Los ministros de la CE prorrogan durante tres años el régimen de cuotas siderúrgicas

Los titulares de Industria de los doce coincidieron ayer en la necesidad de prorrogar durante tres años el régimen de cuotas al que está sometida la siderurgia europea y de reducir aún más la capacidad de producción. El ministro español Luis Carlos Croissier, que asistió a la reunión, anticipó ayer ante la Prensa que España no se incorporará a ese régimen antes de que finalice el período transitorio del que se beneficia y que expira el 1 de enero de 1989.

El Consejo de Ministros de Industria, que empezó con un largo almuerzo que duró casi cinco horas, estuvo dedicado al estudio del nuevo gran proyecto de reestructuración de la siderurgia de los diez -España y Portugal llevan a cabo sus propios planes-, que pretende reducir en cerca de 30 millone, de toneladas anuales de aquí a 1990 la producción de acero y cuyo coste asciende a 894.000 millones de pesetas, al tiempo que acarrea la supresión de 80.000 empleos.En el marco de su plan, el vicepresidente de la Comisión Europea, Karl Heinz Narjes. sugiere a España "la posibilidad de participar voluntariamente en el sistema de reestructuración, y está dispuesto a buscar con la siderurgia española las referencias adecuadas para su participación en el régimen de cuotas".

Pero Croissier contestó que, en principio, no es posible aceptar" la propuesta del órgano ejecutivo europeo, porque "disfrutamos de un período transitorio al que no vamos a renunciar". "Sí estamos, en cambio, dispuestos", añadió, "a discutir cómo y en qué términos se hará nuestra incorporación en 1989, a la que habrá que ir preparándose a lo largo del año anterior". "Es un tema del que aún no hemos empezado a hablar".

Para iniciar negociaciones entre Madrid y Bruselas sobre esta cuestión "será necesario que se clarifique previamente el panorama siderúrgico europeo, según Croissier, y para ello los ministros de Industria acordaron ayer encargar a tres sabios-, cuya identidad no fue revelada, que determinen los productos cuya producción debe ser recortada.

Actualmente, cuatro productos están sometidos al régimen de cuotas -chapa laminada en caliente y en frío, chapa gruesa y perfiles pesados- y la Comisión desea que este grupo no se altere, pero, si tuviese que entrar en ese sistema, a España le interesaría que se añadiese a la lista el alambrón.

Ayudas sociales

La segunda gran reestructuración siderúrgica en la CE, que implica la pérdida de 80.000 puestos de trabajo, se acompaña de ayudas sociales para jubilaciones anticipadas o creación de empleos alternativos, de las que España sí se puede beneficiar a pesar de que no se le aplique el plan.

El principal punto de divergencia en el debate orientativo que mantuvieron los ministros fue, sin embargo, cómo financiar esas medidas sociales y los incentivos al cierre de instalaciones obsoletas, a los que la Comisión Europea considera necesario consagrar nada menos que 1.500 millones de ECU (unidad de cuenta europea equivalente a 139 pesetas) en tres años.

El Ejecutivo comunitario ha propuesto recaudar el 40% de esa cantidad a través de un fondo al que deberán contribuir todas las empresas con 20 ECU por tonelada fabricada por encima del 75% de la cuota que les ha sido asignada y 75 ECU por tonelada si la producción rebasa el techo autorizado.

Para Croissier y su equipo, la principal preocupación consiste, sin embargo, en lograr en la negociación que se dispone a iniciar con Narjes que el período de referencia elegido para la incorporación en 1989 de España al régimen de cuotas no sea 1985-1986, porque en esas, fechas la siderugia española ya estaba en plena reconversión. El Ministerio de Industria desearía que el año a partir del cual se efectuarían los recortes sea 1984.