El Gobierno de Thatcher obtendrá unos 26.000 millones de libras con el proceso desnacionalizador

El Gobierno de Thatcher recaudará 26.000 millones de libras esterlinas (5,2 billones de pesetas) una vez haya finalizado el proceso de privatización de empresas públicas, según afirmó Marisol Esteban Galarza, profesora de Política Económica de la universidad del País Vasco, en el curso sobre La empresa pública: problemas y perspectivas, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Hasta la fecha, el Gobierno conservador británico ha conseguido 12.000 millones de libras, ha duplicado el número de accionistas existentes en el Reino Unido y ha trasladado 400.000 puestos de trabajo desde el sector público al privado. Marisol Esteban no dudó en resaltar los criterios políticos que han primado en el proceso de privatización británico -hasta la fecha el más ambicioso llevado a cabo en el mundo-, y señaló que uno de los aspectos más populares y menos conocidos del programa fue la venta de viviendas sociales a sus ocupantes, convertidos de la noche a la mañana en 750.000 nuevos propietarlos.

La concesión de servicios públicos a empresas privadas constituye el tercer eje del plan, iniciado con cierto temor en 1979 y relanzado en 1983 ante su éxito y rentabilidad electoral. El Gobierno Thatcher ha conseguido así reducir drásticamente la presencia del Estado en la economía, que ha pasado de un 10,5% del producto interior bruto (PIB) a un 6,5% al final del período. Tras la privatización de British Telecom y British Gas, en los próximos meses se producirá la de Rolls Royce y la distribución de aguas. En total, Thatcher ha vendido al sector privado el 20% de la producción total del Estado.

En la misma sesión intervino el catedrático de Derecho Administrativo de la universidad de León, Francisco Sosa Wagner, que explicó el nuevo régimen de la Administración local en la regulación de las empresas públicas, de las autonomías y de los ayuntamientos.

Por otro lado, el catedrático Luis Fernández de la Gándara, de la universidad de Alicante, afirmó ayer que la empresa pública se ha convertido en los últimos años dentro de los países de la CE en un vehículo más de intervención y control de la economía por parte del Estado, pese a que la Comisión Europea está tratando muy recientemente de delimitar su funcionamiento y adecuarla a la normativa y espíritu de libre concurrencia contenido en el Tratado de Roma.

Expedientes

Para España, la integración en la CE ha supuesto un reto importante de adaptación de su empresa pública a la normativa comunitaria. También ha visto investigados los mecanismos de asistencia y ayuda financiera que reciben algunas empresas públicas. Luis Fernández de la Gándara citó el caso de los expedientes abiertos en estos momentos por la comisaría para asuntos de competencia de la CE: adaptación del monopolio Campsa, ayudas a las zonas de urgente reindustrialización (ZUR), ampliaciones de capital en ENASA-Pegaso, ayudas de Cantabria a Magefesa y los supuestos acuerdos de precios en la sociedad Interquisa.