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Tribuna:

Corpus de sangre

El 7 de junio de 1896 fue, como el de 1640, un Corpus de sangre en Barcelona. Al pasar la procesión por la calle de Cambios Nuevos hacia la iglesia de Santa María del Mar, una mano desconocida arrojó un explosivo que causó media docena de muertos en el acto y algunos más en días sucesivos. La ciudad se horrorizó. No era el primero de estos atentados -dos años antes, Santiago Salvador había lanzado sus famosas bombas sobre el patio de butacas del Liceo, en plena representación de ópera-, pero esta vez no se le encontraba ni siquiera el pretexto de que se trataba de dar una lección o escarmiento a la burguesía. Los muertos pertenecían a capas populares y había entre ellos varios niños.Como es secuela habitual de este tipo de actos, se despertó una ciega ansiedad de persecución. La policía, totalmente desorientada sobre la autoría real del atentado, pareció plantearse como único objetivo llenar las cárceles a cualquier precio. Pronto hubo 400 detenidos, entre anarquistas (alguno de ellos, como José Llunas, notorio enemigo de la propaganda por el hecho), dirigentes de sociedades obreras, maestros laicos, incluso publicistas de tendencias librepensadoras; en resumen, y según escribe un buen especialista en el tema, "todos los sospechosos de ideas avanzadas que se pudo encontrar en los alrededores de Barcelona, siguiendo las indicaciones de la Asociación de Padres de Familia, los jesuitas y otros círculos integristas.

Unas cuantas docenas de los detenidos fueron trasladados al castillo de Montjuïch. Los testimonios de lo que allí ocurrió son, tan abrumadores y coincidentes que es imposible dudar de su veracidad: se empezaba por pasar varios días obligados a andar alrededor de la celda sin beber ni comer más que bacalao seco; si entonces no se declaraba quiénes habían sido los autores del atentado, se recurría a métodos más contundentes: uñas arrancadas, órganos genitales retorcidos, pies aplastados por máquinas prensoras, cascos eléctricos, puros habanos apagados en, la piel... Se necesitaron dos meses, pero al fin la Prensa supo que "habían sido hallados los culpables". En el consejo de guerra celebrado en diciembre, el fiscal lanzó una atroz pero sincera declaración: "agobiado por el número, cierro los ojos a la razón"; y solicitó 28 penas de muerte. Tan alto era el número de autores conseguido en Montjuïch. A ellos se añadían otras 59 demandas de cadena perpetua, en concepto de cómplices; como tales se conceptuaba a todos los que habían asistido a las reuniones públicas mantenidas en el círculo de carreteros donde, según la acusación, se había fraguado el atentado. En el consejo de guerra, celebrado a puerta cerrada, no se aceptó alegación alguna relacionada con malos tratos a los encausados, y sus declaraciones fueron dadas como válidas pese a que algunos de ellos, con un movimiento rápido, pudieron abrirse las ropas y mostrar las cicatrices al tribunal.

Redujeron las diversas instancias judiciales tanta sinrazón y acabaron condenando a la pena capital a cinco de los acusados y a otros 20 a diversas sentencias de cárcel. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 4 de mayo de 1897 ante un gentío atemorizado y morboso que se colocó en la muralla del castillo. "¡Esto es un asesinato!", "¡muera la inquisición!", "¡somos inocentes'", "¡apuntad bien, no nos hagáis sufrir!", fueron algunos de los gritos que se oyeron antes de la descarga y de los numerosos disparos añadidos que necesitó el pelotón para rematar -nunca mejor dicho- su macabra tarea. Aunque quizá jamás se sepa con total certeza, hay sobrados indicios de que el verdadero autor del atentado no estaba entre los desgraciados que murieron aquel día, sino que había escapado mucho antes a Francia y de ahí pasó a Argentina.

Algunos periódicos acogieron las cartas de denuncia salidas clandestinamente de la fortaleza e iniciaron una campaña contra la actuación gubernamental. No se sumaron, desde luego, a ella La Veu de Catalunya ni el Fomento del Trabajo Nacional, que, por el contrario, telegrafiaban a Cánovas pidiendo medidas excepcionales y escarmientos eficaces porque la vida era imposible en Barcelona y la sociedad estaba enferma.

