La CE llevará a España ante el Tribunal de Justicia por la importación de coches usados

La Comisión Europea ha acordado Nevar a España, por primera vez desde su ingreso en la Comunidad Europea (CE), ante el Tribunal de Justicia de la CE por poner trabas a la importación de automóviles de segunda mano. Pero la decisión del Ejecutivo europeo no es de inmediata ejecución, y sus servicios disponen de tres meses -hasta el 10 de septiembre- para llevarla a la práctica, durante los cuales las partes podrán seguir negociando.

El colegio de comisarios se pronunció en su reunión semanal del pasado miércoles, día 10, por denunciar a Madrid, pero, inexplicablemente, sus portavoces no informaron a la Prensa de la decisión tomada, que culmina un año de conversaciones relativamente infructuosas entre Bruselas y el Ministerio de Industria español para agilizar la importación por España de vehículos de ocasión comunitarios.Tanto en los servicios de la Comisión como en la representación de España ante la CE se insistía, sin embargo, en que si los contactos a lo largo del verano daban resultados, el Ejecutivo europeo daría marcha atrás en su primera reunión de septiembre y la querella por infracción de la legislación comunitaria no sería finalmente interpuesta.

"Es como una espada de Damocles", comentó un funcionario europeo, "o un instrumento de presión en la negociación sobre la parte española, que llegará, sin embargo, hasta sus últimas consecuencias si nuestros interlocutores no flexibilizan su postura". "Pero si hacen un gesto que desbloquee el asunto", añadió, nosotros también lo haremos".

Además del plazo de tres meses, y en contra de lo que habían aconsejado sus expertos, los 17 comisarios renunciaron a pedir al Tribunal Europeo, con sede en Luxemburgo, que tome medidas provisionales que obliguen a España a cumplir la legislación comunitaria antes de dar a conocer su sentencia. La Corte puede, en efecto, tardar dos años en emitir su veredicto, motivo por el cual la adopción de disposiciones transitorias, que suele aprobarse en tan sólo una semana, suele ser solicitada por los denunciantes.

En un intento de evitar ser llevado ante la máxima instancia jurídica europea, el Ministerio de Industria aceptó en abril abrir cuatro nuevos centros de inspección técnica de vehículos (ITV), en Jaén, Zaragoza, Murcia y Mérida, que se añadían al de Santander, y en los que unos 120 coches importados, generalmente de marcas prestigiosas como Mercedes, Volvo y BMW, son diariamente revisados.

Aunque la considera un poco exagerada, la Comisión Europea no pone en tela de juicio la estadística proporcionada por Industria, pero no se da por satisfecha, no tanto porque la cifra le parezca insuficiente, sino porque el incremento de la importación de automóviles usados no refleja un cambio de fondo de la postura española.

Cost=bres restrictivas

"Las autoridades españolas no han modificado sus principios", comentaba el mencionado funcionario, que ha estado asociado a la negociación con Madrid, "y tenemos, -por lo tanto, la impresión de que las concesiones hechas obedecen ante todo al deseo de sortear el problema sin resolverlo a fondo". "Tememos, incluso", agrega, "que.en cuanto afloje nuestra presión Industria vuelva a sus antiguas costumbres restrictivas en materia de importación de vehículos".

Más concretamente, el Ejecutivo europeo desea la apertura de nuevas ITV en las cinco mayores ciudades de España, empezando por Barcelona y Madrid, que sean aceptados en estos centros vehículos en buen estado con más de cinco años de antigüedad y que se homologuen modelos y ño tipos de coches, sin que pueda ser desechado ningún automóvil fabricado en la CE.

Los colaboradores del ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, desmienten rechazar los vehículos antiguos,alegan dificultades para poner en funcionamiento más centros de inspección técnica porque éstos están en manos de las comunidades autónomas o a veces, como en Cataluña, son privados, y se muestran reacios a aceptar homologar automóviles que los concesionarios instalados en España no pueden importar.

Los exportadores de coches evalúan que el mercado espaflol puede absorber al año 15.000 vehículos comunitarios de segunda mano, pero los servicios de la Comisión estiman que esta cifra se puede duplicar, y fuentes del Ministerio de Industria temen que incluso se quintuplique, aunque consideran que el máximo tolerable para la industria automovilística española son 15.000 unidades.

El Tribunal de Justicia dio justamente a conocer ayer una sentencia sobre un caso similar de importación paralela de vehículos nuevos en Italia, procedentes también de la República Federal de Alemania y Bélgica, que el Gobierno de Roma, que fue denunciado por la Comisión, obstaculizó con trabas burocráticas. El veredicto es favorable a las tesis del Ejecutivo europeo.