La flexibilidad en el mercado de trabajo

Durante la dictadura franquista la inexistencia de contratación colectiva con autonomía de las partes por la prohibición legal y real de una de ellas -los sindicatos- trajo consigo la inexistencia del mercado de trabajo en el sentido normal del término. El Estado, para compensar paternalmente la desprotección de los trabajadores, dictó una legislación muy rígida respecto a la estabilidad en el empleo, la carestía del despido, la inmovilidad geográfica de la mano de obra, las categorías profesionales y un largo etcétera.Resulta fácil comprender que los trabajadores hayan considerado esta legislación franquista, en sus aspectos protectores, como una conquista de su clase y, por tanto, como intocable sin compensaciones. Como cabe entender también que los empresarios, obligados a actuar en un mundo de mayor competencia interna e internacional, prefieran un marco institucional más flexible que implique menores costes de adaptación de la mano de obra a situaciones muy fluidas en los mercados.

Creo que resulta claro que si se confía en el mercado -lo que parece una hipótesis razonable, al menos sobre bases constitucionales-, el papel del mercado de trabajo debe ser asignar de forma lo más eficiente posible la mano de obra. Pero también es cierto que mayores dosis de eficiencia en una economía capitalista implican la asunción de mayores riesgos personales por parte de los trabajadores y que éstos deben ser compensados de alguna forma por el sistema. Quedan dos opciones abiertas: compensar por la vía de mayores salarios o por la de mayor protección social. Cuál de ambas se elija no es neutral respecto a los distintos equilibrios a corto plazo de la economía -mayores salarios e inflación, más protección y gasto público-, pero en todo caso lo que parece razonable es aceptar una mayor flexibilidad del mercado de trabajo.

Esto sólo podrá conseguirse mediante un acuerdo que parta de reconocer que el tema en cuestión es el de un mecanismo redistribuidor parcial. los menores costes de la movilidad de la mano de obra serían una ganancia generalizada para todos los. empresarios, y habría que compensarlos mediante mecanismos de protección cuya forma de financiación no es neutral.

Las medias verdades

Cuando se consiguió convencer a los trabajadores de que la moderación del crecimiento de los salarios reales era clave para generar empleo, es seguro que se consiguió un importante balón de oxígeno para la gestión a corto plazo de la economía española. Pero el problema es que esto se vendió implícita, si no explícitamente, como una condición suficiente para resolver el problema del paro. Por tanto, una vez logrado el objetivo, y aceptando el razonamiento de las autoridades, si el paro no mejoraba pero el crecimiento salarial se mantenía dentro de la senda requerida, ¿quién no pagaba su parte del ajuste a la crisis?

Lo patético es que la contestación más correcta a esta pregunta es que todos los agentes sociales estaban pagando, aunque de forma desigual, parte de la crisis. Pero el mensaje económico transmitido había creado expectativas de que una vez flexionados los salarios se resolvería el problema del paro. Como mucho, una verdad a medias que facilitó el trabajo de las autoridades económicas a corto plazo pero de efectos muy negativos a medio y largo plazo en términos de credibilidad política.

Con el tema del déficit público tengo la sospecha de que se está jugando con otra verdad a medias. Controlar el déficit público y mantenerlo dentro de unos límites admisibles, que no vienen dados por ninguna ley económica inexorable sino son resultado de una decisión política y social que tiene sus costes, es un objetivo importante de política económica a corto plazo. Pero tratar de justificarlo como instrumento de eficacia directa y definitiva en la lucha contra el paro constituye una falsedad o un error. Y existen síntomas precisos de que la instrumentalización del déficit adolece de defectos en esta dirección que ocultan posiciones ideológicas nítidas. Si esto no es así, ¿por qué tanta insistencia en que son las empresas públicas las principales causantes del déficit cuando ésta es una afirmación conta blemente falsa?, ¿por qué la convención de no incluir importantes costes públicos del saneamiento del sistema financiero privado en el presupuesto?, ¿por qué se escandalizan de la carga de la deuda quienes decidieron financiar el déficit de esa forma?

Creo que cualquier tratamiento serio del problema del desempleo en nuestra economía tiene que partir del hecho de que el paro es un problema con fuertes componentes estructurales y tecnológicos que no tiene solución ni siquiera a medio plazo.

Si esto es así, los equilibrios a corto plazo -inflación, déficit público, déficit comercial...- son importantes en la medida en que su logro permite un funcionamiento más acorde con el de las economías de nuestro entorno, pero no constituye ni objetivos en sí mismos ni panaceas al problema del paro, y por tanto no deben presentarse como tales, aunque la política económica a corto plázo deba ocuparse con eficacia de ellos.