El final de la historia es conocido. Movido por el escándalo, que traspasó las fronteras nacionales, un anarquista italiano vino a España, se instaló en el mismo balneario en que veraneaba Cánovas y descerrajó un par de tiros sobre el presidente del Consejo de Ministros, máximo responsable de lo ocurrido en Montjuïch. Le hizo un flaco favor a la estabilidad y la fortaleza política del país en un momento en que estaba a punto de estallar la guerra con Estados Unidos -guerra en la que, por cierto, el Fomento del Trabajo Nacional adoptaba también posiciones belicosamente españolistas-. En el ambiente regeneracionista de 1900, sólo tres años después del final del proceso, el propio Gobierno español, tan poco dado a reconocer errores, decidió ceder a las presiones de la opinión e indultar -aunque sin revisar el proceso- a los que permanecían en prisión. Nadie pudo devolver la vida a los ejecutados.

Este año no ha sido el día del Corpus, sino, precisamente, el siguiente, cuando otra bomba criminal, sin pretexto ni justificación posible, ha causado enorme mortandad en Barcelona. Y los estragos no han sido sólo físicos, por lo que se ve. El terror embota la mente y ciega la sensibilidad moral. Sólo así se explica que la patronal catalana, entidad que imagino agrupa a una serie de personas razonables, difunda un documento como el que hemos leído en días pasados. El verdadero leit motiv,

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del escrito era la exigencia de acción, y daba la impresión de que a cualquier precio; pese a la vaguedad con que estaba redactado, parecía traslucirse que no harían muchos ascos a noticias tales como la muerte de presuntos etarras en el momento de ser detenidos o en la comisaría pocas horas después; lo primero, mano dura, y luego se verá si los difuntos eran culpables; algo habrían hecho, con la pinta que tenían. Así pueden entenderse las dos referencias al "uso abusivo y pretextual" o a "la apelación sistemática y esterilizante" a los derechos humanos; temibles declaraciones éstas, sobre todo complementadas con la de que "al terrorismo sólo se le combate con su misma dialéctica expeditiva". Adiós Estado de derecho -tan penosamente logrado-, adiós garantías contra errores, arbitrariedades, abusos. Para colmo, la cosa culminaba con un diagnóstico (y Dios sabrá cuáles son los títulos de unos empresarios para meterse en tan movedizos terrenos) de que hay "una parte de la sociedad enferma de valores éticos y morales", estéril pleonasmo que sólo puede encubrir una exigencia de qué se tomen medidas contra determinados sectores cuya ideología o creencias, más que su conducta delictiva, desgrada a los firmantes.

Con todo, lo más irritante del escrito no era esto, sino las referencias que el Fomento hacía a su propia historia: "instituciones civiles como la nuestra poseen tradición suficiente para contemplar estos acontecimientos desde la perspectiva de la Historia", o "en el pasado los empresarios. supieron reaccionar adecuadamente". Pues no, señores, no lo supieron. A no ser que se enorgullezcan de su apoyo a las torturas de Montjuïch, por volver al mismo ejemplo y no hablar de sus conexiones con los pistoleros que mataron a un sindicalista moderado y negociador como Salvador Seguí. Nadie les pide un mea culpa, pero mejor sería que dejaran a la historia dormir en paz. Porque con muchas de sus actuaciones -precisamente las que están en la línea que reivindica este escrito- lo que consiguió el Fomento catalán y quienes siguieron sus pasos no fue favorecer la convivencia, sino exasperarla y pavimentar el aciago camino que acabó en la guerra civil.

El Gobierno, en vez de pasar el manifiesto al fiscal del Estado por si pudiera constituir un delito de apología del terrorismo, reiteró, cargado de énfasis y de culpabilidad, su intención de emplear la máxima firmeza contra los terroristas; aunque en letra pequeña- sin salirse de la legalidad. Y el ministro del Interior, por su parte, se descuelga con declaraciones que convierten a los empresarios-ideólogos en unos mansos liberales. Lo que se esboza en ambos casos, y ante la dificultad de evitar los actos criminales, es un proyecto de represión del pensamiento y de reducción de las garantías jurídicas. Lamentablemente, es de temer que muchos estén de acuerdo. Con lo que los terroristas habrán logrado un inesperado y supremo objetivo, que es ponernos a todos a su nivel.

José Álvarez Junco es catedrático de Doctrinas y Movimientos Sociales Contemporáneos de la Facultad de Ciencias Políticas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de julio de 1987