El Gobierno de Raúl Alfonsín considera que el plan Austral ha tocado fondo

El equipo económico del Gobierno argentino considera agotado el plan Austral tras dos años de aplicación. El único objetivo logrado hasta el momento, que fue utilizado como argumento político para justificarlo: la baja del índice de inflación, ya no se sostiene por sí mismo. En el mes de junio el aumento de los precios al consumidor se calcula en un 10%, el más alto desde que se pusiera en marcha el ajuste. Debido a ello, Raúl Alfonsín tendrá que llegar a un pacto social con el peronismo, el principal partido de la oposición y al que responde la mayoría de los sindicatos.El ministro de Economía, Juan Sourrouille, no podrá alcanzar siquiera la meta del 6 de septiembre, fecha en que se celebran unas elecciones consideradas claves por el Partido Radical. Un índice de inflación sometido a presión, por debajo del10% hasta entonces, hubiera permitido al presidente Raúl Alfonsín controlar las gobernaciones en la mayoría de las provincias del país y, también el Parlamento. La incertidumbre sobre el resultado de la que hasta hace dos meses era una segura victoria electoral -sobre la que influye también la rebelión de los militares y la concesión de la llamada ley de obediencia debida- obliga ahora al radicalismo a debatir un pacto social con el peronismo.

Adolfo Canitrot, secretario de Coordinación Económica, viceministro de Economía en la práctica, es el funcionario del Gobierno que admite con mayor realismo la situación: "El Estado argentino se fundió, no tiene dinero para nadie. Estamos contando las monedas, y además esto no va a cambiar en cinco o diez años. La apertura de la economía es una condición básica de la subsistencia". A modo de ejemplo, Canitrot se refirió en particular al programa nuclear argentino, uno de los pocos que continuaba en marcha y había logrado un progreso considerable. "No estamos en condiciones de ser una potencia nuclear, y esta decisión no sólo afecta a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); tampoco podemos salvar a los contratistas por subsidios". Por último, Canitrot reconoció la necesidad del pacto social porque, dijo, "no podemos repetir fantasías brasileñas o mexicanas basadas en la caída del salario real. Aquí los asalariados no se dejan explotar".

El drama de la profunda crisis argentina se advierte precisamente en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cada tres días, un experto de esa comisión, formado en el país, se marcha al exterior. Los clientes externos del supermercado argentino piden equipos completos de técnicos a los que se les ofrece viaje de ida, alojamiento y un salario 10 veces superior al que ganan en Argentina. El presupuesto histórico de la comisión se redujo en 1985 a la tercera parte.

El pacto social, trabado actualmente en el Parlamento por el debate del paquete de leyes laborales, asoma como la primera señal de la nueva estrategia económica. El Gobierno ya no puede controlar la inflación ni los conflictos sociales sin un acuerdo previo con el peronismo. Ésta es la lectura política de las declaraciones que hizo Canitrot. Aquí los obreros no se dejan.

La desocupación alcanza al 7% de la población. La mayoría de los que trabajan cobra un salario promedio calculado en 300 dólares. El plan Austral no atrajo inversores extranjeros ni recuperó los depósitos de argentinos en el exterior. Sólo benefició a los sectores más concentrados. Después de las elecciones de septiembre, el Gobierno y la oposición tendrán que diseñar un plan económico de emergencia.