La corrección de los desequilibrios en la Comunidad Europea

La aprobación por referéndum en Irlanda de la modificación de la Constitución que permite la ratificación del Acta única desbloquea la situación actual y permite poner en vigor las reformas contenidas en la citada acta. Ello, en opinión del firmante, va a suponer para España unas dosis de liberalización adicionales y, por consiguiente, un doble esfuerzo de acondicionamiento para nuestra economía.

Las reformas institucionales introducidas por el Acta única conducen a la potenciación de las tres instancias más netamente supranacionales -la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia-, a la vez que se reducen las materias en las que será necesaria la unanimidad y ampliando simultáneamente el alcance de la toma de decisiones por mayoría cualificada. Se trata, pues, de un paso importante en la agilización del proceso de toma de decisiones y en el logro del mercado interior, que es, en definitiva, el objetivo Final perseguido por el Acta Única.La paulatina puesta en práctica va a suponer para España unas dosis de liberalización adicionales a las que se derivan de nuestro tratado de adhesión, y, por consiguiente, un doble esfuerzo de acoplamiento de nuestra economía, no ya a la Comunidad configurada con arreglo a los principios que se derivan del Tratado de Roma, sino a una comunidad sometida a un nuevo proceso de liberalización de tal magnitud, que sus efectos económicos probablemente serán equiparables a los que se produjeron con la creación de las Comunidades Europeas.

Por tanto, debe mantenerse una postura combinada de esperanza y de preocupación, cuya dosificación en cada momento va a depender de la evolución de los aspectos más relacionados con la apertura de los mercados de bienes y factores productivos y con la que la propia acta denomina cohesión económica y social.

Desde la perspectiva interna de los grandes principios enunciados en el artículo 3 del Tratado CE, únicamente la política agrícola común puede ser considerada como una realización plena de los objetivos del tratado, ya que los grandes desequilibrios que padece y que determinan la necesidad de su reforma no proceden de una ejecución parcial, sino de problemas de maduración del propio sistema de protección agrícola y del surgimiento de fenómenos no previstos a finales de los años cincuenta. Sin embargo, ni la integración de los mercados nacionales ni la circulación de factores productivos han alcanzado los objetivos previstos por los fundadores de la CE. Tampoco las políticas sectoriales se han realizado de forma completa, como, por ejemplo, la política de transportes o de la competencia.

Desde el punto de vista internacional, se debe ser consciente de las exigencias que plantea una mayor presencia europea a nivel mundial, lo cual exige apoyar decididamente las actividades comunitarias ligadas a los sectores tecnológicamente avanzados.

La distancia que separa a los distintos países europeos de Estados Unidos y Japón en los gastos destinados a I+D cambiaría de signo si en lugar de 12 compartimientos estancos se integrara al menos una parte de dicha cuantía en acciones comunitarias, que, por el nuevo redimensionamiento, proporcionarían las ventajas de las economías de escala necesarias, dadas la magnitud que exigen los actuales proyectos de investigación en tecnología. A largo plazo, este hecho se traducirá en una mayor autonomía de Europa. Resulta significativo que el número de acuerdos de cooperación entre empresas de sectores punta para transferencia de tecnología o para integración de las actividades de I+D, celebrados entre empresas comunitarias y estadounidenses entre 1982 y 1985, sea práctica mente el doble que el número de acuerdos intracomunitarios (253 y 134, respectivamente).

El segundo requisito para el desarrollo tecnológico europeo consiste en la existencia de un auténtico mercado interior formado por los actuales 12 mercados nacionales parcialmente integrados, que permita una mejor asignación de los recursos.

La liberalización que supuso el Tratado de Roma trajo consigo un aumento de renta derivado de una mayor especialización interindustrial de los países comunitarios. La creación del gran mercado interior puede asimilarse a aquella primera experiencia, por lo que cabe esperar unos efectos similares en cuanto a diversificación de las estructuras industriales, aumento de los productos de estas industrias e incremento de los intercambios pertenecientes a la misma industria. Si bien el efecto en la renta y en la reestructuración industrial fue positivo a nivel global, desde el punto de vista de la equidad, la creación de la CE y sus ampliaciones posteriores no han disminuido la distancia que separaba a los países más ricos de los menos prósperos. Y de este hecho es de donde procede la preocupación española por las consecuencias de la creación del mercado interior para un país más atrasado en el contexto europeo.

El presupuesto comunitario, en su vertiente de ingresos, no ha tenido efecto redistributivo, en primer lugar, porque no ha existido una relación clara entre la aportación de cada país y los indicadores de riqueza relativa de los mismos, y, en segundo lugar, porque existe una tendencia implícita hacia la neutralidad financiera, en oposición a una mayor progresividad del mismo.

Desde el punto de vista del gasto, parece absolutamente necesario contener el derivado de la PAC, en su vertiente del FEOGA-Garantía. El porcentaje de participación de este fondo en el gasto total ha oscilado entre el 60% y el 75% en el período 1978-1984, y lo que es más significativo, su ritmo de crecimiento casi ha doblado el de los ingresos.

