El Gobierno exime a la Iglesia de pagar el IVA en la construcción de edificios destinados al culto

El Gobierno ha pedido al Ministerio de Economía y Hacienda la elaboración de una orden ministerial para la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las obras de construcción de lugares de culto y de edificios destinados a actividades religiosas pertenecientes a la Iglesia católica. Esta decisión se tomó tras la reunión de la comisión mixta Iglesia-Estado -que presiden el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el del episcopado, Elías Yanes- del pasado 1 de julio. Este acuerdo se produjo en un momento en que las relaciones entre ambos poderes atravesaban un delicado momento. Algunos días después se hizo público el cese de Gonzalo Puente Ojea como embajador ante la Santa Sede.

El texto, especialmente favorable para la Iglesia católica, establece que es potestad del obispo determinar si la obra emprendida lo es para fines de culto o religiosos.Los representantes de la Iglesia en esa reunión intentaron que también tuviese la misma facultad el ordinario propio, figura contemplada por el Código de Derecho Canónico (artículos 295 y otros) en el marco de la estructura de las llamadas prelaturas personales, como el Opus del. Este intento fracasó, entre otras razones, porque el Opus Deino figura en el registro de asociaciones religiosas del Ministerio de Justicia y porque la figura canónica de ordinario propio no está recogida en los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Gobierno español el año 1979. En estos acuerdos sólo esta recogida la figura tradicional en el derecho canónico del ordinario del lugar, es decir, el obispo.

El intento de eximir al Opus Dei del pago del IVA no era la primera vez que se producía. A pesar del hermetismo que rodea las reuniones de las cúpulas del poder ejecutivo y el eclesial, en otra ocasión anterior había sido planteado, aunque con menor fuerza que el pasado 1 de julio.

Al parecer, el propio secretario general de la Conferencia Espiscopal, Fernando Sebastián, fue uno de los representantes eclesiásticos que defendieron esta exención. Uno de los inspiradores de esta política de defensa del Opus del es el propio nuncio, Mario Tagliaferri. "Se puede afirmar que su mano está detrás de ello, aunque no se vea-, manitestó una fuente eclesiástica a este diario. A la reunión del pasado 1 de julio asistieron, por parte del Gobierno, Alfonso Guerra y los ministros de Educación y de Justicia, José María Maravall y Fernando Ledesma, respectivamente.

Por parte de la Iglesia participaron en la sesión el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes; el secretario general, Fernando Sebastián, y el presidente de la comisión episcopal de educación, José Delicado Baeza. La sesión transcurrió en un clima de cordialidad, según fuentes eclesiásticas, eliminados algunos de los recelos de anteriores sesiones.

El proyecto de decreto de exención del IVA sustituye a la anterior normativa de 19 de octubre de 1981, por la que la Iglesia no pagaba el impuesto de tráfico de empresas.

La Iglesia no paga ningún impuesto, excepto los municipales de agua, basuras, alcantarillado o licencia de obras. Las arcas del Estado no reciben nada en concepto de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, sobre actos jurídicos documentados, sobre sucesiones, sobre los bienes de las personas jurídicas y sobre el lujo.

La Iglesia católica está asimismo exenta del pago de contribución territorial urbana y rústica. Ello permite afirmar a algunos expertos que es mayor la contribución indirecta -vía exenciones- que recibe la Iglesia que la directa. Este año, la Conferencia Episcopal recibió 13.312 millones de pesetas -aportadas para sustentarse por el Gobierno español.

Sin embargo, algunos ministerios han destinado cifras importantes al mantenimiento. Así, entre otros, el Ministerio de Defensa aportó más de 1.000 millones de pesetas para la asistencia religiosa católica y el Ministerio de Educación más de 100.000 millones en concepto de subvenciones y conciertos con los centros privados.