Un desmentido permanente

El 16 de marzo de 1984, EL PAIS difundió la noticia de que empresas españolas, a través de intermediarios, exportaban armamento a Irán e Irak, en guerra desde septiembre de 1980. La información fue desmentida oficialmente. Desde entonces, han sido continuos los desmentidos oficiales ante cualquier insinuación sobre exportaciones de armas a Irán e Irak. Los titulares de diversos ministerios han insistido siempre en que el Gobierno español respeta el embargo de armas establecido por la normativa internacional, apoyada en resoluciones de la ONU y de la CE, a todos los países en guerra.Sin embargo, empresas españolas privadas -como el Grupo Auxiliar Metalúrgico, SA (Gamesa), Esperanza y Compañía o Explosivos Alaveses (Expal)- y públicas -como Santa Bárbara o Construcciones Aeronaúticas (CASA)- han seguido vendiendo productos bélicos a estos países, en algunos de los casos mediante operaciones triangulares, utilizando como países intermediarios a Libano, Siria, Jordania o Arabia Saudí.

Un consorcio internacional

Los envíos de armamento español a Irán. e Irak, parte de los cuales se han efectuado regularmente desde el puerto de Barcelona, han sido canalizados a través de un consorcio denominado International Technology, constituido por empresas españolas de material bélico para fomentar sus exportaciones. En total, entre octubre de 1986 y marzo de 1987 fueron exportadas desde Barcelona a Irán e Irak 5.883 toneladas de armamento, cuyo precio en el mercado supera los 7.000 millones de pesetas. Si a esta cantidad, se le añaden los envíos de 9.200 toneladas detectados en el puerto barcelonés en 1984 y principios de 1985, el volumen del negocio ha superado los 160 millones de dólares, equivalentes a 20.000 millones de pesetas. Esta aproximación, a la baja, no incluye los envíos registrados en, los nueve primeros meses de 1986.

El comercio armamentista con Oriente Próximo no ha sido ocultado por las empresas fabricantes, que en 1986 exportaron en conjunto a esa y otras zonas por un valor cercano a 100.000 millones de pesetas, 30.000 millones menos que en 1985, lo que originó las protestas del sector.

El ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, explicó el 12 de mayo de este año, ante la Cornisión de Industria del Congreso, que el Gobierno ha optado por una autosuficiencia relativa en materia de defensa basada en armamento convencional, lo que exige la "existencia de amplios mercados", pues exportar armas es "absolutamente necesario para mantener la viabilidad de la industria". El ministro declaró que se habían producido "desviaciones" del armamento exportado, pero no reconoció que se hayan vendido armas a países embargados.