Catorce años sin modificaciones

Los valores de las viviendas madrileñas no se revisaban desde 1973, año en que acabó de implantarse el régimen catastral. Desde entonces los valores arrastraron desajustes, pues los que se establecieron para el primer distrito estudiado (Chamberí) no tuvieron luego una correlación con los establecidos en el resto de los distritos. La razón fue que en éstos, las juntas, formadas por contribuyentes y Administración, lograron presionar más y reducir los valores inicialmente propuestos.

Desde entonces las únicas variaciones importantes se han producido en el número de recibos y en las actualizaciones del valor catastral que, periódicamente, aplicaba el Gobierno a través de la ley de Presupuestos Generales. De esta forma, en 1981 el valor catastral creció en un 35% en 1984 se produjo una subida del 36%; en 1986 el aumento fue de un 20% y para este año se aplicó una subida del 5% correspondiente a la inflación prevista.

Los contribuyentes, ante estas subidas tan reiteradas, comenzaron a preocuparse, en especial, cuando el Ayuntamiento en 1984 aprobó una subida del tipo impositivo del 20% al 23,5% porcentaje que fue situado en un 28% para 1986. La situación varió, sin embargo, a raíz de que el Tribunal Constitucional anulara cualquier subida por encima del 20% y obligara a los ayuntamientos a devolver las cantidades cobradas en demasía.

Ante la situación en que quedaban muchos ayuntamientos con esta sentencia, el Gobierno elaboró urgentemente un proyecto de ley, actualmente en tramitación, que permitirá a un municipio como el de Madrid fijar un tipo impositivo entre el 10% y el 46%.

Los responsables económicos socialistas ya han anunciado que el tipo impositivo que aplicarán dependerá de los resultados de la revisión de los valores catastrales.

Alfredo Tejero, concejal de Hacienda, afirmó que el objetivo del equipo de gobierno municipal para 1988 es conseguir una recaudación de 22.880 millones de pesetas por el cobro del impuesto de contribución territorial urbana. Esta cantidad superaría en 880 millones la cifra presupuestada en un principio para este año y en 7.180 millones la que se recaudará tras la sentencia judicial.