España ha exportado armas a Irán mediante un fraude documental realizado en Lisboa

Una red comercial dedicada al tráfico internacional de armas, que durante 1986 y 1987 logró sacar irregularmente de España importantes partidas de material bélico con destino a Irán, está siendo investigada por la policía judicial de Lisboa desde hace varios meses. La organización burló con unos documentos falsificados los controles diplomáticos y comerciales de España y Portugal y consiguió durante más de seis meses hacer creer a las autoridades españolas que las mercancías que se embarcaban en los puertos de Barcelona y Santander iban destinadas al Ministerio de Defensa portugués, cuando en realidad eran desviadas a puertos iraníes. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores portugués ha sido sancionado.

La Dirección Central do Combate al Bandidismo (DCCB) de la policía judicial portuguesa, especializada en la lucha antiterrorista y en la desarticulación de bandas organizadas, está encargada del caso. Los policías guardan silencio sobre el asunto, alegando que se ha decretado el "secreto sumarial". A pesar de este mutismo, el caso fue desvelado la semana pasada por el semanario L' Expresso, en un trabajo de investigación de Celestino Amaral.Estas diligencias judiciales han coincidido con la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores portugués de abrir un expediente disciplinario para aclarar la responsabilidad del jefe del gabinete de Reparticao da Direcçao de Servigos de Proteçao Consular, Antonio Araújo Campos, quien reconoció como válida la documentación falsificada con la que se posibilitó el fraude. A raíz de este expediente, Araújo ha sido sancionado con 60 días de suspensión de empleo y sueldo y una inhabilitación de tres años.

Pedido a Gamesa

El documento falsificado es un pedido del Ministerio de Defensa portugués dirigido a la empresa Gamesa (Grupo Auxilar Metalúrgico del Norte de España) solicitando la compra de una importante partida de armas. El oficio, que estaba firmado por el inexistente teniente coronel Pavia, fue entregado al Ministerio de Asuntos Exteriores portugués, donde Araújo le dio el visto bueno, sin percatarse de que la firma del militar no era auténtica.

Ésta ha sido sólo una de las vías utilizadas por Gamesa para su exportación. El Gobierno español decretó en 1983 el embargo de armas a Irán y a Irak, medida que Portugal no ha adoptado.

Los responsables directos de esta falsificación son dos hombres y una mujer, aún no identificados. Un portavoz de la embajada española en Lisboa ha asegurado que estas tres personas se presentaron en el consulado a finales del mes de agosto de 1986 llevando el expediente de compras de armas. El despacho contenía entonces dos únicos oficios; el primero era la solicitud falsificada de compra de armas, firmada por el militar inexistente. El segundo oficio era el documento verdadero del funcionario de Exteriores portugués Antonio Araújo, quien avalaba el primer documento y aseguraba que la firma del militar era auténtica.

La obligación del consulado español era examinar y dar validez al documento del Ministerio de Asuntos Exteriores, autenticar la firma del funcionario y remitir el expediente a Madrid. Pero el consulado retuvo unos días el expediente porque dudó de la autenticidad de la firma del funcionario de Exteriores, ya que no la tenía registrada. El representante consular no dudó de la autenticidad de la rúbrica del documento del militar, puesto que ésta no era una cuestión de su competencia. Días más tarde, cuando el consulado español recibió el facsúrnil de la firma de Antonio Araújo, desbloqueó el expediente y cursó la petición de compras de armas.

La comisión interministerial española que controla el tráfico de armas recibió más tarde el expediente, acabó dando luz verde a la operación y extendió la licencia de exportación de armas en favor de Gamesa y su transporte a Lisboa, para "uso exclusivo" del Ministerio de Defensa portugués. Las armas fueron embarcadas en diferentes fechas en Santander y Barcelona. Pero la mercancía jamás llegó a Portugal. A medida que los barcos alcanzaban alta mar los capitanes recibían orden de cambiar el rumbo y dirigirse a Irán. (EL PAIS del 9, 10 y 11 de mayo).

El embajador español en Lisboa, Gabriel Ferrán de Alfaro, aseguró a EL PAIS que los funcionarios de la misión diplomática actuaron con rigor y que en la tramitación de esta licencia se adoptaron las medidas de control usuales. El embajador desmintió categóricamente la posibilidad de que la embajada o el consulado hubieran cometido alguna negligencia. La policía que investiga el caso no ha requerido por el momento la versión de los funcionarios españoles, por considerar que éstos se encuentran a salvo de cualquier sospecha.

En medios próximos al Ministerio de Defensa portugués se considera, sin embargo, que la embajada española actuó con escasa meticulosidad. Según ellos, la forma como se ha tramitado esta licencia es inhabitual. La documentación no suele trasladarse personalmente, sino que se utilizan los canales oficiales y diplomáticos. Medios militares recalcan también su extrañeza porque el expediente no estuviera acompañado de una carta o protocolo de presentación. El expediente falsificado contenía, aseguran, un error de bulto: la firma del militar inexistente garantizaba el visto bueno del Ministeriodel Ejército portugués, cuando en realidad solamente el Estado Mayor, y no genéricamente el Ministerio del Ejército, es el. único capacitado para tramitar un pedido de armamento.

Las investigaciones policiales se centran en la organización comercial presuntamente implicada en la falsificación y en la posterior operación de venta. La pesquisa se orienta, al parecer, según medios conocedores del asunto, hacia algunas de las actividades de la empresa Interexport, cuya sede se encontraba en el piso número 12 de un elegante edificio de la avenida lisboeta Fontes P. de Melo.

Esta empresa fue fundada en 1973 por un conocido hombre de negocios portugués, Edrnando Santos Mendes, propietario de varias firmas comerciales dedicadas a la alimentación. Edmundo Santos Mendes carece de antecedentes penales y goza de un reconocido prestigio profesional, por lo que su presunta implicación en el caso ha causado perplejidad en medios comerciales.