La patronal se opone a las medidas fiscales del Gobierno canario

El comercio y la pequeña y mediana empresa se oponen a las medidas fiscales previstas por el Gobierno autónomo canario, que pretende recaudar 60.000 millones de pesetas al año en impuestos, más del doble de lo que percibe ahora. Ante el proyecto de nuevos impuestos sobre tabaco y alcohol, además del ya existente sobre combustibles y los tradicionales de lujo y entrada de mercancías, la patronal dice que se elevaría mucho el índice de precios regional, superior a la media nacional.

La reacción de los empresarios, que amenazaron con declarar la guerra a los impuestos tras una entrevista con los consejeros responsables de Hacienda y Economía y Comercio, obligó al presidente del Gobierno de centro-derecha-nacionalista, Fernando Fernández Martín (CDS), a reunirse días pasados con representantes del sector para tranquilizarles, garantizándoles su participación en la discusión del futuro modelo fiscal. La polémica coincide con los primeros estudios sobre la modificación del régimen económico y fiscal (REF), los fueros históricos del archipiélago, que será sometida próximamente al Parlamento regional antes de su envío a las Cortes para su aprobación definitiva.Los empresarios del comercio han denunciado que una fuerte presión fiscal abortaría el sistema de puertofranquismo y la libertad comercial que caracterizan al archipiélago. En los últimos dos años han reclamado reducciones de gravámenes en algunos productos que constituyen un aliciente turístico para compensar la pérdida de competitividad con el mercado peninsular tras el ingreso en la Comunidad Europea (CE).

La Federación de Empresarios del Comercio (Fedeco) y la Confederación de Empresarios de Tenerife de la Pequeña y Mediana Empresa (Cetepyme) revelaron días pasados, tras un encuentro con los citados consejeros del Gobierno, las intenciones del Ejecutivo canario de elevar hasta 60.000 millones de pesetas el volumen de recaudación anual por imposición indirecta, que duplicaría el montante actual. Esto se lograría conservando el impuesto sobre combustibles.