La compra de más del 15% del capital de un banco deberá ser autorizada por el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía quiere llevar a la Comisión de Subsecretarios de esta semana un proyecto de ley que tipifique y ponga al día las sanciones que se pueden imponer a las entidades financieras que incumplan la normativa legal. Aprovechando este texto legal, el Banco de España y el propio ministerio introducirán medidas para restringir el libre acceso a la propiedad de sociedades sensibles, entre las que se encuentran los bancos y otras sociedades financieras. La adquisición de al menos el 15% del capital de estas empresas por nacionales o extranjeros deberá ser autorizada previamente.

Los problemas a los que se han tenido que enfrentar las autoridades económicas ante tomas de posición dominantes en algunas empresas españolas por parte de inversores españoles o extranjeros parecen aconsejar el establecimiento de normas cautelares que impidan sorpresas.

Fusiones y adquisiciones

Las fusiones y adquisiciones de empresas, negocio de moda en buena parte de los países industrializados por la rápida circulación de capitales ociosos, no ha hecho más que empezar en España, como reconocen los responsables económicos, y ya ha provocado suficientes "terremotos".No sólo en España, es cierto, sino también en el resto de Ios países avanzados, donde, cada uno como puede, se trata de ordenar esta situación y, sobre todo, intentar conocer lo q ie está pasando.

El proyecto que tiene elaborado el Ministerio de Economía y Hacienda, en el que ha particl'pado el Banco de España, dado que el sector financiero se considera sensible, establece dos tipos de cautelas.

La primera y general es que a partir de un cierto porcentaje, que puede estar en la compra del 5% del capital de estas sociedades, los adquirientes deben comunicar su presencia en esas empresas.

La segunda cautela, más restrictiva, establece, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que la toma de un 15% del capital social -que en la mayor parte de las sociedades representa poseer el principal paquete accionarial- debe ser autorizado previamente por las autoridades competentes, que en el caso de los bancos corresponderá casi con toda seguridad al Banco de España, por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda.

Conseguir información

De esta forma se trata de conseguir información suficiente sobre los nuevos accionistas, antes o en el momento de llegar a serlo, y evitar las sorpresas que en el último año se han producido y las que, previsiblemente, se podrían producir.Las autoridades tendrán suficiente poder como para impedir, e incluso obligar a deshacer operaciones de adquisición de acciones no autorizadas o no recibidas con agrado cuando se trate de porcentajes que superen el 15%.

La nueva normativa obligará tanto a españoles como a potenciales inversores extranjeros, independientemente de que se mantengan las limitaciones existentes para inversiones extranjeras en determinados sectores. Hasta ahora, por ejemplo en el sector bancario, la compra de paquetes accionariales de cualquier tamaño por parte de inversores españoles no tenía límite. Los inversores extranjeros, sin embargo, sólo pueden adquirir sin autorización hasta el 49% del capital social de estos bancos.

No obstante, a través de operaciones en las bolsa de valores y mediante empresas domiciliadas en España, que pueden ser de propiedad extranjera, podían ampliar este porcentaje hasta alcanzar la mayoría del capital.

Vulnerar la legalidad

Algún ejemplo dé este tipo, que tuvo lugar hace un par de años, provocó fuertes tensiones y problemas para los nuevos compradores, que no habían contado con el visto bueno previo de las autoridades económicas y monetarias.El borrador de proyecto de ley elaborado por el departamento que dirige Carlos Solchaga establece, además, la puesta al día de las sanciones que se pueden imponer a las entidades financieras por vulnerar la legalidad y las normas de actuación y amplía la responsabilidad por estos actos a los responsables de: los consejos de administración y a los gestores de dichas entidades, que hasta ahora quedan fuera de todo tipo de control.

Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda.