Política de vivienda y economía municipal

La vivienda continúa siendo una necesidad y una aspiración para importantes sectores de la sociedad española. Desde familias que viven todavía en lugares de dudosa habitabilidad hasta jóvenes que ven imposibilitada una vida propia por las dificultades para resolver tan elemental problema. Ciertamente, han sido grandes los esfuerzos de las distintas administraciones en los últimos años para ofrecer una mayor dotación de viviendas de calidad y dimensiones dignas, acompañadas de financiación asequible. Los ayuntamientos han jugado un destacado papel en esta política no sólo ofreciendo suelo a la Administración central y últimamente a las comunidades autónomas, sino también dejando de ingresar cantidades estimables en concepto de gastos fiscales en materia de vivienda Una relación de colaboración entre administraciones con un claro sesgo paternalista que, en un momento de próxima discusión y tramitación parlamentaria de la ley de financiación de corporaciones locales, quizá convenga revisar. Y no sólo, por cierto, atendiendo a argumentos de legalidad -esto es, a la dudosa compatibilización de la autonomía local con la imposición a través de una normativa de rango inferior de determinadas bonificaciones y exenciones fiscales-, sino sobre todo y principalmente atendiendo a razones de idoneidad política y económica.Para ilustrar mejor este punto de vista no disponemos de estimaciones o datos fiables que comprendan todos los municipios españoles, pero, en cambio, podemos utilizar como referencia el de Oviedo.

Menos ingresos

El esquema de cooperación en materia de vivienda consistía en que la comunidad autónoma elaboraba un plan de actuación distribuyendo sus recursos- económicos para promover viviendas entre los distintos municipios en función de las necesidades estimadas y con el objetivo de cubrir una proporción significativa de esa demanda. En este planteamiento, los ayuntamientos entregaban suelo para construir las viviendas y posteriormente las adjudicaban con arreglo a un baremo elaborado por la comunidad autónoma.

Sin embargo, el principal apoyo municipal a la política de viviendas consiste en la importante cuantía de los gastos fiscales municipales en esa materia que, en tiempos de penuria económica y crecientes demandas sociales, significan una merma notable de los ingresos propios. En el caso del Ayuntamiento de Oviedo, una estimación de esos gastos fiscales para el año 1987 los sitúa entre 400 y 500 millones, desglosados de la siguiente manera: por bonificaciones a las viviendas de protección oficial en el impuesto de la contribución territorial urbana: entre 100 y 130 millones, bonificación del 90% en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (impuesto sobre la plusvalía) para las transmisiones de terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección oficial: entre 150 y 200 millones y bonificación del 90% en la tasa por licencia de obras para las viviendas de protección oficial: entre 150 y 170 millones (incluyendo beneficios fiscales a la rehabilitación regulada por real decreto de Presidencia de 28 de julio de 1983).

Si, como decíamos antes, estamos en vísperas de una importante discusión nacional y parlamentaria acerca de las finanzas locales, parece conveniente reflexionar también sobre el papel que deben jugar los ayuntamientos en la política de vivienda de los próximos años. Porque no es posible solicitar de ellos un mayor esfuerzo inversor en materia de disponibilidad de suelo si no se les ofrece un marco financiero más desahogado que, en nuestra opinión, no deberá consistir tan sólo -aunque sí principalmente- en una mejor y más equilibrada participación en los ingresos de la Administración central, sino también en una favorable e inteligente revisión de unos incentivos fiscales que posiblemente ya no son tan necesarios para los fines previstos en los años de su creación y que, sobre todo, dan lugar a unos gastos fiscales municipales que detraen unos recursos muy necesarios si queremos conseguir que los ayuntamientos sean corresponsables con otras administraciones públicas en el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 9.2 y el artículo 47.

Disparidad

Una pequeña muestra de la importancia que tiene actuar con mayor intensidad en el problema de las viviendas de promoción pública la tenemos en el dato de la disparidad entre oferta y demanda en el municipio mencionado: en el cuatrienio que ahora acaba, las viviendas sociales entregadas supondrán menos del 10% de las solicitudes que cumplen -después de un rígido examen que desestimó algo más de la mitad de las solicitudes presentadas- los requisitos de la convocatoria. Es una indicación seria de las necesidades que en. materia de vivienda tiene el municipio y, por tanto, una obligación para gobiernos progresistas reforzar sus mecanismos de actuación en ese campo.

La administración municipal es la más capacitada para detectar y evaluar las necesidades de su población en materia de vivienda. Por esta razón, su participación en la corrección de esa desigualdad básica será posible con voluntad política, desplegando imaginativamente sus recursos humanos, y en estos momentos, sobre todo, con una adecuada potenciación de su marco financiero.