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COMUNICACIÓN

Clemente Auger defiende en la Menéndez Pelayo el derecho de los medios a informar sobre los juicios

Clemente Auger, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, dijo ayer que ningún juez puede prohibir el acceso a la vista de los medios de información, a menos que tal vista sea declarada "a puerta cerrada". Ésta y otras manifestaciones las hizo en el transcurso del seminario sobre La ley y los medios informativos, que, organizado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI), se está celebrando esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

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El espía y los tribunales

En relación con le tema Prensa libre y juicio justo: el derecho a saber frente a la protección de los derechos del individuo, Auger dijo que en Espada el principio de la publicidad en los juicios, garantizado por la Constitución, implica que éstos pueden ser conocidos más allá del círculo de los interesados y presentes en los mismos, y esta proyección sólo puede hacerse efectiva con la asistencia de los medios de comunicación.Para Auger, la regla que dispone el secreto de las actuaciones sumariales es, ante todo, una excepción a la garantía constitucional, según la cual las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. "Pero la regulación legal del secreto sumarial no puede interponerse como un límite frente a la libertad de información".

Por estas y otras razones, una información obtenida antes y al margen del sumario no puede considerarse atentatoria al secreto sumarial", de acuerdo con las explicaciones de Auger. Para este jurista, el peligro del llamado juicio paralelo de la Prensa sobre una actuación de los jueces no puede conducir a la clausura o censura de la información por su posible influencia en los jueces. "Ante un hecho de trascendencia social, los poderes públicos no pueden escudarse en la circunstancia de que sobre los mismos se sigue un procedimiento judicial. El silencio se presenta en este contexto como una mera coartada para sostener la interesada negativa de información a ciudadanos exigentes".

En una línea similar se pronunció Gerardo Viada, abogado madrileño especializado en temas procesales de libertad de expresión, que ahogó por la "luz y taquígrafos" para los juicios y las actuaciones judiciales. Viada advirtió, sin embargo, sobre la posible influencia en los jueces, y hasta en los abogados, de los «juicios paralelos" de la Prensa, pero terminó afirmando que la libertad de expresión es un bien público que sólo podrá ser objeto de limitaciones en la medida en que entre en colisión con otros derechos socialmente significativos.

El director del periódico londinense The Guardian, Peter Preston, criticó duramente al Gobierno y a los tribunales británicos, a los que acusó de utilizar la ley en el caso de los secretos oficiales como un castigo económico, puesto que los costes de procedimiento son muy caros. Prestan analizó la legislación británica sobre la libelo, el desacato y los secretos oficiales, y se mostró pesimista sobre las actuaciones judiciales en estas materias.

La Prensa norteamericana no padece estos problemas, según la exposición del abogado norteamericano Floyd Abrams, especialista en cuestiones de libelo. "Estados Unidos ha apostado por los riesgos de la libertad de expresión; por eso mantenemos que los Gobiernos son el problema y el peligro para la libertad de expresión y no precisamente una solución a los mismos", explicó Abrams. Previamente, el redactor jefe del periódico londinense The Independent, Jonathan Fenby, había mostrado su preocupación por las últimas actuaciones de los tribunales británicos, especialmente en el caso del ex espía Peter Wright.

Desacato

La abogada Cristina Alberdi, miembro del Consejo del Poder Judicial, dijo que hoy día los medios de información ya pueden criticar las resoluciones judiciales sin m'curnr por ello en desacato. "Sin embargo, el límite de la información y la crítica debe manifestarse cuando se pone en cuestión la parcialidad o la independencia de los jueces o el mismo principio de legalidad, base del Estado de derecho. Cristina Alberdi se manifestó partidaria del jurado en los procesos de desacato a la Prensa.

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