Juan Alberto Belloch: "Casi nadie quiere que seamos sólo jueces"

Nacido en Mora de Rubielos (Teruel), de familia catalana, Juan Alberto Belloch confiesa que se quedó en Bilbao porque encontró muchos amigos. Con ellos fundó la Asociación de Derechos Humanos de Euskadi, de la que fue primer secretario, con el fin de combatir el silencio frente a la violencia en la sociedad vasca. Belloch recuerda con interés la campaña callejera para denunciar el asesinato por ETA de si antigua dirigente María Dolores González Catarain, Yoyes.Pregunta. ¿A los jueces les ha tocado jugar el papel de malos en Euskadi?

Respuesta. Si se refiere a las acusaciones de que hemos sido objeto últimamente, ni me las creo ni me parece que se las crea nadie. Nos ha tocado ese papel. Nadie puede pensar en serio, y menos desde el Estado, que algunos jueces somos enemigos del Estado. Simplemente, se ha considerado oportuno utilizarnos al servicio de ideas o proyectos completamente diferentes.

P. Pero de hecho, para el ministro de Interior, un sector de los jueces vascos, al que usted representa, es culpable.

R. Si yo no hubiera tenido la mala suerte de ser portavoz de Jueces para la Democracia, la cara del malo la hubiera puesto otro. Me ha tocado, sin más. Creo que esta situación debe acabar, antes o después, y de hecho la tensión ha disminuido después de las declaraciones del presidente del Gobierno en Mallorca. Pero, insisto, a nosotros nos ha tocado desempeñar un papel en una comedia que han diseñado otros.

P. ¿Qué han hecho los jueces en Euskadi para merecer esto?

R. Los jueces en el País Vasco, como otros sectores sociales, y vivimos situaciones de tensión y de conflicto. Además, da la casualidad de que nuestra profesión es terciar en los conflictos sociales, y nadie parece desear del todo que sigamos siendo sólo jueces. Los jueces vascos han decidido ser jueces, y punto. Y vamos a seguir así, aunque resulte complicado.

Vivir en el límite

P. Entonces, ¿por qué se quedan en el País Vasco?

R. Porque también es apasionante y compensa. Vives la profesión siempre en el límite. Se ha ha llegado a decir que los más sospechosos somos quienes nos quedamos. Parece que lo lógico es echarse a correr, y quedarse implica una presunción de sospecha. Desde nuestro punto de vista, es todo lo contrario. Nosotros representamos el poder público del Estado con mayor prestigio social en Euskadi. Quizá porque hemos decidido cumplir nuestra función con normalidad provocamos, escándalo.

P. ¿Usted considera normal la situación judicial en Euskadi?

R. En todo caso, lo único anormal es la distribución de competencias judiciales. Si en vez de tener competencia para determinados delitos la tuviéramos para todos los problemas, ante la opinión pública dejarían de existir, son una pura ficción. Nos exigen responsabilidades frente al terrorismo, cuando no tenemos competencias y carecemos de una legitimación social integral, porque sólo se nos permite reprimir una parcela concreta de conductas.

P. ¿La integridad de las competencias no les convertiría en blancos de ETA?

R. Se lo tiene que plantear cada juez personalmente. Nuestros compañeros de la Audiencia Nacional asumen la misma cuota de riesgo que trasladaríamos al País Vasco, y nadie puede demostrar que exista más seguridad en Madrid que en Bilbao.

P. ¿Quién le quita el sueño, ETA o Barrionuevo?

R. La verdad es que ni una ni otro. No tengo nada contra Barrionuevo, y nunca Jueces para la Democracia hemos entrado en polémica personal con él. Este señor hace una determinada política. Nosotros pensamos que no es la adecuada para acabar con el terrorismo y tenemos la impertinencia de mantener nuestra opinión.

P. ¿Para juzgar y sentenciar a los demás hay que tener algún tipo de soberbia?

R. Eso sí me ha quitado el sueño alguna vez, el delincuente normal, el cliente que atendemos todos los días. Mayoritariamente se trata de un toxicómano que necesita su ración de heroína, sin más opción que el robo diario de sus tres autorradios. Después de condenarlo no hay alternativa ni salida para él, ni instituciones sociales para apoyarle, y las soluciones que buscamos son puramente manufactureras.

P. La lentitud, y en muchos casos el caos, de la justicia en España es ya un tópico. ¿Usted cree que tienen solución?

R. Por supuesto. Y barata. Una justicia aceptable en España exigiría invertir unos 30.000 millones de pesetas, lo mismo que cuestan 150 kilómetros de autopista.

P. ¿Existirá algún día?

R. Seguro que sí. Esta cuestión es ya tan electoral como cualquier otra, quita o da votos y, por tanto, los responsables del presupuesto tendrán que moverla.

P. ¿Usted se siente por encima de los políticos?

R. No me siento superior, cumplimos funciones distintas. Los políticos se rigen por el principio de oportunidad, dicho sea con el máximo respeto, y yo me dirijo por el principio de legalidad. Al aplicar la ley no siempre se coincide con el momento políticamente oportuno.

El ejemplo Yoldi

P. Un ejemplo de oportunidad favorable a ustedes fue la condena de Juan Carlos Yoldi, candidato de Herri Batasuna a lehendakari, por un tribunal vasco.

R. La estricta normalidad en el Juicio de Yoldi se ha convertido en el único ejemplo práctico de que todas las tesis de Interior son incorrectas. Con un caso tan complicado, ante un tribunal normal, en Bilbao, cabía lo más escandaloso hoy en el País Vasco: la normalidad. Pero tampoco es cuestión de demostrar nada. Si no llega a haber pruebas contra. Yoldi, no me parece lógico que se hubiera impugnado la capacidad de juzgar en el País Vasco los delitos terroristas.

P. ¿Y las condenas a guardias civiles por torturas?

R. Es posible que desde el punto de vista político sean muy inoportunas. Yo le he comentado a algún colega francés que en España existe la tortura, como en Francia. Allí no se condena a los funcionarios públicos y aquí el sistema democrático permite que sí sean enjuiciados. No se puede ocultar esa realidad ni extrapolarla para decir que la tortura es generalizada.