Menorca, entre el turismo de calidad y el 'chusmerío'

Hace 15 años, en cala En Blanes, en las proximidades de Ciutadella, sólo se bañaban dos familias: la del barón de Squella y la del guarda. Todavía se conserva la pequeña casa encalada que utilizaban las mujeres de la familia para cambiarse de ropa. Lo cuenta ahora sin nostalgia Simón de Olivares, barón de Squella, propietario en esa fecha de una finca de 400 hectáreas. "Esto era un pedregal", asegura el barón, mientras señala con su bastón lo que fueron sus posesiones. La situación era parecida en todo el litoral. Mientras Ibiza y Mallorca descubrían el turismo como industria de subsistencia y enriquecimiento rápido, Menorca se mantenía aislada del proceso de balearización.

El calzado, la bisutería y la agricultura permitían a los menorquines ser auto suficientes. Sólo los hippies, algún viajero amante de la soledad, unos pocos industriales vascos y familias alemanas llegaban a la isla. En esa época la infraestructura turística era mínima y estaba controlada. Unos pocos hoteles salpicados por la costa y, alguna que otra pensión bastaban para alojar a los visitantes. El nativo comprendía la inutilidad de apresurarse: "Aquí no fissa ningú" (nadie se apresura), era uno de sus dichos, y recomendaban al viajero que se abstuviera de contar las maravillas que habían visto, en un intento de preservar la isla de la invasión.

Las cosas empezaron a cambiar en la década de los setenta. Los propietarios de terrenos apostaron por la posibilidad de ganar dinero fácil y rápido. Sus aliados fueron los ayuntamientos, que no tuvieron reparo en aprobar la creación de 34 urbanizaciones en la isla. La guinda que redondeó el proceso hacia la urbanización turística la aportó el cambio de situación legal en la industria del calzado.

A principios de los ochenta, las empresas de zapatos, ubicadas en su mayor parte en Ciudadela y Ferreries, entran en crisis como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y la CEE (Comunidad Económica Europea). Los empresarios, a los que en la isla definen como el típico vendedor con el muestrario bajo el brazo, no sabían nada de mercadotecnia, y los italianos y los franceses, que sí estaban al tanto, se quedaron con el mercado. Sólo unos pocos que supieron comercializar el producto lograron mantenerse en la legalidad, mientras el resto tuvieron que optar por la economía sumergida. Las suspensiones de pagos se sucedieron y cerca de 300 trabajadores fueron al paro.

Calidad o 'chusmerío'

De la autosuficiencia se pasó, en parte, a la dependencia exterior que crea el turismo. Bajo la presión de promotores, constructores, operadores turísticos y cierta clase política se inició el proceso de cambio. Unos optaron por el turismo de calidad, que conlleva una adecuada ordenación del territorio y una utilización óptima de los recursos naturales; otros, tendieron hacia el chusmerio, que supone el consumo irracional de suelo, la pérdida de calidad de vida y el disparo de la especulación de terrenos. El acoso y derribo de la costa originó también la reestructuración de una parte de las actividades de la población, que ahora participa en el negocio de la construcción o monta industrias auxiliares.

Menorca tiene 710 kilómetros cuadrados de superficie y se ha urbanizado un 5% del territorio. Sobre el total de la isla hay, en este momento, un 2,1% (15,15 kilómetros cuadrados) de suelo disponible para edificar. Las 3.000 plazas de apartamentos con que contaba la isla en 1980 se han multiplicado por 10 en 1986, según datos de la Consejería de Hacienda, y una evolución parecida han seguido las plazas hoteleras. Los 63.000 habitantes de la isla se triplican en verano, según las cifras oficiales, pero se especula con cifras mucho más altas de veraneantes.

En los últimos años se ha potenciado la construcción de un nuevo modelo de ciudades-jardín formadas por apartamentos de dimensiones mínimas. Las nuevas edificaciones suponen concentraciones con densidades altísimas, que crean graves problemas por la destrucción de recursos naturales de la isla.

El barón de Squella tiene ahora 66 años, y su finca, de 400 hectáreas -con 200 urbanizables-, está plagada de viviendas unifamiliares. En los alrededores han empezado a surgir también apartamentos. En los acantilados de cala Blanes se han construido pequeñas escaleras para facilitar el acceso al mar, y en las rocas se han montado plataformas de hormigón, en las que los turistas toman el sol. "La ecología está bien", dice el barón ante las críticas que reciben los promotores, "pero primero han de vivir los hombres. ¿Qué se puede hacer aquí que no sean chalés? Sobre la roca se ha hecho el milagro. La vegetación que se ve ahora, formada por pinos y tamarindos, la plantamos nosotros. Hay también un club de tenis, que es una monada, y un hipódromo que funciona. El turismo no es la panacea, pero renta y da puestos de trabajo". El barón asegura que en la zona, incluida la urbanización Los Delfines, veranean ahora cerca de 4.000 familias.

El barón, cuya familia conoce a 19 generaciones, fue alcalde de Ciutadella hace 25 años. De su paso por la alcaldía le quedó una pequeña espina: no haber conseguido que el aeropuerto de la isla se instalara en Ciudadela. "Sobrevolé la isla con el ministro del Aire, y al final Maón ganó la batalla".

