: "Si su minusvalía es superior al 33% reconocido por el Inserso [Instituto Nacional de Servicios Sociales], puede usted ingresar en la ONCE, donde encontrará estabilidad laboral y estará plenamente protegido, situación que ni tiene ni podrá tener con la empresa Prodiecu. No obstante, para una mejor información, las oficinas del Gobierno Civil están a su disposición, y en ellas un funcionario le ampliará con sumo gusto cuantos detalles y datos usted solicite".

Según fuentes del Ministerio del Interior, Prodiecu tiene contratadas nominalmente a 9.000 personas, de las cuales sólo 3.500 son minusválidos graves que podrían ingresar en la ONCE.

La policía y la Guardia Civil iniciarán hoy la ejecución de la clausura de los locales y la incautación del material de Prodiecu, después de un largo proceso administrativo y judicial, este último todavía pendiente.

Responsables del Ministerio del Interior aseguran que Prodiecu ha continuado sus actividades a pesar de las sentencias judiciales, incluida la del Supremo, que declaran a la sociedad y su actividad ilegales, lo que suponía una "contradicción inimaginable y que se ha estado manteniendo hasta que el departamento ha tomado esta decisión".

Las mismas fuentes han asegurado que la sociedad de venta de cupones tiene pendientes multas que superan los 2.000 millones de pesetas, entre las sanciones de la Administración central y de las comunidades autónomas.