La incertidumbre del cambio

El acceso a la Xunta de Galicia de la coalición encabezada por el PSOE e integrada por Coalición Galega y el Partido Nacionalista Galego ha sido recibido sin hostilidad en la comunidad autónoma, pese a haber accedido al poder por la vía de una moción de censura, arropada por ex aliancistas, contra Gerardo Fernández Albor (AP) y que ha puesto fin a seis años de ininterrumpido control de fuerzas políticas conservadoras. Tanto empresarios como sindicalistas esperan que en los dos años que quedan hasta las próximas elecciones autonómicas los nuevos gobernantes asienten las bases para una industria moderna.

La moción de censura promovida por el PSOE y por Coalición Galega fue impulsada por el anuncio de la candidatura de Manuel Fraga para la presidencia de la Xunta, lanzado por el presidente de la Diputación de La Coruña, José Manuel Romay Beccaría, y confirmado por el propio ex presidente nacional de AP.Tanto los socialistas como los nacionalistas comprendieron que si dejaban que el veterano líder conservador encabezase la candidatura de la derecha para la Xunta muy probablemente quedarían condenados a permanecer en la oposición varios años más. Así que, apremiados por el temor de que Alianza Popular minase con ofrecimientos de poder personal la base parlamentaria de la alternativa de gobierno, aceleraron con al Partido Nacionalista Galego el acceso al poder por la vía privilegiada de la moción de censura.

El pasado miércoles, con la última luz de la tarde, Gerardo Fernández Albor abandonaba, derrotado, el Parlamento autonómo y volvía a pie, acompañado por media docena de colaboradores, a su antiguo despacho presidencial en el palacio de Raxoy. En los doscientos metros de paseo sólo una persona se acercó a saludarle.

Aunque rodeados de los recursos del poder, los socialistas no ignoran que su gestión va a comenzar también con una cierta soledad: la provocada por la desconfianza hacia una Administración plagada de aliancistas, e incluso de contratados por el hombre fuerte de la Xunta conservadora y ahora de nuevo vicepresidente del Ejecutivo, José Luis Barreiro.

En un último gesto de "falta de ética y honorabilidad, de nepotismo y clientelismo", en expresión de Comisiones Obreras, el Ejecutivo en funciones publicó en el Diario Oficial de Galicia al día siguiente del triunfo de la moción de censura el nombramiento como jefes de servicio y secretarios provinciales a parientes cercanos del portavoz parlamentario del Grupo Popular, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe; del conselleiro de Sanidad, Hernández Cochón; del conselleiro de Trabajo, Luciano Asorey Fernández y del miembro de la ejecutiva de AP de La Coruña Manuel Estévez Mengotti.

En vísperas de tomar las riendas de la Administración autonómica, con la que tendrá que suministrar servicios a 6.800.000 personas desperdigadas en unos 32.000 núcleos de población -más de la mitad de los de toda España-, la elección de Fernando González Laxe como presidente de Galicia ha sido recibida sin apenas hostilidad de los poderes económicos, tras la larga agonía del Gobierno de Fernández Albor.

Autor de un reciente libro sobre pesca marítima costeado por la Fundación Conde de Fenosa, vinculada al Banco Pastor, amigo personal del director de la Caja de Ahorros de Galicia y conocido su "talante y profesionafidad" por todos los sectores económicos, según comenta con indisimulado orgullo, el presidente socialista de la Xunta está convencido de contar con la buena disposición de las principales entidades financieras gallegas y de las más importantes empresas idustriales y comerciales.

Quizá por la limitación temporal del mandato de la nueva Xunta -a finales de 1989 deben celebrarse las elecciones autonómicas-, quizá por la diversidad de frentes que es preciso atender para acelerar una economía que está en el furgón de cola, relevantes empresarios han expresado a este diario unas expectativas, y demandas, moderadamente exigentes hacia los gobernantes autonómicos.

Presupuestos inversores

Emilio Pérez Nieto, ex presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, un hombre que se define como liberal y que, retirado de todo cargo de representación, se dedica en Orense a actividades empresariales en el sector del metal, considera que el Gobierno autonómico debe elaborar para 1988 unos presupuestos "absolutamente inversores". Contrario a mantener empresas que son "enfermos terminales", según su expresión, y partidario de que la Xunta "sirva para favorecer a la región y no para política de gabinete", considera que los nuevos gobernantes deben crear las condiciones para una nueva economía".

