Los servicios de valor añadido en la LOT

La ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) va a ejercer una sustancial influencia en la actividad de las empresas españolas. Los criterios que informan el proyecto, sin embargo, no son compartidos por el autor del artículo, quien considera que la frontera entre el sector público y privado debería ser trazada por el mismo sitio que la que separe monopolio y concurrencia, evitando así la contradicción de que unos servicios que en la práctica sólo pueden ser dados por el sector privado sean considerados públicos.

Ningún texto legal de los actualmente en discusión tendrá una influencia tan difundida sobre la vida empresarial como la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), pues éstas, además de suministrar servicios al público en general, son vitales para las empresas, ya que conducen cada vez mayor parte del flujo de información relativo a la producción y distribución.La revolución microelectrónica ha cambiado la base técnica de las telecomunicaciones, que pueden ofrecer ahora mejoras sustanciales en los actuales servicios, a la vez que otros nuevos. La gran novedad es que pueden conducir eficientemente la información que intercambian los ordenadores y sus usuarios, o aquéllos entre sí, comunicación que se realiza bien sobre la red telefónica conmutada tradicional (la usada comúnmente para hablar), bien sobre redes conmutadas especiales para datos o, en muchos casos y por necesidades técnicas, sobre pequeñas redes ad hoc, formadas uniendo líneas alquiladas a las compañías telefónicas. En el futuro, también sobre la Red Digital de Servicios Integrados.

Las telecomunicaciones, pues, han dado un salto cualitativo. Han pasado de ser un sistema homogéneo de conducir conversaciones habladas a otro que, además de hacer esto mejor, transporta comunicaciones entre o con máquinas. Ello es una consecuencia de la creciente informatización de las empresas, cuya mecanización interna ha sido en muchos casos la base de su continuo aumento de productividad.

Es obvia, pues, la necesidad de disponer de las redes de telecomunicación descritas a fin de poder establecer los nuevos servicios en toda su diversidad, que serán unas veces establecidos por las propias empresas que los usan y otras, especialmente en el caso de las medianas y pequeñas empresas, por compañías de servicios que los pondrán a su disposición. En general, estos servicios, mezcla de telecomunicaciones e informática, reciben el nombre de servicios de valor añadido, dada la adición de éste al papel de transporte que aquéllas efectúan.

Ante nuevos retos, nuevas soluciones. Muchos países con sistemas económicos avanzados (Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Canadá) han considerado necesario introducir en este campo el mayor grado posible de competencia. El monopolio es un sistema adecuado para la gestión de una red homogénea de telefonía de voz, pero los nuevos servicios necesitan de la diversidad y precisión que sólo la competencia puede conseguir.

La actitud comunitaria

La Comunidad Económica Europea está debatiendo actualmente la regulación de las telecomunicaciones. Durante este próximo verano, la Comisión Europea mostrará su opinión con la publicación del Libro verde de las comunicaciones, que contendrá las consecuencias liberalizadoras de aplicar el Tratado de Roma a un sector que aún le era extraño.

El Círculo de Empresarios se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre los criterios que informan el proyecto de ley y no comparte que de todas las telecomunicaciones como públicas hace el texto pendiente de sanción legislativa. Tal calificación es excesiva, y además carente de objeto, como lo prueba el dato de que hasta cuatro veces tiene que desdecirse después, admitiendo excepciones y considerando privadas las telecomunicaciones que o bien están en locales privados, o sobre líneas de empresas eléctricas, o de ferrocarriles, o son servicios de valor añadido de autoconsumo de las empresas.

Esto es, a la postre sólo quedan en el ámbito público los servicios tradicionales monopolizados (lo cual es obvio) y los de valor añadido sobre las líneas alquiladas (que es lo único que se pretende establecer). Sería mucho más sencillo y natural trazar la línea entre lo público y lo privado por el mismo sitio que la que separe monopolio y concurrencia, evitando así la contradicción de que unos servicios que en la práctica sólo pueden ser dados por el sector privado sean considerados públicos, para lo que hay que recurrir a una extraña aplicación de la figura de la concesión administrativa.

En el proyecto no se indica cuál es la razón de todo ello, pero, al hilo de algunos debates, se ha entrevisto la intención de querer evitar que los circuitos' alquilados para la prestación de servicios de valor añadido sean destinados a conducir conversaciones de voz. Esto no es una justificación, porque el mismo proyecto lo prohíbe al prever que los servicios de valor añadido no puedan hacer la competencia a servicios monopolizados y, en concreto, se repite, aquéllos no podrán revender simplemente el uso del circuito. A través de una labor de inspección, que en todo caso hay que realizar, se puede muy bien preservar los equilibrios financieros del monopolio, si es que éstos se consideran amenazados por tales desviaciones.

En el debate parlamentario se aseguró que el proyecto de la LOT estaba conforme con la posición de las asociaciones empresariales. Esto no es exacto. Las asociaciones han reiterado su oposición a que se sujeten a concesión los servicios de valor añadido, pues desanimará, ciertamente, la inversión privada. También se aseguró que el proyecto era conforme en todo a las políticas fijadas por la Comisión Europea, citándose como expresión de éstas al Libro verde. Esto tampoco se podrá comprobar hasta que se publique dicho documento, pero es muy de prever que no sea cierto, pues no parece probable que la Comisión Europea vaya a patrocinar el carácter público de servicio alguno de los de valor añadido.

es secretario general del Círculo de Empresarios.