Temporeros de la Administración

Quien crea que todo puesto de trabajo en las administraciones públicas es una bicoca segura, que pregunte a Ángel Zamorano, de 34 años, que llegó a Madrid desde Barco de Ávila hace tres años para trabajar como contratado administrativo en Correos, que cobra 45.000 pesetas mensuales por hacer el mismo trabajo por el que un funcionario cobra más de 60.000, que nunca ha sabido cuánto tiempo le duraría el trabajo y que ahora se enfrenta con la posibilidad de tener que volver a su pueblo con las orejas gachas.

Ángel Zamorano forma parte de un colectivo en vías de extinción, los contratados administrativos -ya sólo unos 1.500-, a los que se les proporcionan dos oportunidades de concursar con ventaja en las oposiciones. Otro colectivo de contratados temporales, que nadie puede determinar con seguridad, nació al amparo de la normativa surgida a partir de octubre de 1984 bajo el espíritu del Acuerdo Económico y Social.Estimaciones sindicales apuntan a que forman entre el 5% y el 10% de las plantillas totales de las distintas administraciones -un millón y medio de funcionarios, más unos 140.000 contratados por tiempo indefinido-. Colectivo que prolifera en las autonomías y, entidades locales, además de en algunos ministerios, como Hacienda.

Otro grupo más numeroso aprovecha las ofertas públicas de trabajo eventual para darle esquinazo temporalmente al paro. Fuentes del Instituto Nacional de Empleo (Inem) aseguran que de los tres millones de contrataciones que se realizan al año en España, un millón y medio son temporales, de las que 250.000 son de las administraciones, subvencionadas por el Inem con 35.000 millones de pesetas. Además, existe otra cifra indeterminada no acogida a subvención.

Denuncias sindicales

Se puede hablar de dos colectivos de temporeros de la Administración: los contratados temporales por diversos períodos de tiempo y modalidades (necesidades de la producción, lanzamiento de nueva actividad, sustituciones ... ), y los que vendimian anualmente en actividades estacionales (limpieza de playas, protección de bosques en verano ... )Sobre la situación de estos colectivos no faltan las denuncias sindicales, compartidas por CC OO, UGT y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF): en bastantes casos se cubren con puestos temporales lo que en realidad serían necesidades estructurales de las plantillas. El trabajador temporal se ve sometido en ocasiones a situaciones serviles por la precariedad de su trabajo. La falta de una normativa homologada de métodos de contratación y la urgencia con que se realizan muchas de ellas, facilitan que prolifere el tradicional enchufado.

Un grupo de los temporeros se enfrenta a la posibilidad de que al cumplirse los tres años de su temporalidad -límite máximo previsto en la normativa para esta figura laboral excepcional- sean despedidos, tal como la CEOE indicó recientemente que ocurriría con unos 200.000 trabajadores de la empresa privada a partir del próximo octubre. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que sólo unos 15.000 temporeros de la Administración podrían verse afectados.

Pero el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, dijo, en sintonía con los sindicatos, que si se demuestra que un puesto de trabajo no se debe a circunstancias eventuales debe trasformarse en fijo. Además, en las administraciones públicas los sindicatos tienen más capacidad de presión. Las negociaciones apuntan a que ninguno de los temporales que se demuestre que cubren un puesto permanente irá a la calle.