La Comisión Europea estudia la modificación del 'status' de Canarias

I. C., La Comisión Europea ve con buenos ojos una eventual modificación del status de Canarias en la Comunidad Europea (CE) que favorezca los intereses del archipiélago atlántico, y ha invitado a un grupo de trabajo a examinar esa posibilidad y someterle sus conclusiones en mayo de 1988. Con esta recomendación, el órgano ejecutivo comunitario reaccionó a la entrega de un informe elaborado bajo la dirección de la secretaría general sobre la situación en la CE de regiones pertenecientes a tres Estados miembros, pero situadas fuera del continente europeo: los departamentos y territorios de ultramar franceses, las Azores y Madeira, Canarias, Ceuta y Melilla.

Aunque considera que a los 18 meses del ingreso de España en la CE es aún "muy pronto para hacer un balance" de las consecuencias de la adhesión para Canarias, el informe remitido hace un mes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, preconiza "coordinar mejor la acción comunitaria para hacerla más eficaz ( ... ) a través de un enfoque más general".Esta utilización más racional de los medios comunitarios requiere, eventualmente, la puesta a punto de un marco jurídico adecuado aprovechando las disposiciones del tratado de adhesión, que prevé la posibilidad de reexaminar el régimen específico del archipiélago.

Cualquier revisión del status particular de Canarias en el club de Bruselas debe ser aprobada por unanimidad por el Consejo de Ministros de los doce, que tomaría su decisión a petición de España o a propuesta de la Comisión Europea. El régimen canario se caracteriza por su no inclusión en el territorio aduanero de la Comunidad, excepto para los intercambios con países terceros, en las políticas comunes de agricultura y pesca y por beneficiarse además de una exención del IVA.

Preguntado sobre qué modificaciones convendría introducir en la relación Canarias-Comunidad, el vicepresidente español del Ejecutivo europeo, Manuel Marín, contestó que "corresponde ante todo a los canarios decidir qué es lo que quieren", dentro del marco permitido por la CE y el tratado de adhesión de España.

Los 31 integrantes del grupo de trabajo abogan también en su informe por el desarrollo "de una política de información específica que dé a conocer a la Comunidad" en Canarias.

La CE -señala, no obstante, el informe- ya se ha esforzado "por expresar su solidaridad con esa región con un handicap especial", y a renglón seguido recuerda que en septiembre del año pasado el Consejo de Ministros le autorizó a recibir ayudas para la reconversión estructural de su agricultura y pesca, a pesar de no estar integradas en estas dos políticas.

A lo largo del año pasado, el archipiélago canario ha obtenido por este concepto 170 millones de pesetas, y en total las ayudas comunitarias que le fueron consagradas ascienden a 2.865 millones de pesetas, o 1.946 pesetas por habitante, proporcionalmente siete veces menos que las consagradas a las Azores y Madeira, provincias portuguesas más pobres que Canarias.