A su juicio, es un desastre que el suelo industrial llegue a costar en una ciudad como Vigo entre 14.000 y 20.000 pesetas el metro cuadrado y resulta imprescindible la aprobación de planes generales de ordenación. La creación de una Oficina única en la que conocer y resolver todos los trámites necesarios para instalar una empresa es, desde su punto de vista, otro deseo generalizado entre los empresarios.

Isaac Díaz Pardo, director del complejo industrial ceramista de Sargadelos-Castro (Lugo), veterano galleguista -propietario de Ediciones do Castro, autor de carteles sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936-, desde la lealtad de una amistad personal con González Laxe advierte que el discurso de éste en el Parlamento "estuvo lleno de buenas intenciones, pero otra cosa es qué podrá hacer cuando se encuentre con la realidad, con los caciques propietarios de bosques... Hoy, los comerciantes que Jesucristo echó del templo, y que aquí habría echar de muchos resortes de poder, son los especuladores, los modernos caciques". Desde la perspectiva de este empresario progresista, el Gobierno de coalición tendrá que utilizar la iniciativa legislativa y la sustitución de "lo que está gangrenado" si quiere empezar a trasformar Galicia.

Luis Carballo, publicista y promotor del grupo de diseñadores Galicia Moda, tiene "la esperanza de que después de tantos avatares políticos se produzca una recapacitación y se estudien seriamente los problemas. Con media docena de políticos medianamente inteligentes a Galicia le puede cambiar la faz. Basta con utilizar imaginación. Aquí hay sectores que, como la alimentación, el turismo o la moda, con pequeñas inversiones pueden crear numerosos puestos de trabajo. Nosotros, con 112 millones de pesetas generamos 4.036 empleos."

El sindicalismo nacionalista que, junto a la Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos, representa la Confederación General de Trabajadores de Galicia (CTG) juzga con escepticismo la llegada de "un Gobierno hegemonizado por el partido responsable del deterioro económico de Galicia". Muy preocupado por obtener el reconocimiento político de su representatividad - 1.136 cargos sindicales, el 10% del total de los elegidos en los últimos comicios, según sus datos-, la CTG espera que la Xunta someta los Presupuestos de 1988 a una concertación con empresarios y trabajadores. Y, sobre todo, reclama el funcionamiento de cauces de diálogo institucionales.

Con transparencia

La Unión General de Trabajadores, que en Galicia "mantiene unas buenas relaciones con el PSOE, a la vez que se identifica plenamente con las tesis de Nicolás Redondo", según el secretario regional del sindicato, Jesús Mosquera, también considera necesario un Consejo de Relaciones Laborales, pero ante todo solicita de sus compañeros socialistas "que gobiernen, de verdad, y que lo hagan con trasparencia". Partidaria de la presentación de la moción de censura contra Fernández Albor -aunque la presencia de José Luis Barreiro en el Gobierno suscita expresiones de vergüenza-, la central sindical mayoritaria confía en que en estos dos años de legislatura la Xunta "asiente las bases de un desarrollo regional, con un tejido industrial moderno".

Con una población rural envejecida -el 23% de los trabajadores agrícolas tiene más de 60 años de edad-, los nuevos gobernantes de Galicia conflian en que una buena política de indemnizaciones facilitará que muchas familias renuncien a continuar dedicadas al cultivo de parcelas minifundistas. Los socialistas aseguran que promoverán el saneamiento de la ganadería -todavía hay muchas vacas con enfermedades relacionadas con falta de higiene- También intentan trasmitir un sentimiento de esperanza sobre la base del posible incremento de la producción de leche, factible a través de una cesión del Estado a Galicia de parte de la reserva que la Comunidad Europea permite a los Gobiernos distribuir discrecionalmente entre las regiones.

Con todo, el presidente electo de la Xunta considera prioritario subvencionar el desarrollo de la industria agroalimentaria y de la acuicultura, como sectores económicos en que pueden prosperar empresas que combinen la explotación de los recursos naturales de la región con el uso de tecnología avanzada. Fernando González Laxe se muestra optimista de obtener más recursos que los que la anterior Xunta supo recabar de la Comunidad Europea, en donde conoce a numerosos altos funcionarios gallegos y socialistas.

En la mente de los socialistas está que Galicia, exportadora de materias primas -madera, carne, leche, electricidad-, tiene que cambiar la tendencia a importar de otras regiones productos elaborados, que en ocasiones son originarios de la comunidad autónoma, por carecer de industrias transformadoras.