La renta inicia el debate

LA CONFERENCIA de prensa de los principales responsables del Ministerio de Economía y Hacienda ha venido a marcar el fin de las vacaciones estivales en el terreno económico. El anuncio más espectacular, aunque no el único, ha consistido en la promesa de reducción de las retenciones fiscales a partir del próximo mes de enero. La propuesta inicial implica una reducción global de las tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del orden del 3%, desigualmente repartida: los perceptores de rentas más bajas obtendrán reducciones mayores que los beneficiarios de rentas más elevadas, algunos de los cuales tendrán incluso que pagar más impuestos que antes. El Gobierno pretende así conciliar la ideología con las necesidades económicas, aunque no es seguro que lo consiga, pues la propuesta es bastante tímida y queda muy por detrás de lo realizado en otros países.Una reducción global del 3%, que es la tasa de inflación esperada para 1987, acomoda las escalas retocadas a la inflación prevista para el próximo año, sin corregir para nada los efectos de la inflación sobre el conjunto de las rentas a lo largo de los últimos años. Basta con comparar los impuestos que han pagado las familias en junio de este año con los que pagaban hace unos años para constatar el desmesurado aumento de la presión fiscal sobre todos los niveles de renta, sin excluir los más bajos. Por no tomar más que un ejemplo, un matrimonio con dos hijos cuyos ingresos en 1979 fueran de tres millones de pesetas tuvo que pagar al fisco un 20% de su renta en 1980, mientras que en junio pasado la cantidad a abonar por los mismos ingresos, mantenidos en pesetas constantes, ha sido de un 30%. Las propuestas del ministerio apuntan en la dirección correcta, pero están lejos de compensar el deterioro del poder adquisitivo que ha sufrido la mayoría de las familias españolas como consecuencia del mantenimiento -e incluso la agravación- de las tarifas del IRPF en un período de inflación.

El aumento de la presión fiscal directa en los últimos tiempos ha sido especialmente fuerte. Los ingresos fiscales procedentes del IRPF han superado en los siete primeros meses del año el 45% de los obtenidos en el período correspondiente de 1986, cifra difícil de compatibilizar con el crecimiento de las remuneraciones salariales, que se ha situado en torno al 10%. Aparentemente, ha sido este inusitado crecimiento el que ha convencido a los responsables económicos de la necesidad de aliviar la carga fiscal de las familias españolas, algo que, por otra parte, ha hecho ya la mayor parte de los Gobiernos europeos.

Los expertos del ministerio estiman en unos 150.000 millones de pesetas los ingresos que dejará de percibir el fisco como consecuencia de las nuevas tarifas propuestas. Los efectos de esta medida sobre la economía se harán sentir sobre el consumo privado, pues la reducción afectará prioritariamente a las familias que tienen una mayor propensión al consumo. Si, como se ha anunciado, se endurecen las tarifas correspondientes a las rentas más altas, paralelamente al aumento del consumo se producirá una disminución del ahorro.

Las previsiones macroeconómicas para 1988, en líneas generales, se sitúan en la prolongación de las tendencias actuales de la economía. Se espera que el producto interior bruto (PIB) aumente en 1988 en un 3,5%, que la inflación se reduzca hasta el 3% y que el saldo exterior modere su aportación negativa al crecimiento, a pesar de que las importaciones de mercancías continuarán progresando más deprisa que las exportaciones. Tal vez el elemento más interesante sea el anuncio del aumento de la inversión en un 10% en términos reales, aunque la financiación de la misma planteará problemas si se reduce la tasa de ahorro y si se mantienen los tipos de interés actuales. Habrá que esperar a una presentación más detallada de la política económica para 1988 a fin apreciar su coherencia y verosimilitud.