Renovado para los próximos cuatro años el acuerdo de financiación de las comunidades

Las 15 comunidades autónomas de régimen común, excluidas Navarra y el País Vasco, han renovado el acuerdo institucional de financiación para los próximos cuatro años, en el curso de las reuniones bilaterales celebradas la pasada semana en el Ministerio para las Administraciones Públicas.Cada acuerdo bilateral, informa Europa Press, supone la renovación del acuerdo de financiación definitiva suscrito por las comunidades autónomas el 7 de noviembre de 1986, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El acuerdo supone que el Gobierno central y los de las 15 comunidades autómas incluirán las cantidades pactadas para 1988 en los anteproyectos de presupuestos correspondientes al próximo año.

Los acuerdos financieros adoptados y hechos públicos ayer se refieren a los porcentajes definitivos de participación en los ingresos del Estado de cada comunidad autónoma en el quinquenio 1987-1991, financiación inicial para 1988 y cesión a todas las comunidades autónomas del régimen común, excepto Madrid, del impuesto de actos jurídicos documentados.

En el caso de Castilla y León se ha producido una excepción del procedimiento, por no estar constituida la representación de la comunidad autónoma, y se ha llegado a un compromiso formal con la Junta.

Los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado en 1988 quedan del siguiente modo:

Andalucía, 2,2175926%; Aragón, 0,0916733%; Baleares, 0,0129550%; Canarias, 0,5560525%; Cantabria, 0,0436029%; Castilla y León, 0,3205179%; Castilla-La Mancha, 0,2345944%; Cataluña, 1,1830774%; Extremadura, 0,1626658%; Galicia, 0,9696295%; Madrid, .0,4779158%; Murcia, 0,035101 l%; La Rioja, 0,0271604%, y Comunidad Valenciana, 0,7534075%.

El incremento de la financiación incondicional global de las comunidades autónomas supondrá en 1988 el 20,6% sobre igual concepto de 1987, cerca de 800.000 millones de pesetas.

La cesión del impuesto sobre actos jurídicos documentados pretende lograr un mayor grado de libertad financiera para las comunidades autónomas.

La cesión de este impuesto se añade a otras figuras impositivas cedidas ya a las comunidades: transmisiones patrimoniales y sucesión e impuesto extraordinario sobre el patrimonio. Con esta cesión se tratará de lograr una descentralización en favor de las haciendas territoriales, previsto en la Constitución y en los estatutos de autonomía.