La acusación pide que se investigue más el atentado a Hipercor

Los abogados de las víctimas del atentado perpetrado por ETA contra Hipercor pedirán al titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional que se traslade a Barcelona para practicar las nuevas diligencias que solicitaron el pasado 1 de septiembre. Los letrados pretenden, con esas diligencias, esclarecer los puntos confusos recogidos en el sumario. Este documento, según ha podido saber este diario, no esclarece quién y cómo realizó la búsqueda de la bomba. Del sumario no se desprende tampoco que se ordenara el desalojo del hipermercado. El atentado, cometido el 19 de junio, causó la muerte de 21 personas.Las nuevas diligencias piden que se tomen nuevas declaraciones a 16 personas. Este requerimiento afectará, según fuentes próximas a los letrados, a todas las personas que tuvieron alguna implicación en los hechos que se sucedieron entre la primera Hamada que advertía de la colocación de la bomba, recibida a las 15.15 horas en la Guardia Urbana, y cuando estalló, 57 minutos después.

Juli de Miguel, Francesc Gel¡, Sebastián Roca y Santiago Muntaner, los cuatro letrados que defienden los intereses de afectados por el atentado, pretenden determinar, entre otras cosas, si los efectivos policiales que se personaron en el hipermercado buscaron la bomba en el aparcamiento del centro comercial o si, por el contrario, fue realizada por los guardias jurados contratados por Hipercor, como parece desprenderse del sumario. También pretenden determinar qué motivos concurrieron para que se dejara de buscar el artefacto y quién tomó la decisión.

La nuevas diligencias solicitadas intentarán determinar también por qué los artificieros del Cuerpo Nacional de Policía no intervinieron hasta después de que explosionara el artefacto. El documento intentará esclarecer además quién fue el responsable de que no se ordenara el desalojo del centro comercial. Del sumario, según las fuentes consultadas, se deduce que no fue ordenada la evacuación del hipermercado. Una nota difundida por la Jefatura Superior de Policía de Barcelona el 21 de junio responsabilizó a la dirección de Hipercor de esa decisión, desmintiendo la versión sostenida por los responsables del centro.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha aceptado recientemente la propuesta formulada por los cuatro abogados de aumentar en un 30% las indemnizaciones previstas en el real decreto sobre indemnizaciones a víctimas de bandas armadas y acciones terroristas, de 24 de enero de 1986. Esta norma, que prevé ese aumento en casos excepcionales, concede una indemnización de 107 mensualidades sobre la base del salario mínimo interprofesional vigente -42.150 pesetas por fallecido. Interior deberá pagar en total, incluido el porcentaje de aumento, 123.124.365 pesetas. Es decir, 5.863.065 pesetas por víctima mortal.