Coste agrícola

Debido a que la PAC nació para proteger las agriculturas de los países que fundaron la CE, en la actualidad sigue favoreciendo más a aquellos países con agriculturas dirigidas al cultivo de productos continentales, los del Norte, frente a las agriculturas mediterráneas, mientras que el coste de esta sobreprotección es soportado por todos los países. Baste como ejemplo el dato de que el coste de almacenamiento de los productos excedentarios de la Comunidad supone un quinto del gasto total del FEOGA-Garantía. La reducción del peso de la PAC en el presupuesto comunitario es una condición necesaria para el desarrollo de otras políticas tanto nuevas como ya existentes pero con escasa dotación financiera.

Las grandes líneas de la reforma de la PAC esbozadas por la Comisión tienden a reducir los grandes desequilibrios actuales de la política agrícola, tanto en el plan de la oferta y demanda de productos como en el financiero. Sin embargo, existen determinados aspectos que plantean dudas en cuanto a la aportación de esta reforma al objetivo de una Europa más integrada y menos desigual.

El carácter de obligatoriedad que acompaña al gasto de FEOGA-Garantía y su dependencia de factores externos puede plantear el problema de que el objetivo de reducción de su peso en el gasto total no se logre con las medidas propuestas y sea necesario introducir propuestas más radicales.

Simultáneamente a la adaptación de la PAC y al mayor rigor en la gestión de los precios y los mercados será necesario reformar la acción estructural de la política agrícola común, teniendo en cuenta que la finalidad de esta reforma ha de ser la mejora de las estructuras agrarias, especialmente en aquellas zonas que presenten mayores deficiencias y no la compensación por vía FEOGA-Orientación a los agricultores comunitarios afectados por las limitaciones de la actual política de mercados.

Asimismo, en aras de una mayor coherencia y control de las intervenciones estructurales, será conveniente una transferencia paulatina de recursos del FEOGA-Orientación a los otros fondos estructurales, de que entre los objetivos de dichos fondos debería situárse el de mejora del medio rural, en el contexto de las intervenciories tendentes a equiparar el nivel de vida y de riqueza de las distintas regiones europeas (FEDER), o de los distintos colectivos de trabajadores (Fondo Social Europeo). La progresiva tecnificación y equiparación de las condiciones de vida y de trabajo del sector agrario con el resto de actividades económicas aconsejan abandonar el enfoque de los problemas de dicho sector desde una perspectiva particularista y englobarlos dentro de contextos más generales.

Esta integración del FEOGA-Orientación en los Fondos Social y Regional permitiría una asignación de recursos más eficaz de cara a la reducción de desigualdades económicas y sociales en la Comunidad.

Si bien la reforma de la PAC, en su doble vertiente de política de mercados y de estructura, es una condición necesaria para avanzar en el logro del mercado interior y de la cohesión económica y social, por sí sola no basta para asegurar que se cumpla dicho objetivo. Para ello será necesario modificar cuantitativa y cualitativamente el resto de fondos estructurales existentes y crear nuevos fondos para acciones específicas en materia de infraestructura o lucha contra la pobreza, por citar dos ejemplos, así como instrumentar de forma efectiva aquellas medidas tendentes a una mayor convergencia entre las políticas económicas de los Estados miembros.

El fuerte incremento de la dotación financiera prevista de los créditos de compromiso de los fondos estructurales entre 1988 y 1992, que pasarán de significar el 17% de los gastos comunitarios en 1987 al 25%, en 1992, supone un paso importante para la realización del mercado único. Sin embargo, subsisten problemas en la reglamentación y la gestión de estos fondos que había que abordar con el fin de aumentar su eficacia. Así, parece necesario revisar el desigual trato de los gastos del FEOGA-Garantía y de los fondos estructurales en cuanto a las restricciones impuestas por la doble distinción entre gastos obligatorios-gastos no obligatorios, y créditos de compromiso y de pago, así como fortalecer los criterios comunitarios frente a los nacionales para cuantificar las disparidades regionales que están en el origen de la intervención de dichos fondos.

Por último, si la Comunidad quiere aprovechar las ventajas derivadas del mercado interior, deberá afrontar la necesidad de mejorar las comunicaciones, tanto en su vertiente de infraestructuras como a las telecomunicaciones. Las disparidades regionales existentes distorsionan una mejor asignación de recursos, con lo cual se dificulta la conclusión de uno de los objetivos implícitos en cualquier proceso de liberalización.

La potenciación de las actividades de I+D y el redimensionamiento de las mismas parece un requisito imprescindible para hacer frente al reto tecnológico que tiene planteado la Comunidad. La realización del mercado interior es una ocasión única para rentabilizar estas operaciones de I+D.

Debe conseguirse un espacio único europeo en el que no sólo no existan barreras flisicas, sino tampoco económicas y sociales para sus ciudadanos. Pero difícilmiente podría ser entendido por los ciudadanos de este país que el desmantelamiento progresivo de las barreras se traduzca en una ampliación de las diferencias existentes entre regiones y personas en la CE. Ello exigirá un esfuerzo adicional para que todas las medidas de la reforma propuesta vayan impregnadas en el espíritu de mejorar la cohesión económica y social en la Comunidad.