Censo bajo toda sospecha

UNA BATERÍA de acusaciones de la más variada índole, entre las que han destacado las de fraude y manipulación, ha sido lanzada contra los servicios estatales que tienen a su cargo la elaboración del censo. Es más que probable que algunas de estas denuncias contengan una abundante dosis de exageración, pero el espéctaculo generado por los numerosos ciudadanos, a veces agrupados en familias enteras, casas de vecindad o tramos de calle, que no figuraban en las listas electorales lleva a pensar que los fallos y las irregularidades han superado el listón de lo que comúnmente se considera como un error técnico.Resulta imposible extrapolar estas irregularidades a todo el proceso electoral, poniendo en duda su limpieza, como ha hecho Alianza Popular y ha jaleado la Prensa de la caverna. Pero a mantener las sospechas ha contribuido irresponsablemente el propio director del Instituto Nacional de Estadística con su contumaz actitud de negar un ejemplar del censo a la Junta Electoral Provincial de Madrid.

La legislación electoral no establece de manera explícita la obligatoriadad de la entrega de ejemplares del censo a las juntas electorales provinciales, pero tampoco lo prohíbe. Y si órganos gubernativos y partidos políticos tienen acceso al censo, parece lógico que disponga también del mismo quien tiene el encargo legal de velar por la pureza de los comicios.

Desde las primeras elecciones libres habidas hace ahora 10 años en España se repiten los problemas de muchos ciudadanos con el censo electoral. Su persistencia es una muestra palpable de que la Administración española no consigue dominar las técnicas necesarias para la elaboración correcta y actualizada de las listas de españoles con derecho al voto.

Recientemente se ha procedido a la elaboración del nuevo censo, que ha dado como resultado su reducción en cerca de 700.000 electores. Se ha pasado de 29.117.613 españoles con derecho al voto en las legislativas de junio de 1986 a 28.442.348 en la triple consulta electoral del pasado 10 de junio. Esta disminición sería el reflejo de la desaparición de empadronamientos dobles o de otras situaciones anómalas que persistían desde la elaboración del anterior censo. Pero al mismo tiempo que se han corregido unos errores, se han producido otros, que han dado lugar a que muchos ciudadanos se hayan visto privados de ejercer su derecho al voto en los últimos comicios. Y no han sido raros los casos en que esta situación se ha producido al pie mismo de las urnas, cuando el elector, provisto de su tarjeta censal, se ha visto sorprendido por la ausencia de su nombre en la lista manejada en la mesa electoral.

La responsabilidad de esta situación recae primordialmente en el Instituto Nacional de Estadística. Pero también tiene buena parte de culpa la falta de interés que muestran muchos ciudadanos en la resolución de problemas que les afectan. El derecho al voto es un derecho individual, y quien lo ejerce está obligado a hacer todo lo posible para que desaparezcan los obstáculos que puedan impedir su ejercicio.

Con todo, la pasividad del ciudadano, producto muchas veces de su rechazo de la burocracia estatal, no puede justificar nunca los errores e irregularidades que se advierten cada vez que se convocan elecciones. Y por eso es preciso encontrar métodos más audaces para detectar el flujo enorme de la movilidad social de los españoles. Porque mientras la sociedad española se mueve al ritmo de su tiempo, la Administración estatal y los servicios de estadística parecen en concordancia con los modos y ritmos de un modesto país semidesarrollado.