El anterior equipo de gobierno aprobó sin ver 1.739 expedientes de gastos a justificar

La intervención del Ayuntamiento de Madrid sólo revisó por el procedimiento de muestreo 290 de los 2.636 expedientes de gastos a justificar que se encontraban sin fiscalizar en mayo. El muestreo fue realizado al comprobar que, en 40 días, los tres equipos creados para controlar más de 3.500 cuentas pendientes desde 1982 únicamente habían visto 900. El 99% de los expedientes analizados por muestreo tenía reparos para su aprobación. A pesar de ello y de que 1.739 expedientes no habían sido revisados fueron aprobados seis días después de que el PSOE perdiera la mayoría absoluta.

Alfredo Tejero, concejal de Hacienda, firmó en los últimos cuatro años alrededor de 12.000 autorizaciones para realizar gastos a justificar. Las autorizaciones fueron no sólo para concejales, sino también para directores de servicios, directores de centros culturales y de instituciones como el Museo Municipal, el Albergue de San Isidro o el Teatro Español y funcionarios con categoría de jefe de departamento para arriba.Esta cantidad es una estimación, a la vista de que sólo se encuentran en el ordenador los datos de los dos últimos años. En 1986, Tejero dio 4.083 autorizaciones de gastos a justificar por valor de 5.462 millones de pesetas; en los seis primeros meses de este año autorizó 1.744 libramientos por valor de 2.815 millones.

Las 12.000 autorizaciones dieron origen a unos 4.000 expedientes al contener muchos de ellos cuatro libramientos trimestrales. El departamento de fiscalización de gasto, compuesto por 34 personas (5 técnicos, 13 administrativos y 16 auxiliares), ante este volumen, se limitó a numerar y archivar las cuentas, al considerar prioritario el control de los gastos normales del municipio.

El 28 de febrero, Intervención General pidió a Tejero que les autorizara hacer horas extras para poner al día todos los expedientes. Según un escrito del interventor, Vicente Arnau, el número de cuentas fiscalizadas en marzo por el equipo creado al efecto fue escaso. Seformaron dos equipos más. Los tres grupos especiales lograron revisar del 1 de abril al 10 de mayo 900 expedientes. Sin embargo, el resultado -calificado de satisfactorio por Arnau- no permitía fiscalizar todos los gastos antes del término del mandato. El 10 de mayo se habían visto 1.004 expedientes y quedaban sin mirar 2.254. A esta irregular situación se unía el que 258 de los 1.004 expedientes fiscalizados se habían devuelto por falta de documentación.

Ante los deseos de los responsables de Hacienda de tramitar la totalidad de las cuentas antes del 10 de junio, Intervención General aplicó, por primera vez, técnicas de muestreo En total fueron revisados 197 expedientes, un 8,8% del total.

Todos menos dos expedientes presentaban uno, dos, tres y hasta seis reparos: 189 tenían faltas en la justificación documental; 61 referidos a contratación administrativa no poseían las tres ofertas necesarias; 33 estaban referidos a contratación de personal cuando ésta según Intervención, no puede realizarse con cantidades a justificar; 71 habían sido destina dos a otro fin del indicado en la solicitud; 67 no tenían IVA, y 103 incumplían Otras normas.

"Los reparos no son, en general, graves", afirmó Tejero, ,,aunque los interventores los hacen observar como resultado de la aplicación estricta de la ley". Ante la inminencia de las elecciones, Intervención recibió entre mediados de mayo y junio otras 382 cuentas a justificar, de las que por muestreo se revisaron 93.

Seis días después de las elecciones, en las que el PSOE perdió la mayoría absoluta, la Comisión de Gobierno en funciones, aprobó 3.033 expedientes por valor de 8.670 millones de pesetas. Algunos de esos gastos eran de 1982, entre ellos, algunos gastos de los grupos políticos en las elecciones de 1983 (ver EL PAÍS del 24 de junio).

José María Álvarez del Manzano (AP) calificó ayer de demagógico la publicación de recibos de las comidas, ya que cada grupo tiene asignado un presupuesto, del que puede disponer libremente. "También AP se gastó dinero en acudir a la corrida de toros de la Policía Municipal. Lo que se critica es la inadecuada organización, la proliferación de cuentas a justificar y la cantidad de gente que tiene autorización para esos gastos".

Agustín Rodríguez Sahagún (CDS) coincide en la misma crítica: acumulación de expedientes durante cinco años y luego una inusitada rapidez en su tramitación, sin garantías.

El nuevo Ayuntamiento ya tiene para aprobar 832 expedientes acumulados.