Primera denuncia ante el Consejo del Poder Judicial por la actuación de los 'subasteros' de Magistratura

La apertura de una investigación y la "inmediata intervención de la Magistratura Especial de Ejecuciones Gubernativas", encargada de ejecutar antiguas deudas empresariales a la Seguridad Social, son las principales peticiones de una denuncia presentada en la tarde del viernes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata del primer escrito de denuncia por esta cuestión presentado ante este organismo por unos particulares, el industrial Josep Maria Sanahuja y su abogado, Joan Roca. Sanabuja y Roca califican de anómalas las actuaciones del grupo capitaneado por el ultraderechista Alberto Royuela y consideran que funcionarios judiciales podrían haber sido manipulados por éste.

Anteriores conflictos por la actuación de subasteros -y singularmente del propio Royuela-, que actúan como depositarios de la Magistratura, han sido examinadas por el Consejo, pero no, hasta ahora, a instancía de parte. Además, será éste el primer caso del género que afronte el consejo desde que fue remodelado a final de 1985.La voluminosa denuncia, acompañada de 27 anexos, soficita la intervención del Consejo, a raíz de la actuación de Alberto Rayuela y de los funcionarios de la Magistratura en la subastas y embargos sobre las propiedades de Josep Maria Sanahuja, heredero del artesano que fabricaba los hierros forjados para las edificaciones del arquitecto Antoní Gaudí.

Las principales conclusiones del escrito se refieren a tres hechos presuntamente anómalos: la actuación de algunos funcionarios componentes de la Comisión Ejecutiva de la Magistratura en la diligencias de embargo, depósito y extracción de maquinaria y bienes muebles de Sanahuja habría sido "arbitraria e ¡legítirna"; la presentación de los niandamientos de embargo ante el Registro se habría realizado "por personal ajeno" a la Magistratura; y se habría producido una "manifiesta utilización de los procedimientos de aprernio, atemperando su aceleración o paralización a los intereses particulares de un tercero", con "desprecio" de los intereses a tutelar, los de la Seguridad Social.

Los intentos de este diario por recabar la opinión de lo subasteros y de algún portavoz de la Magistratura sobre el caso fueron ayer infructuosos.

Industria en apuros

La denuncia, a partir de ahora, seguirá los pasos procesales previstos, que consisten en su paso al Servicio de Inspección del Consejo. Éste, si lo considera oportuno, nombrará un inspector. El inspector abrirá, en su caso, diligencias informativas, concluídas las cuales elevará informe a la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Es éste el organismo que debe decidir si ha lugar o no a la apertura de un expediente disciplinario, que puede acabar en la correspondiente sanción. Medios jurídicos subrayaron que, para un amplio despliegue de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene gran importancia que usuarios de la Justicia hayan utilizado por primera vez en un caso de este género este mecanismo.

Los hechos sujetos a examen tienen su origen en la problemática económica sufrida por la razón social Hijos de Miguel Sanahuja Cogul, dedicada a las construcciones en hierro, aluminio y acero inoxidable. Dificultades de mercado ocasionaron el impago de las cuotas de la Seguridad Social por parte del empresario, Josep Maria Sanahuja, lo que generó diversos pleitos laborales.

Los polémicos embargos y remates de subasta subsiguientes se centraron en dos tipos de bienes: maquinaria y bienes inmuebles. En cuanto a las máquinas, y como consecuencia de las deudas impagadas a la Seguridad Social, Alberto Royuela Samit, hijo de Royuela Fernández, se adjudicó en subasta, el 18 de febrero de 1986, una pequeña parte de ellas. Pero Royuela Samit, valiéndose de que a la vez había sido designado depositario por la Magistratura, se presentó en la empresa al frente de los funcionarios de nombre Isabelino y Esteban, y cargó no parte, sino todo el material del almacén en tres camiones, el listado del cual "para nada consta reflejado en las diligencias", según la denuncia. La extracción habría sido anómala, por haber mediado -indica ese texto- amenazas de embargar, además, los bienes inmuebles.

Sobre éstos últimos -dos edificios contiguos de la calle Olzinelles- pesaba, desde un mes antes, una anotación preventiva de embargo. El procedimiento de este embargo habría sido instrumentado por Royuela Fernández, quien habría logrado acelerar otros apremios, a fin de evitar que Sanahuja recuperase los inmuebles a través de la figura de un "mejor postor" u otras fórmulas.

Esos apremios, que estaban paralizados, se aceleraron a principio de junio de 1986, coincidiendo con el intervalo de tiempo que medió entre la adjudicación provisional de los inmuebles a favor de Royuela Fernández y su notificación al industrial. Quien presentó los mandamientos de embargo al Registro no fue, corno es preceptivo, un funcionario de la Magistratura, sino Eugenio Lloberes Larrañaga, "quien desde hace años viene ejerciendo como apoderado" del propio Royuela, según se documenta en la denuncia. Los ritmos de los distintos apremios, siempre según la parte que se considera perjudicada, indicarían una "evidente utilización de la actuación" de la Justicia por parte de los subasteros.

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