El distanciamiento entre los habitantes de Maó y Ciudadela -ciudades situadas a menos de 50 kilómetros de distancia- es tan antiguo como sus costas. Ciutadella, cuna de la nobleza y sede del obispado, perdió la capitalidad por obra y gracia del ejército invasor inglés, que la trasladó a Maó. Dos siglos después, los fantasmas del pasado todavía subsisten y la nueva capital sigue ganando batallas. La industria de la bisutería, instalada en Maó, es un negocio floreciente, y las ocho urbanizaciones instaladas en su territorio mantienen un mínimo de calidad.

Mercadal y Ciutadella, los municipios con mayor extensión de costa, se llevan la peor parte en lo que a construcción se refiere. Los rumores sobre posibles irregularidades urbanísticas en Ciutadella han desencadenado una fuerte crisis municipal: Antonio Orel, alcalde socialista, presentó su dimisión, un mes y tres días después de tomar posesión, y Josep Cabrisas, ex concejal de Urbanismo, ha sido suspendido de militancia en el PSOE mientras el partido inicia una investigación sobre su forma de actuar en los últimos cuatro años.

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido aprobado provisionalmente, se llevó a cabo durante el pasado gobierno socialista. Josep Cabrisas, concejal de Urbanismo en esa época, promovió pactos con los promotores por los que éstos, mediante un aval bancario, se comprometían a terminar las infraestructuras de las urbanizaciones existentes a cambio de licencias para nuevas obras. El pasado año se construyeron en Ciutadella tres hoteles y 2.000 apartamentos, con unos ingresos de 93 millones de pesetas para el Ayuntamiento por concesión de licencias.

Cabrisas militó en el PSOE durante ocho años y estaba considerado como un hombre de confianza en el partido. El ex concejal, según sus defensores,

no hizo más que cumplir con las recomendaciones del entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, que por esas fechas envió cartas a los ayuntamientos en las que aseguraba que lo importante era el crecimiento económico a toda "costa". Sus detractores aseguran, sin embargo, que convirtió el Ayuntamiento en una imnobiliaria.

Pero la única acusación que se le puede probar es la compra, en octubre del pasado año, de los únicos terrenos del municipio en los que se prevé la instalación de una gasolinera. Los terrenos fueron calificados para este uso después de que su esposa presentara una alegación en este sentido cuando el Plan General se encontraba en el trámite de exposición pública.

En Ciutadella, las edificaciones se han levantado tan rápidamente que los vecinos han visto cómo los turistas esperaban en la puerta de su residencia veraniega con las maletas en la mano mientras los obreros daban los últimos toques a los apartamentos. El turista puede quedarse clavado en un enorme bache del asfalto, situado frente a la típica hamburguesería, o encontrarse con que se ha construido una depuradora en una zona comercial. En la mayor parte de las urbanizaciones de la zona quedan restos le obras, algunas calles no están acabadas y hasta hace unos meses un cable de alta tensión pasaba por encima de una piscina.

"La herencia del pasado"

Orell, el ex alcalde, ha justificado su dimisión por motivos "personales", pero su renuncia se ha interpretado como una forma de no dar explicaciones sobre determinadas actuaciones urbanísticas. Orell, que siempre defendió a Cabrisas, justifica la actuación de su gobierno municipal como fruto de la herencia del pasado. "No podíamos hacer otra cosa", dice. "El Plan General anterior tenía unas previsiones de aumento de 200.000 plazas de habitantes teóricos entre los núcleos urbanos y los urbanizables. Lo dejamos en la mitad. No podía reducirse más. La construcción de hoteles había estado paralizada durante 10 años y la presión de la iniciativa privada era muy fuerte en este sentido".

Antonio Villalonga, senador y secretario del PSOE en Ciudadela, es partidario de que se apruebe el Plan General para evitar que entre en vigor el anterior, redactado en 1974, "más expansionista que el actual y que además contempla la urbanización de la zona sur, en la que todavía se conservan playas vírgenes". Es voluntad del PSOE, según el senador, cambiar la actuación urbanística en este nuevo mandato municipal. Antonio Salvador, el actual alcalde, se mostró partidario de "aplicar criterios más restrictivos en la concesión de licencias de obras para ralentizar el ritmo de construcción". Es probable también que el equipo de gobierno municipal renuncie a la política de conceder licencias de obras con avales bancarios para ejecutar la infraestructura de las urbanizaciones.

Juan López, portavoz en el Parlament balear de Entesa de l'Esquerra de Menorca -grupo formado por ex militantes del PCE y nacionalistas-, asegura que se ha ocupado más terreno del que era necesario, y se muestra preocupado por lo que se avecina. "En lo que va de año se han ingresado en el Ayuntamiento 38 millones de pesetas por licencias de obras, lo que demuestra una tendencia a la construcción similar a la de 1986", dice.

Para José Alles, portavoz de AP en el Ayuntamiento, es difícil parar lo que ya está en marcha. "Las nuevas obras comenzarán a primeros de septiembre", afirma. Desde la oposición, su partido ha solicitado que se realice una auditoría fiscal, jurídica y urbanística de la gestión municipal.

Una vez que se ha decidido que el desarrollo turístico es necesario, políticos y promotores tendrán que decidir entre dos alternativas: o el turismo de calidad o el chusmerío diferencial. La decisión final conducirá a la isla hacia uno u otro tipo de dependencia.