Una incursion en Panamá

EN UNA resolución aprobada el viernes 27 de junio, el Senado de Estados Unidos llama al restablecimiento en Panamá de las garantías constitucionales, de los derechos humanos y de una auténtica autoridad civil, y pide concretamente que el general Noriega, jefe de las fuerzas armadas panameñas, sea destituido mientras se aclaran diversas acusaciones lanzadas contra él. El hecho de que el Parlamento de un país opine sobre acontecimientos ocurridos en otro no es criticable en términos generales, y en ciertos casos resulta lógico y saludable. Sin ir más lejos, el Parlamento español ha expresado su inquietud o protesta ante violaciones graves de los derechos humanos, concretamente en el caso de Chile.Pero la resolución aprobada por el Senado de Estados Unidos es algo completamente distinto. En ella se dictan las condiciones precisas para que Panamá recupere una situación normal y, sobre todo, se pide en concreto la destitución del jefe de las fuerzas armadas de un país soberano e independiente. Es un hecho inusitado. Ni siquiera se recuerda que el Senado de Estados Unidos haya pedido que el general Pinochet sea destituido. Parece como si los senadores norteamericanos hubiesen votado olvidando que Panamá no es parte de Estados Unidos. Por eso es natural que su voto haya provocado indignación y protestas en ese país, y sorpresa y escándalo en otros.

Dicha resolución puede tener efectos políticos bastante distintos de los buscados por sus promotores, que han recogido casi exactamente las demandas de los partidos de derecha que se oponen al Gobierno panameño, y que organizaron hace unas semanas manifestaciones de amplias capas de la población contra el general Noriega. En el momento actual, una vez que la agitación en la calle se ha aplacado", una injerencia por parte de Washington tan directa y personificada no puede por menos de despertar una reacción nacionalista, incluso antinorteamericana.

Existe un objetivo nacional panameño desde que el general Torrijos firmó con el presidente norteamericano Jimmy Carter el tratado en virtud del cual en el año 2000 tendrá fin la presencia de Estados Unidos en el canal. Al pedirse ahora desde Washington que sea destituido Noriega, el cual se presenta abusivamente como continuador de Torrijos, es inevitable surja la sospecha de que Estados Unidos puede estarse preparando para incumplir el tratado, y que desea colocar en el Gobierno panameño a personas adictas.

El general Noriega no es un militar inclinado a posiciones revolucionarias. Ha tenido, y sigue teniendo, relaciones estrechas con sectores mil¡tares norteamericanos, y el Pentágono es uno de los lugares de Washington donde cuenta con simpatías. Al mismo tiempo, y en esto juega la herencia de Torrijos, mantiene buenas relaciones con Cuba y con Nicaragua.

El papel de Panamá en el proceso de Conta dora, para buscar soluciones negociadas y pacíficas en la zona, es positivo. El presidente nicaragüense Daniel Ortega, durante su reciente visita a Panamá, ha decidido flexibilizar su actitud y seguir tomando parte en la discusión en torno al plan Arias. Ello puede disgustar a la diplomacia del presidente Reagan, que no está interesada en que avance un proceso negociador. Pero resultan menos comprensibles los objetivos de los de mócratas del Senado al respaldar una resolución como la que comentamos. Por otra parte, no se trata de disimular las graves carencias que tiene el actual régimen panameño. Si los partidos de derecha lograron movilizar a muchos miles de personas, incluso de las barriadas populares, es porque hay un amplio descontento. Permanece un control del poder militar sobre el sistema político que merma le efectividad del voto popular y es un grave quebranto de la democracia.

En ese sentido podría considerarse en algún modo positiva la moción del Senado americano, pero en realidad, y conociendo el terreno, puede contribuir a obstaculizar aún más el proceso político, avivando el populismo y la demagogia nacionalista frente a las injerencias extranjeras.