El mapa español se cierra

La moción de censura aprobada en Galicia y la postrer designación de Gabriel Urralburu como presidente navarro han cerrado el mapa autonómico español con un resultado de nueve presidencias para el PSOE, cuatro para AP, una para el CDS y tres para partidos regionalistas o nacionalistas. La anterior situación -12 presidencias del PSOE sobre un total de 17- no planteaba más problemas al Gobierno que los derivados de los tradicionales conflictos con los nacionalistas. Ahora, en cambio, comenzará a afrontar las tensiones derivadas de un hecho nuevo: la petición de varias regiones, dominadas por la derecha y los regionalistas, que reclaman una ampliación de su techo de competencias.

La Constitución española señalaba dos vías para el reparto del poder que hasta 1978 concentraba el Gobierno central: el artículo 151 y el artículo 143. El primero, o vía rápida, estaba reservado en principio a País Vasco, Cataluña y Galicia -si bien luego se sumó Andalucía-, y unía a la celeridad del procedimiento una amplia gama de competencias. El segudo camino, o vía lenta, requería de más trámites y situaba el nivel de competencias mucho más bajo. No obstante, este techo podría elevarse mediante la reforma de los estatutos una vez transcurridos cinco años desde su aprobación.Estos cinco años de plazo han comenzado a cumplirse ya, y las comunidades autónomas tienen la oportunidad de reclamar la ampliación, que habrá de ser aprobada por las Cortes Generales. He aquí el primer problema derivado del nuevo mapa autonómico que deberá afrontar el Gobierno socialista.

En principio, el presidente Felipe González se propone que tales ampliaciones esperen al menos hasta 1990, de modo que en primer lugar se consolide la gestión de las Administraciones autonómicas. No obstante, las peticiones serán presentadas sucesivamente (Cantabria, con presidente de AP, ya ha iniciado el trámite).

Los reformistas

Actualmente, son claros partidarios de reformar sus estatutos los presidentes de Aragón (Hipólito Gómez de las Roces, del Partido Aragonés Regionalista); de Baleares (Gabriel Cañellas, de Alianza Popular); de Cantabria (Juan Hormaechea, independiente elegido en las listas de AP); de Castilla y León (José María Aznar, de AP); La Rioja (Joaquín Espert, de Alianza Popular-). Es decir, todos los no socialistas, excepto el presidente de Canarias (Fernando Fernández, del CDS).

Pero también algunos presidentes autonómicos elegidos en las listas del PSOE se han pronunciado favorables a esa reforma. Ahora bien, lo han hecho con el matiz de que tal modificación no es prioritaria y de que debe tramitarse si existe acuerdo previo con el Gobierno central. Es el caso de los presidentes de Madrid (Joaquín Leguina), Asturias (Pedro Silva), Castilla-La Mancha (José Bono), Extremadura (Juan Carlos Rodríguez Ibarra) y Murcia (Carlos Collado).

La ampliación de estas competencias estatutarias tiene en todos los casos como denominador común el deseo de asumir nuevas transferencias educativas.

Gabriel Cañellas, presidente de Baleares, dijo en su discurso de investidura que el desarrollo político de las islas "pasa necesariamente por la ampliación de competencias y por la utilización de todos los mecanismos previstos en la Constitución española". "Nuestra autonomía ha de asumir las máximas competencias posibles, especialmente -sólo por enumerar algunas-, en educación, sanidad y consumo".

"Es bien conocido", dijo por su parte Hipólito Gómez de las Roces, también en el discurso de investidura, "que el PAR no se muestra conforme ni con la autonomía que tenemos ni con el modo como se ha ejercido la dosis autonómica de la que dispone esta comunidad". "Nosotros nunca hemos entendido que el proceso en Aragón está culminado, faltan transferencias por acordar o materializar, pongo como ejemplos expresivos el de la ordenación territorial y de los recursos y aprovechamientos hidráuficos".

José María Aznar, presidente castellano-leonés, fue también muy claro: "Desde este momento", dijo en su discurso ante la Asamblea regional, "quiero manifestar mi voluntad de ampliar el techo de competencias de que dispone actualmente la comunidad autónoma". "Las prioridades de nuestro Gobierno se orientarán de forma inmediata a la enseñanza y al régimen local, y, a renglón seguido, a la sanidad, las cámaras agrarias y la denominación de origen".

Financiación

El Consejo de Política Fiscal y Financiera -presidido por el ministro de Hacienda e integrado por todos los consejeros autonómicos de Economía- adoptó el 14 de noviembre del pasado año un acuerdo que fijaba los criterios de la financiación autonómica para los próximos cinco años. En esta cuestión, pues, pocos conflictos debiera deparar el nuevo mapa autonómico, al margen de cuestiones muy específicas como el cupo vasco o la aportación navarra.

No obstante, han comenzado a oírse las primeras voces de discrepancia con el referido acuerdo general. Así, el Gobierno de Aragón opina que el nuevo sistema -aprobado, obviamente, antes de la elección de Gómez de las Roces- incumple el mandato constitucional al repartir un 25% de los recursos mediante el sistema de participación en los ingresos estatales, cuando antes esas cantidades eran distribuidas en el Fondo de Compensación Interterritorial. El Gobierno de Baleares coincide en criticar el acuerdo.

José María Aznar -que trabajó como funcionario de Hacienda dedicado a cuestiones de financiación regional antes de dedicarse de lleno a la política- desea respetar el pacto, pero siempre que se diferencien claramente el reparto de los fondos estatales y la distribución de los fondos europeos destinados a zonas deprimidas.

Televisiones

Otra cuestión que afecta a las relaciones entre los Gobiernos regionales y la Administración central son las televisiones autonómicas, que ya funcionan en Cataluña, País Vasco y Galicia.

Dos presidentes reelegidos, Joaquín Leguina (Madrid) y Joan Lerma (Comunidad Valenciana), se han mostrado siempre partidarios de crear sus televisiones regionales, puesto que las creen rentables. Sin embargo, uno de los nuevos presidentes, el regionalista Gómez de las Roces, dijo a los parlamentarios aragoneses: "A tener una televisión inequívocamente aragonesa creo que nos apuntamos todos. Pero ¿sabemos cuánto nos costará? Os pregunto y me pregunto. Y confieso que no tengo respuesta".

El socialista Pedro Silva, presidente asturiano, es partidario de una federación de canales autonómicos, sistema que abarataría los costes.

Todas estas cuestiones serán probablemente los principales problemas en materia autonómica que afrontarán tanto los Parlamentos de las comunidades como las Cortes Generales, y los debates políticos consiguientes, especialmente el relativo a los techos de competencias, tal vez supongan una piedra más de desgaste para el PSOE.