El fiscal del Estado pide una ley que regule los "serios problemas" del cambio de sexo

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ha pedido al Gobierno que promueva una ley que reside la inscripción en el Registro Civil del cambio de sexo y los efectos que se deriven del mismo. La opinión de la fiscalía es que la transexualidad no puede tener un mero tratamiento judicial, por lo que advierte que, si el Tribunal Supremo autoriza la inscripcion registral del cambio de sexo sobrevenido, se plantearán "serios problemas" que afectarán a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

La moción del fiscal general del Estado se produce cuando ya es conocido que el resultado de la deliberación de los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo será favorable a la inscripción como mujer en el Registro Civil de quien originariamente fue inscrito como varón, con el nombre de Antonio Castillo González. Moscoso recuerda que en. la junta general de la fiscalía del Tribunal Supremo, las opiniones estuvieron divididas, pero se decidió impugnar el recurso de casación de Castillo y elevar una moción al Gobierno sobre la transexualidad.El análisis de derecho comparado lleva al fiscal general del Estado a la conclusión de que el fenómeno de la transexuafidad sólo, encontrará solución mediante la ley. La moción señala que el cambio de sexo no puede asimilarse a una rectificación, por error, en el Registro Civil.

Preguntas sin respuesta

En todo caso, Moscoso estima que una solución no legal deja sin respuesta preguntas como, las siguientes: "si el transexual contrajo matrimonio antes del cambio de sexo con arreglo al suyo originario, ¿el matrimonio será nulo o mantendrá su validez?"; "¿subsistirán los derechos sucesorios?"; "la nueva mujer ¿será eximida del servicio militar? o el nuevo varón ¿asumirá ese deber?". Otras cuestiones guardan relación con la adopción, las prácticas deportivas, el régimen penitenciario y la situación penal. El Código Penal sólo prevé que sea violada la mujer, a la que atribuye también en exclusiva el delito de simulación de parto.La fiscalía afirma que los problemas derivados de la transexualidad están sin resolver en nuestro ordenamiento jurídico y analiza la evolución jurisprudencial experimentada en Europa, así como las soluciones legislativas dadas por algunos países. Una ley sueca de 1972 permite a quien tenga un comportamiento que no corresponda al sexo reflejado en el Registro Civil acudir a la autoridad administrativa para que autorice la intervención quirúrgica que adecue su sexo y sus órganos genitales. Una ley de 1980 de la República Federal de Alemania distingue entre la pequeña solución -el cambio de nombre- y la gran solución -que autoriza el cambio de sexo-, apta sólo para personas no casadas e incapaces para procrear.