Verde y con asas

DURANTE AGOSTO, mes propicio a las diabluras, incluidas las de carácter administrativo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las convocatorias para cubrir un total de 228 puestos administrativos de distintos niveles mediante el sistema de libre designación entre funcionarios. Este sistema, considerado como excepcional por la ley de Reforma de la Administración de 1984, consiste en la selección por cada ministerio de la persona destinada a ocupar el cargo de entre los funcionarios que hayan enviado su currículo en respuesta a la convocatoria aparecida en el BOE, en la que se hace constar los requisitos para concurrir. Con frecuencia, la convocatoria oficial sirve únicamente para dar apariencia de neutralidad administrativa a una decisión personal tomada de antemano: una ve¡ seleccionada in péctore la persona, se hace pública la convocatoria en la que los requisitos exigidos corresponden al perfil de aquélla. En ocasiones, el sistema produce efectos tan chuscos como el de un importante ayuntamiento vasco que incluyó entre los títulos a exhibir por los aspirantes a jefe de la Policía Municipal el de capitán de la marina mercante, que como por casualidad venía a coincidir con el oficio de la persona que desempeñaba provisionalmente el cargo por decisión del partido mayoritario en la corporación. Es decir: verde y con asas.El recurso al sistema de libre designación ha sido profusamente utilizado por la Administración socialista. En su día se consideró una vía intermedia entre la simple designación a dedo y el concurso u oposición. La discrecionalidad en el nombramiento se veía moderada por la exigencia de que los aspirantes fueran funcionarios en ejercicio. Pero siempre se consideró una medida excepcional, explicable por la necesidad de la nueva Administración de rodearse de un funcionariado no hostil tras decenios de administraciones de la derecha. Fuentes gubernamentales expresaron no hace mucho su voluntad de reducir el recurso a ese sistema a casos muy específicos. A la vista de la cifra que ofrecemos no parece que esa voluntad haya cuajado por el momento.

Ello resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que desde la entrada en vigor de la ley de Reforma, 25.000 puestos funcionariales fueron cubiertos por ese sistema definido como excepcional. Pero es preocupante, sobre todo por lo que tiene de indicativo respecto a las dificultades con que sigue encontrándose cualquier intento serio de abordar de una vez la modernización de la administración pública española, imposible mientras el enchufismo, o incluso su mera posibilidad objetiva, siga impidiendo la aplicación de criterios de estricta profesionalidad en la selección y promoción de los funcionarios.

Desde hace un siglo, todos los intentos de construir una administración pública profesionalizada, por una parte, y rentable y eficaz en términos sociales, por otra, han chocado sistemáticamente en España con resistencias corporativas, pero no sólo de sectores del propio funcionariado, sino también de los aparatos de poder político. El sistema de corrupción electoral y caciquismo que caracterizó a la España de la Restauración dio al traste con intentos de reforma como el de Maura, en 1907, sin que ni durante la dictadura de Primo de Rivera ni en los años de la II República lograran cuajar los numerosos proyectos que en uno u otro momento llegaron a discutirse. El franquismo, por su parte, convirtió a la administración en un apéndice del partido único, por lo que esa anhelada profesionalización se aplazó por varias décadas más.

El retraso así acumulado, con su corolario de condensación de usos e inercias, ha dificultado la reforma prometida en el programa electoral de los socialistas. Pero que esos usos han entrado a formar parte de los hábitos del partido del Gobierno lo demuestra la facilidad con que, en todos los niveles de la administración, y no únicamente en aquellos en que parece lógica la presencia de personal de confianza, se ha renunciado a la vía considerada como normal -concurso u oposición- en favor de la libre designación. No parece evidente que el sistema sea imprescindible para cubrir puestos como el de gestor de viajeros de Rosal de la Frontera o el de jefe del área de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores de la delegación de trabajo de Manresa, por citar dos ejemplos extraídos del último número del BOE.