Coyuntura y conjeturas

LOS ÚLTIMOS indicadores publicados sobre la marcha de la economía han dado pie a una euforia oficial que aparentemente se pretende transmitir a los ciudadanos para que se vayan tranquilos de vacaciones, conscientes de que el Gobierno vela por su bienestar material. Y, sin embargo, no todos los indicadores son tan favorables como se ha dicho.Éste es el caso de las estadísticas del paro registrado. El Ministerio de Trabajo lleva cuatro meses aireando la disminución del número de parados a sabiendas de que la reducción se debe a circunstancias de carácter estacional y que cuando se eliminan estos factores la disminución se torna en aumento. Es más, corregidas las variaciones estacionales, las cifras de paro registrado han venido aumentando desde julio de 1986. La euforia no tiene justificación, aunque es cierto que una parte del aumento del número de parados se debe al crecimiento de la población activa por la incorporación a los mercados laborales de trabajadores que antes no buscaban empleo.

Otro punto oscuro se sitúa en el déficit público. Las cifras correspondientes a la primera mitad del año señalan el mantenimiento del déficit del Estado en un nivel equivalente al del pasado año. Basta, sin embargo, comparar la cifra de aumento de los ingresos (un 30%) y de los gastos (un 22%) con la presupuestada (un 12,6% y un 8,2%, respectivamente) para darse cuenta del abismo que separa la realidad de lo aprobado hace unos meses por el Parlamento. La situación es tanto más preocupante cuanto que el aumento de los ingresos, distorsionado por el aplazamiento del IRPF el pasado año, refleja un incremento desenfrenado de la presión fiscal directa, algo que no podrá ser mantenido mucho tiempo.

Quedan, por último, los precios. La estabilidad registrada en el mes de junio, que seguía a una ligera disminución en el mes de mayo, ha sido saludada como una excelente noticia por todos los observadores. Sería peligroso, sin embargo, pensar que la inflación está dominada: los buenos resultados registrados se deben fundamentalmente a la caída de los precios de la alimentación, cuyo comportamiento es fuertemente cíclico. La tasa de crecimiento anual de estos precios fue del 4,2%. en junio, cifra que contrasta fuertemente con la correspondiente al mes de octubre pasado, en el que superaba el 13%. Lo más probable es que los precios de la alimentación aumenten en los próximos meses y que la tasa de inflación general, tras descender algunas décimas en los meses inmediatos, termine el año en los alrededores del 5% definido como objetivo por el Gobierno.

De manera general, la marcha actual de la economía puede calificarse de satisfactoria, aunque diste mucho de ser triunfal. Aparentemente, el Banco de España estima el crecimiento en un 4%, cifra que sorprende a un cierto número de expertos del sector privado, que más bien piensan en una tasa ligeramente superior al 3%. Desgraciadamente, el estado actual del aparato estadístico español reduce a conjeturas lo que en otros países es una simple constatación de hechos. Pero aun así, y con las sombras derivadas de la interpretación de algunas de las cifras, un crecimiento del 3% sería un resultado honorable en una Europa en la que las cifras de crecimiento son continuamente revisadas a la baja y en unas circunstancias en las que el proceso de adhesión a la CE nos resta, por la vía de la demanda exterior, algunos puntos de crecimiento.

Finalmente, sería aventurado establecer una vinculación estricta entre una política económica que ha provocado los tipos de interés reales más elevados de los países industrializados y el crecimiento de la inversión productiva, auténtico motor de la demanda interna a lo largo de los últimos meses. El principal mérito de la política económica tal vez haya sido proporcionar un marco relativamente estable para las decisiones de unos agentes económicos que parecen haber aceptado el desafío de la integración europea. A su vez, el principal reproche que estos agentes dirigen a la política económica consiste en haber permitido un alza de los tipos de interés que sólo rentabiliza proyectos de inversión especulativos. Es en el trecho que separa ambos razonamientos donde deben inscribirse los juicios sobre la situación.