España bloquea el acuerdo comunitario sobre la liberalización del tráfico aéreo

IGNACIO CEMBRERO ENVIADO ESPECIAL, España se disponía esta madrugada a bloquear la adopción de la liberalización del transporte aéreo en Europa cuando los ministros de Transportes de la Comunidad Europea (CE) estaban a punto de alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión tras un año de negociaciones. La decisión del Gobierno español, que puede equivaler a un veto, se tomó tras el fracaso de los encuentros celebrados ayer en Luxemburgo entre el director general de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jesús Ezquerra, y el representante adjunto del Reino Unido ante la CE, David Elliot.

Los 12 ministros de Transportes se separaron esta madrugada, tras 15 horas de negociación, con la intención de volver a reunirse hoy por la mañana para ultimar un acuerdo que España amenaza con impedir. La única voz optimista a propósito del enfrentamiento hispano-británico fue la del secretario de Transportes italiano, Giuseppe Santonastaso, que estimó que "ambas partes llegarán a un compromiso".Jesús Ezquerra viajó ayer a Luxemburgo para intentar que el Reino Unido acepte no incluir a Gibraltar entre los aeropuertos de tercera categoría que se beneficiarán de la desregulación del tráfico aéreo comercial, pero, aparentemente, fracasó en su misión y la dio por terminada a media tarde.

A preguntas de los corresponsales, que le recordaron que una abstención española no bastaba para impedir la aprobación del conjunto de medidas de liberalización, Ezquerra contestó: "Si la la abstención puede ser interpretada como una aceptación de la unanimidad, España adoptará una postura que no permita esta interpretación". Lo ideal para Madrid sería, sin embargo, que las objeciones de Grecia, Italia y Dinamarca a algunos aspectos de la liberalización no le obligasen a recurrir al bloqueo.

El titular español de Transportes, Abel Caballero, que encabeza la delegación española, anticipó a la Prensa que la polémica sobre Gibraltar revestía para España "la suficiente importancia" como para que, si no se, obtenía satisfacción, no vote el paquete aéreo en discusión, aunque insistió en que esta actitud "no significa un veto". "Hay un matiz", precisó Caballero.

El bloqueo español, sobre el que Caballero tiene preparada una larga declaración en la que justifica su postura, significa que la desregulación aérea no prosperará por ahora, y su retraso será por lo menos de varios meses, porque en cuanto entre en vigor el Acta Única (el 1 de julio), el Parlamento Europeo tendrá que jugar un importante papel en su gestación.

Cabe, acaso, la posibilidad de que los doce decidan congelar el pacto hasta que un compromiso hispano-británico permita ponerlo en vigor. Pero tampoco hay que descartar que el comisario europeo encargado del tema, el irlandés Peter Sutherland, opte por denunciar a las compañías aéreas ante el Tribunal de Justicia de la CE por haber concluido entre ellas acuerdos que infringen los principios de la libre competencia del Tratado de Roma.

A lo largo de la jornada, Jesús Ezquerra se entrevistó dos veces con David Elliot, y al término de su segundo encuentro declaró a la Prensa: "Mientras no quede claro que la directiva no alcanzará a Gibraltar, la delegación española no puede dar su acuerdo". Pero, al igual que el ministro de Transportes, se negó a pronunciar la palabra veto, porque "es peyorativa".

El diplomático añadió que .no tenía nada más que intentar, ya que la respuesta de la otra parte no ha sido satisfactoria", aunque rehusó dar detalles sobre la fórmula de compromiso propuesta por España. Ezquerra hizo hincapié, no obstante, en que sus interlocutores británicos no estaban dispuestos a ceder sobre las dos peticiones españolas: que la aceptación de la liberalización no implique un reconocimiento implícito de la soberanía británica sobre el Peñón, ni que prejuzgue el resultado de la negociación bilateral.

Un portavoz británico aseguré que su delegación había propuesto un compromiso que daba satisfacción a España sobre el primer punto, pero no sobre el segundo. Ezquerra le desmintió: "Sugerían", comentó visiblemente indignado, "que hiciésemos una declaración unilateral reiterando nuestro punto de vista sobre la soberanía". "Una nueva propuesta", concluyó Ezquerra, "tendría que emanar del Reino Unido".

Reyes Fernández Durán, secretaria general técnica del Ministerio de Transportes, puso en tela de juicio la voluntad de Londres de seguir negociando por ahora: "El presidente del Consejo de Ministros, el belga Hermann de Croo, ha sugerido reunirnos a ambas partes, pero los representantes británicos han desestimado su propuesta".

El homólogo británico de Caballero, Paul Channon, aseguró, por su parte, que "la postura británica sobre la cuestión no había cambiado", y expresó el deseo de que el contencioso no fuese planteado ante el Consejo de Ministros, en una aparente alusión al deseo británico de que España no obstaculice la aprobación de la desregulación.

Postura británica

El Reino Unido no ha proporcionado, según fuentes españolas, ningún grupo de aeropuertos de estas características, porque probablemente considera que todos los que no sean de categoría superior deben ser considerados como de tercera, y están, por tanto, abiertos al tráfico con aeropuertos comunitarios de primera, siempre y cuando se efectúe con aparatos relativamente pequeños.

Un portavoz de la representación británica ante la CE confirmó además ayer que, dos años antes de que ingresase España en la Comunidad, el Reino Unido comunicó una lista a la Comisión Europea en la que Gibraltar figuraba como aeropuerto de tercera incluido en los servicios interregionales, al no ser explícitamente excluido.

La inclusión del polémico aeropuerto en la directiva comunitaria supondría un reconocimiento implícito por España de la soberanía británica sobre una zona del Peñón que no fue cedida al Reino Unido en el marco del tratado bilateral de Utrecht y de la que Londres se apropió posteriormente de forma ilegal, como recalca Caballero en las misivas que dirigió a Croo y a Clington Davis.

Una de las fórmulas de compromiso preconizadas por Madrid consistiría, según Caballero, en excluir a Gibraltar de la directiva a la espera de los resultados de la negociación bilateral que el Reino Unido y España llevan a cabo desde que en noviembre de 1984 suscribieran la declaración de Bruselas. La aplicación a Gibraltar de la directiva significaría que podrían establecerse con toda libertad vuelos al Peñón desde aeropuertos de primera categoría de España y del resto de la Comunidad, siempre y cuando se opere con aparatos cuya capacidad no exceda, en principio, los 70 pasajeros.