Fuertes presiones comunitarias sobre España para que acepte el borrador de presupuestos de la CE
España está siendo sometida a fuertes presiones por parte de varios de sus socios comunitarios para que cambie su postura y acepte el borrador de presupuesto de la Comunidad Europea (CE) para 1988, suscrito por la mayoría de los ministros de Hacienda la semana pasada en Luxemburgo. La eventual modificación del voto español se ha convertido en un asunto de tal trascendencia que depende ahora del presidente Felipe González.
La ruptura por Madrid de la minora de bloqueo que forma con Londres y Atenas permitira al Consejo de Ministros adoptar en primera lectura el proyecto de presupuesto, y cumplir así prácticamente con los plazos legales estipulados en el Tratado de Roma.En las tres anteriores reuniones de titulares de Hacienda, el secretario de Estado español, José Borrell, se mantuvo inquebrantable en su rechazo de un presupuesto de 39.300 millones de ECU (unidad de cuenta europea, equivalente a 138 pesetas) porque conllevaría un enorme déficit y, sobre todo, supondría una anticipación de la reforma de su financiación propuesta por su presidente, Jacques Delors, al incrementar ligeramente los recursos de la Comunidad -del 1,4% al 1,6% del IVA- España desea que la reforma sea más ambiciosa y la Comisión Europea estima que para hacer frente a sus gastos necesita 41.700 millones.
Concesiones a España
Pero en el encuentro informal de ministros de Asuntos Exteriores de los doce que tuvo lugar el pasado fin de semana en la localidad costera danesa de Nyborg, una mayoría de Estados miembros hizo al representante español, el secretario de Estado Pedro Solbes, dos concesiones para atraerle hacia sus tesis y le dio de plazo hasta el miércoles por la noche para cambiar de opinión.
La primera, y de lejos la más importante, consiste en dejar muy claro que el grueso de los ahorros necesarios para no rebasar los 39.300 millones, si la cumbre de jefes de Gobierno de diciembre en Copenhague no aumenta substancialmente los recursos, afectarán al capítulo agrícola y a la investigación y no a los fondos social y regional, de los que España se beneficia con carácter prioritario.
Al término de la reunión de Nyborg, Solbes rehusó pronunciarse sobre la oferta, y comunicó la propuesta de compromiso al Ministerio de Economía y Hacienda y a la presidencia del Gobierno, cuyo titular, según se especulaba en Bruselas, es posible que reciba en las próximas horas presiones directas de la cancillería de la RFA, el país más interesado en que salga adelante el presupuesto.
La actitud alemana contrasta con la británica, puesta de manifiesto por el secretario del Foreign Office, Geoffrey Howe, que declaró en Nyborg que, aunque sea aprobado, el presupuesto seguirá siendo "ilegal e incorrecto", porque supera los recursos generados por el 1,4% del IVA, equivalentes a 36.200 millones de ECU. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Uffe Ellemann-Jensen, se mostró, según sus propias palabras, "precavidamente optimista" sobre la obtención de una respuesta positiva por parte española.
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