En caso de que la mitigación apreciable delproblema del desempleo sea posible -y creo que lo es-, la única posibilidad de generar volúmenes significativos de empleo es creciendo. Nada más lejos de mi intención, ni sobre todo de mis posibilidades, que ofrecer soluciones a este problema, pero sí creo ser capaz de sefialar, para terminar, algunos extremos sobre los que pienso que los responsables de la política económica -oficio éste nada atrayente para quienes nos dedicamos a cosas tan abstractas y de dudosa utilidad como la reflexión- deberían tomar posiciones concretas y nítidas.

1. Si el objetivo es crear empleo, tal y como se dice, crecer por debajo del 3%-4% es no alcanzar dicho objetivo. Crecer sobre la base de la expansión del consumo no es posible como solución duradera, aunque su aumento no sea perverso como a veces se dice e incluso constituya el objetivo a largo plazo. Sólo se podrá crecer si somos capaces de aprovechar, entre otras, las ventajas potenciales de un mercado de 350 millones de consumidores: la Comunidad Europea. Y si las empresas españolas van a perder cuotas de mercado interior por la competencia comunitaria, sólo se podrá crecer ganando cuotas en mercados de otros países, de forma que la exportación constituye una variable clave.

2. Si es preciso exportar, hay que ser competitivo. ¿Cómo se compite? Señalar que la diferencial de inflación es la variable clave constituye un error por dos razones. Primera, porque si reducimos la diferencial en dos puntos pero la combinación de una política monetaria restrictiva y una balanza de pagos excedentaria hace que la peseta se aprecie en cuatro puntos, habremos perdido dos puntos en precios de exportación. Segunda, porque dentro de unos márgenes admisibles no se compite por medio de los precios sino de la diversificación, comercialización, versatilidad del producto ofrecido, servicios posventa, especificaciones técnicas, etcétera.

3. Si lo anterior es cierto, dos decisiones de política económica son fundamentales. Una, incluir la política fiscal dentro del escaso arsenal de instrumentos de política económica usados por las autoridades, no pidiendo a la política monetaria que logre objetivos demostrados como incompatibles en los libros de texto de macroeconomía. Si el sistema fiscal tiene como objetivo único recaudar, esto no será posible, que plantea el problema del flexible del sistema fiscal y de la adecuada combinación de política fiscal y monetaria.

4. El segundo aspecto es el seno de una política de promoción industrial que tenga en cuenta como variable estratégica la competencia ajena a los precios. Un campo en el que la cooperación entre iniciativa pública y privada se ha mostrado fructífera en todo el mundo.

5. Mientras tanto habrá que mantener dentro de límites tolerables los desequilibrios a corto plazo. Creo que estos límites son ahora algo menos estrictos de lo que eran hace cuatro años y que, por tanto, existen ciertos márgenes de maniobra, modestos pero significativos. Hoy día podemos preguntarnos por la combinación inflación / tipo de cambio más adecuada o plantearnos el roblema de qué hacer con parte del superávit de la balanza de pagos, o interrogarnos sobre la composición deseable del déficit público. Aunque no deberíamos cuestionar la necesidad de seguir el proceso de ajuste pasivo y activo a las nuevas condiciones creadas por la crisis de los años setenta.

6. Uno de los equilibrios corto plazo, el déficit público, se encuentra pendiente de una discusión en profundidad y afecta de forma directa tanto a intereses concretos como al núcleo del tipo de sociedad que los españoles deseamos construir. Un sector público que, si el paro va ser duradero, deberá mantener importantes funciones de protección y redistributivas, aunque con seguridad satisfechas en forma diferente a las tradicionales

Un sector público capaz de diseñar políticas selectivas finas en el mundo real y financiero. Un sector público capaz de cooperar con el privado y no sólo de absorber las ineficiencias de éste y mantener las propias recurriendo a posiciones corporativas.

Estos son los objetivos. Si una definición precisa de lo mismos, toda política relativa a déficit no pasará de ser una discusión sobre ajustes contables.

El problema del tiempo

Y para todo esto se dispone de poco tiempo. Hasta 1990 los costes directos de la integración e la Comunidad Europea será significativos y duros si no se crece por encima del 3,5%; los beneficios más ostensibles vendrá después. A finales de 1992 se supone que existirá un mercado interior europeo, una política monetaria común y una política fiscal más armonizada que la actual, con lo que los márgenes de autonomía en el diseño de políticas económicas se verán drásticamente limitados. No tengamos prisa en reducirlos de forma voluntaria y anticipada acelerando nuestra integración en mecanismos como el Sistema Monetario Europeo y aprovechemos lo años que restan para decidir, en la medida que seamos capaces nuestro propio futuro y accede de forma plena y lo más beneficiosa posible a una Europa realmente integrada.