Más facilidades para el capital-riesgo, pero sin ampliar sus ventajas fiscales

Las sociedades de capital-riesgo, dedicadas a promover iniciativas empresariales mediante la toma de participaciones minoritarias, contarán desde el próximo año con mayores facilidades de actuación. No han logrado, sin embargo, los incentivos fiscales que solicitaban, por lo que algunos de los proyectos se plantearán el operar desde alguno de los países europeos donde la fiscalidad les será más favorable. El proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1988, marco esperado para dichos cambios, también ha sido aprovechado por el Gobierno para limitar la operativa de las instituciones de inversión colectiva.

Si las Cortes aprueban el proyecto de ley, para crear una sociedad de capital-riesgo bastará que se reúnan tres socios, dos menos que los exigidos hasta ahora. La novedad aparece recogida de forma elíptica, con la siguiente redacción: "La participación directa o indirecta de cualquier socio o partícipe en las sociedades o fondos de capital-riesgo no podrá ser mayoritaria, computándose a tal efecto los accionistas o partícipes interpuestos".Esto significa, por ejemplo, que un socio podrá tomar hasta el 49%, y entre los dos restantes repartirse el otro 51%. En cambio, hasta ahora ninguno podía adquirir más del 20%, lo cual representaba la presencia de al menos cinco socios.

Destino de las inversiones

Para garantizar los nuevos límites -no aplicables al sector público-, serán consideradas sociedades o personas interpuestas las entidades que pertenezcan al mismo grupo -de acuerdo con la definición dada al grupo en 1984 por la ley reguladora de las instituciones de inversión colectiva-, así como los consejeros, administradores, o directores de cualquiera de los accionistas o partícipes y sus familiares.También suprime el proyecto de ley la exigencia de que las sociedades de capital-riesgo inviertan el 75% de su inmovilizado en acciones o participaciones de empresas que no coticen en bolsa, puesta en su día porque tales entidades fueron concebidas para apoyar la promoción y desarrollo de pequeñas y mediadas empresas sin acceso al mercado de valores. Desde el próximo año, el 50% "como mínimo se materializará en acciones o participaciones de sociedades que no coticen en el primer mercado de las bolsas oficiales de comercio, sin que la participación directa o indirecta supere al 45% del capital social desembolsado de cada una de aquellas". El otro 25% "hasta completar un mínimo del 75% del activo", deberá ser invertido "en fórmulas de financiación ajena de las sociedades participadas, con plazo mínimo de tres años, sin rebasar en ningún caso el 45% de los recursos ajenos de igual plazo obtenidos por cada una de las participadas".

Sin embargo, la actual redacción del proyecto de Presupuestos desatiende las peticiones del sector -asumidas por el secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa- para que las plusvalías obtenidas por los socios no sufran el mismo impuesto que los dividendos u otras rentas. Una comisión de expertos creada por la Administración para estudiar el caso votó mayoritariamente en contra, porque la Dirección General de Tributos consideraba que había peligro de abrir nuevas ventanas a la evasión fiscal. De ahí que fuentes del sector opinen que algunos de los actuales proyectos de capital-riesgo se plantearán el operar desde Luxemburgo (el país europeo que aplica menores tipos a las ganancias del capital, el 0,2%). En Francia, el Gobierno socialista quitó el impuesto progresivo y puso topes del 15% y 17% para hacerlo proporcional, como en Estados Unidos y Reino Unido.

Las instituciones de inversión colectiva tendrán como limitaciones el no invertir más del 5% de su activo en valores de otras o emitidos o avalados por éstas o por ellas mismas, tope que será del 10%-15% cuando se trate de un grupo.