El Gobierno publicara en septiembre el estatuto del gasolinero, llegue o no antes a un acuerdo con la CE

El Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Energía, está decidido a publicar en septiembre u octubre el denominado estatuto del gasolinero -normativa que regulará la venta al por menor de los productos carburantes derivados del petróleo-, independientemente de si llega antes a un acuerdo global con la Comisión Europea sobre los mecanismos de liberalización del sector petrolero, funda mentalmente el antiguo monopolio de petróleos. Industria recibió, en las últimas semanas, procedente de la CE, la denominada mise en demeure comunitaria, en la que se emplazaba al Gobierno español a concretar en dos meses los plazos de liberalización del sector petrolero, especialmente la distribución.

El ministro de Industria, Luis Carlos Croissier; su secretario general de la Energía, Femando Maravall; el director general de la Energía, Víctor Pérez Pita, y el subdirector de Hidrocarburos, Ignacio Egea, se han llevado a su lugar de vacaciones una copia de esta comunicación a fin de estudiar la respuesta que, a finales de septiembre, será enviada a Bruselas sobre las puntualizaciones al proceso de liberalización de este sector realizadas por el comisario para cuestiones de la Competencia, Peter Sutherland. La idea inicial de la Administración es tratar de llegar a un acuerdo antes de que expire el plazo dado por Bruselas y negociar todo lo que se pueda las puntualizaciones comunitarias.

Este proceso de negociación se ha visto favorecido por la ampliación a dos meses del plazo de un mes que esperaba diera la Dirección General de la Energía,de la Comisión Europea para hacer llegar la respuesta.

Pero, segun fuentes gubernamentales españolas, Madrid está decidido a publicar su actual versión del estatuto del gasolinero -el punto más conflictivo, que ha dado pie a la mise en demeure por parte de las autoridades comunitarias-, independientemente de si se llega o no a un acuerdo negociado.

La mise en demeure recibida de Bruselas está basada en los cuatro puntos de la denominada "ficha de infracción" que abrió hace unos meses el responsable de temas de competencia energética, el francés Cadieu, sobre el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno español de los compromisos contractualespara desmántelar el monopolio comercial establecido en el pasado en torno a Campsa.

Primer borrador

Esta ficha de infracción, aparte de la venta al por menor (estatuto del gasolinero) de productos derivados del petróleo y carburantes, hacía referencia a la distribución de los cupos negociados de importación de productos petrolíferos procedentes de los países comunitarios, el acceso a los grandes consumidores de fuelóleo y gasóleo, así como el relativo a la estructura de precios energéticos. El ministerio de Industria envió el pasado diciembre a Bruselas un primer borrador del denominado estatuto del gasolinero, que preveía regular la venta al por menor de los derivados carburantes del petróleo.

Este borrador mantenía el actual régimen de distancias para la instalación de nuevas gasolineras y puntos de venta y establecía tres zonas de instalación por la geografía española, de forma que se establecía la obligación a las multinacionales de instalarse de acuerdo a una compensada distribución geográfica.

En conversaciones con la Comisión Europea, este estatuto del gasolinero experimentó alguna variación, como la reducción de las tres zonas a dos, pero se mantuvo prácticamente inalterable el régimen de distancias, salvo en las grandes ciudades.

La CE estimó que la liberalización resultaba todavía insuficiente y decidió abrir la ficha de infracción, primer paso teórico para enviar la disputa al arbitraje del Tribunal de Luxemburgo, A la ficha siguió la mise en demeure y el proceso se terminará a finales de septiembre con un denominado avis motivé, tras el cual se pasará a la vía judicial.

Según fuentes españolas, el Gobierno no teme llegar al Tribunal de la Competencia comunitaria por entender que, aparte de las razones jurídicas, el asunto tiene una trascendencia económica y estratégica que supera el mero ámbito legal.

Asimismo, la liberalización que persigue la CE está, teóricamente, en contradicción con la actual legislación española, extremo que reduce el margen de maniobra administrativo.

Reclamación judicial

Dentro de este contexto, Industria estima que sólo una disposición de rango superior, como sería la comunitaria, permitiría a la Administración adaptar su normativa y reduciría las posibilidades, de éxito de cualquier reclamación judicial que pudiera iniciar algún interés económico español que se considere afectado. Fuentes del sector energético estiman que la reducción de los 500 metros mínimos para instalar nuevos puntos de venta, plantearía problemas jurídicos y posibles contenciosos económicos con los actuales gasolineros españoles que se rigen por concesiones administrativas a largo plazo.

La modificación legal del régimen de distancias supondría, de hecho, un cambio en la concesión administrativa y el Gobierno español parece interpretar que sólo una normativa de rango comunitario eliminaría la posibilidad de estos contenciosos.