Un camino de paz

UNO DE los errores más graves cometidos en los inicios de la transición fue la exclusión de las fuerzas vascas del consenso constitucional. Los principales responsables de ello, por acción u omisión, Adolfo Suárez y Felipe González, se reunieron el lunes en la Moncloa para hablar del terrorismo, en el marco de una serie de entrevistas que el presidente del Gobierno mantendrá para buscar un apoyo solidario de los partidos en la lucha antiterrorista.En momento semejante conviene recordar que la exclusión del PNV de la ponencia redactora de la Constitución estuvo en el origen de la actitud, reticente e incluso obstruccionista, de los nacionalistas vascos a lo largo de los debates del proceso constituyente.

La abstención propugnada por los nacionalistas en el referéndum constitucional de diciembre de 1978 hizo que, en Euskadi, el 55% del censo no acudiera a las urnas. Es cierto que los votos positivos casi triplicaron a los negativos, pero aquel resultado ha tenido una decisiva influencia en la deficiente legitimación con que la democracia fue alumbrada en Euskadi; hasta el punto de convertirse en el principal pretexto argumentado por ETA a favor de su recurso a la violencia.

Con la llegada de los socialistas al Gobierno, la política antiterrorista no cambió esencialmente a la seguida por UCD, y aun disminuyó la eficacia que había desplegado Rosón desde el Ministerio del Interior y se prescindió de algunos de sus colaboradores. La presión policial se completó con nuevas iniciativas tendentes a lograr la cooperación francesa y a potenciar la reinserción social como vía de recuperación de los terroristas dispuestos a dejar las armas. La experiencia indica el carácter efímero de esos éxitos si tal estrategia no se completa con la búsqueda de un consenso social en torno a las formas de hacer frente al terrorismo.

La contraposición entre medidas políticas y policiales plantea a veces confusiones. ETA y Herri Batasuna consideran policial todo lo que no sea la aceptación incondicional de aquello que los terroristas pretenden imponer por la fuerza. Sin ir tan lejos, el nacionalismo moderado ha mantenido un discurso cuya lógica última era la de considerar que, mientras no !e accediera a determinadas exigencias políticas, existía un amplio campo de fines e intereses compartido por todos los nacionalistas: los violentos y los pacíficos.

Por eso, la declaración de Ardanza en un reciente Pleno del Parlamento vasco, afirmando que la divergencia de los demócratas vascos con ETA no se refiere únicamente a los medios, sino a los fines propugnados, constituye un importante avance hacia ese consenso social, que precisa un acuerdo previo entre las fuerzas políticas.

Aunque sería una insensatez deducir de los últimos acontecimientos un fin inminente de ETA, es cierto que hay indicios que permiten un mayor optimismo. Una de las condiciones para que esa perspectiva avance es que, a diferencia de lo ocurrido con la Constitución, las fuerzas nacionalistas vascas, sin excepción, sean incorporadas al proceso.

Los intentos de aislar a Herri Batasuna del marco político se han revelado absolutamente contraproducentes a la hora de encontrar una vía de pacificación real. Pero, por lo mismo, es exigible la renuncia a toda tentación de instrumentalizar, por unos u otros, los efectos de la violencia en beneficio propio.