Una diferencia de 75.000 millones

Unos 75.000 millones de pesetas separan las peticiones de la Unión General de Trabajadores (UGT) en materia de pensiones de las previsiones recogidas en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, según manifestó ayer Apolinar Rodríguez.

Comisiones Obreras (CC OO) aún no ha adelantado sus reivindicaciones, aunque ayer, en un comunicado de su ejecutiva, exigía la "mejora generalizada de las pensiones en el contexto de una nueva ley de la Seguridad Social".

La plataforma que hizo pública ayer José González Mora, responsable de los pensionistas de UGT, recoge los siguientes incrementos: el 8% en las pensiones mínimas con cónyuge; el 7% en las mínimas sin cónyuge; el resto hasta el salario mínimo, el 6%; del salario mínimo a 90.000 pesetas, el 5%; de esta cantidad en adelante, la inflación prevista. Para las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se proponen subidas del 7% y del 6% con o sin cónyuge.

Además, las pensiones mínimas de viudedad se incrementarían para quienes no tuvieran otra renta hasta acercarlas a la pensión por jubilación. Las pensiones asistenciales subirían un 10%. Y la edad para cobrarla se reduciría de los 69 a los 65 años.

Una propuesta que, según cálculos de UGT, significa un sobrecoste de 75.1000 millones; menos de lo que supone un punto de cotización a la Seguridad Social. Y mucho menos -así lo decía Apolinar Rodríguez- de lo que el Estado dejará de ingresar por suavizar la presión fiscal.

José González Mora se quejó de que a él, en el mes de julio, le hubiera prometido que en dos años la pensión mínima sería igual al salario mínimo. "Y así lo hemos hecho llegar a nuestros pensionistas. Pero al ritmo que van, será una promesa que no se podrá cumplir".

Los funcionarios

El otro punto en el que hay una clara discrepancia entre el Gobierno y los sindicatos es la subida salarial de los funcionarios. Las posiciones de UGT y CC OO son, con ligeras diferencias, las mismas. La UGT habla de un incremento de dos puntos por encima de la inflación y Comisiones Obreras sitúa este aumento en un 6%.Pero ambas centrales coinciden en pedir el establecimiento de una cláusula de revisión salarial. Y los dos sindicatos están de acuerdo en exigir él control de la oferta de empleo público, en solicitar el aumento de los fondos adicionales para equilibrar desigualdades retributivas y, sobre todo, que se reconozca el derecho de las centrales sindicales a negociar las condiciones salariales y laborales de los funcionarios.