AP califica de "intervencionista" el proyecto de comunicaciones
El PAÍS, El debate de la ley de ordenación de las telecomunicaciones (LOT) comenzó ayer en el Congreso de los Diputados y giró sobre la aciuación de Alianza Popular (AP) de que la ley se rige por un "espíritu intervencionista" y sobre la defensa, por parte de los nacionalistas, de las competencias que tienen algunas comunidades autónomas, según la agencia Efe.
La Comisión de Industria estudió las enmiendas que aún subsisten al articulado, a la espera de la aprobación final del texto en una próxima reunión, según informó su presidente, Luis Martínez Noval. Los socialistas admitieron una serie de enmiendas, la mayoría de carácter técnico, que presentó la oposición, en concreto el Grupo Popular, el PNV y Minoría Catalana, que no afectan al fondo del proyecto de ley.
Para el aliancista Francisco Álvarez-Cascos, el proyecto no reúne los requisitos exigibles para el desarrollo de las telecomunicaciones "en un marco liberalizador", y en él se intuye "la intención solapada, de nacionalizar amplios sectores de las telecomunicaciones".
Francisco Álvarez-Cascos justificó su preocupación en la referencia que del proyecto al artículo 128.2 de la Constitución para declarar las telecomunicaciones como servicio público esencial, ya que, según dijo, dicho artículo "está pensado y redactado para promover nacionalizaciones".
El socialista José Félix Sáez Lorenzo señaló que AP no tiene que sospechar que se puedan producir nacionalizaciones y negó que la ley tenga un carácter intervencionista.
Las enmiendas en este sentido planteadas por el grupo conservador decayeron, al igual que las presentadas por el Partido Nacionalista Vasco y Minoría Catalana, encaminadas a que se tengan en cuenta las competencias que en materia de regulación de los sistemas de telecomunicación tienen algunas comunidades autónomas, aunque se aceptó alguna sobre la coordinación entre la Administración central y la autónoma.
Canon ce proteccion
Otro de los aspectos debatidos ayer fue el gravamen de un canon destinado a la protección, ordenación, gestión y control del espectro radioeléctrico, que para Alianza Popular significa penalizar a la radiodifusión española en relación con otros medios.
Señaló el aliancista Francisco Álvarez-Cascos que la radiodifusión española es el único medio de comunicación social de masas que no recibe ayuda de los presupuestos del Estado, "por lo que", indicó, "establecer un canon es discriminatorio'.
Sáez Lorenzo negó que este punto estuviera contemplado así en el proyecto y calificó de apocalípticas las referencias del diputado de AP.
El proyecto de ley de ordenación de las telecomunicaciones, que ahora se debate, pretende ordenar las telecomunicaciones y cualquier comunicación mediante cables y radiocomunicación.
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