Probable aprobación de la 'obediencia debida' de los militares en Argentina

La Cámara de los Diputados argentina se disponía a aprobar anoche las reformas que introdujo el Senado al proyecto que reglamenta la obediencia debida en las fuerzas armadas y a convertirlo en ley. Los diputados radicales habían asegurado, antes de la votación, que aprobarían el nuevo texto, de acuerdo al cual los jueces tendrán que interrumpir los procesos en marcha. Sólo continuarán las demandas contra aquellos oficiales superiores que ocuparon las jefaturas de las grandes unidades durante la guerra sucia entre 1976 y 1983.

Además de las dos primeras juntas militares de la dictadura, que ya han sido condenados y en la cárcel, los juicios iniciados llegarían a la sentencia en el caso de unos 10 acusados más. El vicepresidente argentino, Víctor Martínez, dio cuenta de que "más adelante" podría dictarse una amnistía, aunque no la precisó en el tiempo.Los jefes de Estado Mayor se han comprometido a respetar la ley, que contempla todos sus peticiones, aunque han declarado en discursos recientes que "no resignan la reinvidicación de la victoria en la guerra antisubversiva".

El Gobierno argentino teme ahora que llegue una escalada terrorista de la ultraderecha civil. El objetivo de los posibles atentados sería sembrar "inseguridad y miedo" en el ciudadano común.

El presidente, Raúl Alfonsín, recibió informes de la Central de Inteligencia del Estado, en los que se anticipa la nueva estrategia de los grupos que alentaron también la reacción de los militares. Ésta fue una de las "razones de Estado" que Alfonsín comunicó a los diputados que se negaban a aprobar las enmiendas del Senado al proyecto de ley, que amplió sus alcances a los oficiales superiores.

La policía corroboró ayer que entre el miércoles y el jueves se produjeron al menos cinco atentados. Tres automóviles fueron incendiados en Escobar, población situada a unos 40 kilórrietros al noroeste de Buenos Aires, a mitad de camino entre la Escuela de Infantería de Campo de Mayo -donde se amotinaron los comandos rebeldes durante la llamada crisis de Semana Santa- y el despacho del juez federal Alberto Piotti, encargado de procesar al teniente coronel Aldo Rico, cabeza visible del motín.

Pero, aún más grave habría sido la explosión de unos cinco kilos de trotyl al pie de una torre que sostiene cables de alta tensión, situada también en la zona de Escobar, que fue evitada media hora antes de que se produjera. La torre integra el sistema eléctrico más importante de los que abastecen Buenos Aires.

En el Congreso, los bomberos apagaron dos focos de incendios intencionales. Uno de ellos estalló en el despacho de la diputada María Cristina Guznián, y el otro en el comedor, cuando el pleno de los diputados estaba para aprobar el miércoles por la noche la ley de divorcio.

Después del atentado, que la semana pasada destrozó el subsuelo de un estacionamiento debajo de la plaza frente al edificio del Congreso, la policía recogió volantes firmados por los Montoneros, la organización guerrillera de la izquierda peronista. La investigación todavía no ha probado que sean auténticos y pertenezcan efectivamente a un grupo de ese origen.

Pero el Gobierno, que había rechazado hasta ahora la posibilidad de una reorganización guerrillera, ha sido informado de que pequeños grupos de montoneros están de nuevo en condiciones de iniciar operaciones terroristas.