La OCU apoya la retirada de vídeos comunitarios que realiza el Ayuntamiento de Cádiz

Manuel Iglesias, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Cádiz, mostró ayer, en una asamblea de las asociaciones de vecinos de la capital, el apoyo de su organización al Ayuntamiento de Cádiz en la retirada de los cables aéreos del servicio de vídeos comunitarios instalados en esa ciudad. Esta operación, iniciada hace una semana, ha suscitado problemas e incidentes en determinadas barriadas de la ciudad, ya que los vecinos se niegan a que los operarios municipales retiren los cables.Iglesias manifestó que ya en 1985, cuando comenzaron a instalar los cables, advirtieron a los empresarios que deberían ir provistos del permiso municipal. Puntualizó además que esta práctica ha supuesto un atropello a la ley del Consumidor, pues a los usuarios no se les ha ofrecido un contrato legal ni tampoco recibos justificantes del pago de las mensualidades. Carlos Díaz, alcalde de la capital, manifestó ayer que el desmantelamiento continuará hasta hacer desaparecer la maraña de cables que hay en la ciudad atravesando calles y enlazando manzanas enteras de edificios.

La actuación municipal obedece, recordó Díaz, a una sentencia reciente del Tribunal Supremo que estimaba como válido un anterior decreto del alcalde ordenando la retirada de los cables por carecer de la correspondiente licencia municipal. "En la sentencia se deja claro", afirmó el alcalde, "que la instalación de este tendido supone una utilización de la vía pública, por lo que se ve sometida a la solicitud previa de la correspondiente licencia, tal y como se hace con otras actividades". Fuentes de la policía local gaditana informaron que una persona relacionada con las empresas de vídeos comunitarios ha sido denunciada por desacato a la autoridad.