El Parlamento Europeo debatirá la ley de Aguas canaria

El Parlamento Europeo va a admitir a trámite la petición del eurodiputado de AP Arturo Escuder sobre la ley de Aguas aprobada por el Parlamento canario en la última legislatura. Con tal iniciativa, basada en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Estrasburgo, Escuder pretende un pronunciamiento de la misma sobre la posibilidad de que la citada norma reguladora de carácter autonómico haya violado las leyes internacionales "al contemplar la nacionalización de las explotaciones acuíferas en las islas sin previa indemnización".La ley de Aguas para Canarias, que fue elaborada por el Gobierno regional que preside en funciones, en la actualidad, el socialista Jerónimo Saavedra, por tener esta comunidad autónoma competencias plenas en la materia, declara este recurso de dominio público, si bien deja en manos privadas su comercialización. La aprobación de la ley, con la oposición de AP y los reparos de otras fuerzas conservadoras, provocó la protesta en la calle de miles de personas y varias concentraciones ante el Parlamento canario.

Afectados por la disposición

La petición presentada por Escuder ante el presidente de la Cámara europea, Henry Plumb, fue elaborada por cerca de un centenar de propietarios de aguas, comunidades de regantes, agricultores y cámaras agrarias, que se consideran afectados por la citada disposición legal. Según el eurodiputado aliancista, un dictamen, favorable del Parlamento Europeo sería de gran valor jurídico para un posible recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, ya que las decisiones de éste tienen carácter ejecutivo y una resolución desfavorable del mismo podría bloquear la aplicación de la ley en las islas. La comisión de peticiones del Parlamento Europeo elaborará ahora un informe sobre el tema para su debate en el pleno.

Escuder ha rechazado la reacción canaria de algunas fuerzas políticas que han considerado su petición como un acto de desprecio a las instituciones autonómicas canarias. Escuder considera que su iniciativa es un derecho de todo ciudadano europeo.