Una proposición sobre Ceuta y Melilla
EL PARTIDO Comunista de España ha avanzado algunos de los puntos de lo que constituye la ponencia política que debatirá en su XII Congreso, previsto para febrero del próximo año, entre los que destaca la posición que esboza para solucionar el contencioso de Ceuta y Melilla con Marruecos. Su conocimiento ya ha provocado reacciones contrarias entre los propios comunistas, hasta el punto de que la agrupación del PCE en Ceuta se ha autodisuelto en señal de protesta.Toda reflexión que haga cualquiera de las fuerzas políticas sobre el futuro de Ceuta y Melilla debe ser acogida con una atención exquisita por la sociedad española. Es un asunto que, precisamente por su dificultad y por la manipulación a que se presta, exige la máxima lucidez y un esfuerzo constante en la búsqueda de salidas imaginativas, que tengan en cuenta la historia y el derecho pero también los condicionamientos de la política internacional. Desde esta perspectiva, la propuesta que hace el PCE sobre Ceuta y Melilla en su ponencia, congresual constituye una aportación valiosa al debate nacional sobre este grave problema.
Por lo que ha trascendido, el PCE aboga claramente por negociar con Marruecos la retrocesión de Ceuta y Melilla, que se haría afectiva al final de un período de transición de 20 a 25 años. En este período de tiempo, España pondría en marcha una serie de medidas transitorias acordadas con Marruecos, destinadas a salvaguardar los intereses legítimos de los ciudadanos españoles. En lo que se refiere a los residentes musulmanes, se potenciaría la política de concesión de la nacionalidad española a todos aquellos que "acrediten arraigo en ambas plazas". En todo caso, esta cuestión, que había sido abordada por el PCE en su manifiesto-programa de 1975 y que fue silenciada en sus congresos posteriores, "debe inscribirse en el marco de superar los problemas internacionales del Estrecho, en los que deben considerarse la situación del Sáhara y la reclamación española sobre Gibraltar".
Más que lo acertado o no de la propuesta, lo que debe valorarse en la posición del PCE es su claridad. Es cierto que desde una situación de oposición minoritaria, alejada del poder, es fácil hacer propuestas de las que se sabe que no van a sufrir la prueba de la realidad. Pero con frecuencia ocurre que este tipo de propuestas, precisamente por no hallarse destinadas a su puesta en práctica inmediata, pueden aportar mayor claridad a la solución de cuestiones de Estado que las aportadas por posiciones sometidas al vaivén de los intrincados intereses del poder. El problema de Ceuta y Melilla es una cuestión de Estado. Por ello, cualquier aportación que se haga al debate que genera este contencioso tiene que ser acogida como un elemento digno de estudio por el poder político.
Precisamente la posición del Gobierno socialista en el tema de Ceuta y Melilla ha sido poco clarificadora, basculando entre negar el problema con Marruecos o considerarlo exclusivamente como una cuestión de orden público. Lo segundo explica los errores acumulados en la aplicación de la ley de extranjería a los residentes de origen marroquí y lo primero -si se revelase como algo más que simple cuestión de táctica- sería pura ceguera, lo cual en política siempre se paga caro. Pero parece que la prudencia del Gobierno en la elaboración de los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, obviando del texto que está consensuando con AP y con el CDS los aspectos que puedan condicionar el futuro, revela un gran cuidado por no añadir dificultades legales sobreañadidas. Como la historia ha demostrado en casos parecidos, sería ingenuo pretender dominar el futuro de ciudades o territorios sometidos a conflictos de soberanía con decisiones de tipo legal. En el supuesto de Ceuta y Melilla, su futuro mejor sólo puede ser resultado de una política inteligente, y a largo plazo, de amistad y cooperación con Marruecos, de una visión menos localista del problema y de una aceptación de su dimensión internacional. Si la posición de los comunistas españoles sobre Ceuta y Melilla sirve para impulsar este tipo de política habrá que congratularse, en cuanto que en un momento dado puede ser el instrumento adecuado para la salvaguardia efectiva de los intereses de España.
