El 40% de los heroinómanos se niega a pasar por curas de rehabilitación
El 40% de los heroinómanos madrileños -sobre una cifra estimativa de 12.000 adictos- se resiste a recibir tratamiento médico para combatir la drogodependencia, según un informe reciente de la Consejería de Integración Social. La titular de este departamento, Elena Vázquez, explicó ayer a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid su programa para los próximos cuatro años. Vázquez prometió en breve una normativa que controlará los centros privados de rehabilitación y pondrá freno "a los abusos que se han cometido hasta la fecha".
Sólo el 60% de los heroinómanos de la región ha acudido a algún centro privado o público en busca de asistencia médica. Según el estudio de la Comunidad de Madrid, elaborado a partir de un seguimiento de casos de drogodependencia en barrios del área metropolitana, unos 5.000 adictos al caballo han dado la espalda a la rehabilitación.El desconocimiento, la desconfianza o la falta de recursos económicos han contribuido a engordar una cifra que preocupa a los responsables del Gobierno regional. Elena Vázquez admitió ayer las carencias existentes para atender a esa población marginal y se refirió a la necesidad de un plan específico para llegar a los heroinómanos que se han autoexcluido de la rehabilitación por vía médica.
Una mayor dotación económica y una atención in situ del toxicómano, sin necesidad de recluirle intemporalmente en residencias terapéuticas, son algunos de sus propósitos para los próximos cuatro años.
"Abusos económicos"
La consejera de Integración Social anunció también que espera contar, a primeros del próximo año, con "una normativa que acabe con el tongo existente en algunos casos de centros privados dedicados a la rehabilitación".En Madrid existe una veintena de centros privados que facilita curas de desintoxicación a un precio medio elevado: en torno a las 80.000 pesetas durante el primer mes de tratamiento, con una ligera rebaja en los siguientes. Las tarifas llegan en algunos casos a las 150.000 e incluso a las 400.000 pesetas mensuales.
Elena Vázquez aseguró que se han producido "numerosos abusos económicos" y que la comunidad exigirá "unos mínimos de calidad y profesionalidad" para permitir el funcionamiento de las unidades privadas de desintoxicación.
La normativa que se implantará en la región seguirá unos puntos mínimos elaborados recientemente por el Plan Nacional contra la Droga, entre los que destaca la vinculación de los centros a organismos asistenciales de la Administración, la supervisión de su labor por un equipo de profesionales y la garantía de que el residente pueda solicitar el alta en cualquier momento de la rehabilitación. También se prohibirá la existencia en los centros de actividades lucrativas que no guarden relación alguna con el tratamiento.
La Comunidad de Madrid subvenciona únicamente 30 plazas de las cerca de 250 que ofertan estos centros. Por su parte, la Administración local dispone de una residencia terapéutica en Villaviciosa de Odón -con una capacidad para 22 residentes- y de 30 unidades de atención al toxicómano en distintos centros sanitarios del área metropolitana.
En unas semanas entrará en funcionamiento un ambulatorio en Alcobendas con una unidad especializada en tratamiento a toxicómanos. En los próximos cuatro años está prevista la construcción de una nueva residencia terapéutica y tres ambulatorios más.
Otro de los propósitos de la nueva consejera es el de adelantar el momento en que el toxicómano acude a la rehabilitación. Tres años es el tiempo medio que deja pasar actualmente un drogadicto entre el instante en que comienza su adicción y el momento en que decide desintoxicarse. La edad media de los pacientes oscila entre los 18 y los 25 años; una tercera parte de ellos abandona el tratamiento antes de acabarlo, según datos del Plan Regional de Drogas.
Servicios especializados
La nueva Consejería de Integración Social asume cerca de una veintena de servicios especializados. La atención a drogadictos no es más que la punta del iceberg. Detrás viene una larga lista de colectivos expuestos a situaciones de marginación: tercera edad, menores, mujeres maltratadas, minusválidos, deficientes psíquicos...Elena Vázquez, que afirmó desconocer aún la dotación presupuestaria de su departamento el próximo año, criticó los escasos recursos económicos destinados a los servicios sociales, "que en 1987 supusieron escasamente el 0,5% del producto interior bruto".
El servicio de Bienestar Social, integrado en la anterior legislatura en la Consejería de Salud, contó con un total de 5.790 millones. Elena Vázquez espera superar ampliamente esa cifra y afirma que la idea de potenciar los servicios sociales "viene directamente del presidente Leguina".
