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Comercio prepara una nueva ley para sancionar la reexportación de tecnología de doble uso y los desvíos de armamento

La Secretaría de Estado de Comercio está ultimando un proyecto de nueva ley de Sanciones Comerciales para penalizar las infracciones cometidas en el comercio exterior, entre otras, las llamadas "operaciones triangulares", es decir, los desvíos de tráfico. Las sanciones pueden llegar hasta los 500 millones de pesetas en función de su gravedad y del volumen de la operación. El texto del proyecto de ley puede estar listo para su aprobación por el Gobierno en el plazo de un mes.

Con esta nueva normativa se pretende refundir en un solo texto legal la dispersión actual de disposiciones legales y evitar su complejidad. Al tratarse de un régimen sancionador, deberá tener rango de ley, tal como establece la Constitución. La nueva ley actuará en casos como el desvío del comercio de armamento o de reexportación de tecnología suceptible de doble uso -militar y civil-, así como en la falsificación de licencias y de los datos expresados en éstas.

Licencias falsas

Tras la adhesión de España a la Comunidad Europea, la Secretaría de Estado de Comercio ha detectado casos en los que se ha falsificado el destino de exportaciones de acero para obtener la correspondiente licencia. Su punto de venta declarado era un país no comunitario pero en realidad tenía como cliente a uno de los doce, con lo que se han cubierto de manera fraudulenta los cupos fijados en el Tratado de adhesión. También se han detectado casos de falsificación de licencias y de los datos contenidos en éstas, de forma que se cubren artificialmente los contingentes de importación y se distorsiona el comercio exterior.El incumplimiento de normas de calidad también se contempla en la nueva ley de sanciones comerciales. Se pretende con ello garantizar que el contenido de la mercancía declarada responda a la realidad, según las normas de calidad actualmente en vigor. Las principales infracciones detectadas en este sentido se refieren a productos hortofrutícolas.

La ley establecerá también sanciones por el incumplimiento del convenio de Washington suscrito por España, sobre comercio de produtos derivados de animales salvajes en peligro de extinción, como el marfil o las pieles. En estos casos, las sanciones podrían llegar a la incautación de la mercancía. Las sanciones en todos los casos se clasifican en leves, graves y muy graves, en función de la importancia económica de la operación y de situaciones como la reincidencia.

En las infracciones más graves, el poder sancionador corresponderá al Consejo de Ministros, aunque está previsto que para los más leves se delegue en el Ministerio de Economía. Se pretende hacer una ley relativamente dura, dado que, en muchos casos, el volúmen de negocio derivado de estas operaciones compensa, con mucho, las multas que se puedan imponer.

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