La Administración financiará la retirada de los pararrayos radiactivos

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de julio la ampliación en un año del plazo para pedir la retirada de los pararrayos radiactivos, que será financiada por la Administración. La instalación de estos dispositivos, fácilmente distinguibles por el cabezal en forma de aro, está prohibida desde el 11 de julio de 1986.

La Dirección General de Energía Nuclear calcula que existen en España unos 30.000 pararrayos radiactivos. En Madrid, según la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) hay unos 7.000.

Su retirada, transporte y almacenamiento (con un coste aproximado de 60.000 pesetas) serán financiados totalmente por el Ministerio de Industria. La Administración previó en un primer momento que la retirada corriese por cuenta de los propietarios. Aedenat criticó esta medida por considerar que incitaría a los propietarios a desprenderse de los pararrayos sin las precauciones necesarias.

La peligrosidad de los pararrayos radiactivos radica en el contacto directo con el material que incorpora en su punta, desgastado frecuentemente por el contacto con las inclemencias metereológicas.

Industria ofreció el año pasado una doble posibilidad para los pararrayos existentes: su retirada o su homologación como instalaciones radiactivas (lo que exigiría complejos trámites, como la elaboración de un plan de emergencia en caso de accidente).

Las solicitudes de retirada se dirigen a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que ha subcontratado cuatro empresas para que realicen la retirada. Enresa retiró el año pasado cerca de un decena de dispositivos en mal estado. Desde julio de 1986 se han recibido unas 1.000 avisos de retirada. Aedenat considera "ridículo" este número y lo achaca a la falta de información al público y el hecho de que los gastos de retirada corrieran, en un principio, por cuenta de los propietarios.